(Clarín) – Por Gerardo Milman Ex diputado nacional (GEN). Director de la AFSCA, en representación de la oposición.
En una serie televisiva, un primer ministro danés compra con su tarjeta de crédito oficial un suntuoso bolso para su esposa. Paga por él unos 12 mil dólares a sabiendas de que tal transacción podría aparejarle problemas. Culposo ante sus asesores, confía en que la operación pasará desapercibida. Dos días antes de la elección, durante el debate televisivo de cierre de campaña, su más feroz contrincante exhibe una copia del cupón de compra acusándolo a viva voz de valerse de fondos estatales para usos particulares.
¿Cuál fue el resultado de la elección? La derrota estrepitosa de ambos y el triunfo sorpresivo de una tercera candidata en disputa que, hasta el momento, llevaba todas las de perder. La ciudadanía no toleró ni el acto de corrupción ni al denunciante con su artera jugada. ¿Argentina año verde? Lamentablemente, en nuestro país la corrupción está produciendo acostumbramiento, y ese acostumbramiento actúa como una anestesia general que favorece a los corruptos. La corrupción forma parte indisoluble de la matriz de poder kirchnerista y es por ello que los funcionarios oficialistas pretenden la eternidad del modelo y la impunidad ante la Justicia. En un país donde las estadísticas oficiales son adulteradas, resulta muy difícil estimar el costo de la corrupción, aún recurriendo a estimaciones hipotéticas o especulativas basadas sobre información de carácter público.
Para referirse a las coimas, el ingenio popular ha acuñado diversas palabras: “mordida”, “cometa”, “peaje”, “retorno” y “Diego”, son algunas de las más utilizadas. El “Diego” alude a un 10% del monto total de cualquier operación que “quedaría en el camino” que los delincuentes comparten.
Si aplicáramos ese porcentaje al monto total de los subsidios al transporte público, a la energía y a la inversión pública ejecutada en obras durante el período 2003-2014, la cifra “sustraída” alcanzaría a los 23.550 millones de dólares. Semejante cantidad puesta en circulación hubiera sido muy útil para acentuar el consumo, impulsar la producción, recaudar más por vía impositiva, generar fuentes genuinas de empleo, hacer más eficiente la labor del Estado y frenar la inflación.
Para erradicar a la corrupción hará falta poder para aumentar toda instancia de vigilancia y fiscalización cívica; reforzar los controles institucionales que han sido deliberadamente desarticulados; terminar con las redes que vinculan a la política con el narcotráfico, e impedir que los máximos responsables del desfalco consigan fueros o amparo judicial mediante la cooptación abierta o solapada de sectores de la Justicia. Que la corrupción encuentre un límite y comience a remitir depende de que la sociedad reaccione.
No queda otro camino que votar a gobernantes que reemplacen a quienes se han apoderado del Estado, y entiendan a su función como un servicio público ajeno al enriquecimiento personal y los negocios privados.