La diputada nacional del GEN, Virginia Linares, propone establecer por Ley un mecanismo de actualización periódica del seguro de desempleo. “Una de las funciones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil consiste en determinar periódicamente y mantener actualizados los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.
Sin embargo, la prestación se mantiene congelada desde abril de 2006, cuando se estableció un tope de $400 mensuales, habiendo sido aquella la primera y única vez que se ajustó desde que se aprobó en 1992, cuando la cifra era de $300”, informó la legisladora de Bahía Blanca, una de las ciudades con mayor tasa de desempleo del país.
“La falta de actualización del seguro de desempleo no es por falta de fondos: el sistema tiene superávit y se destina a otras áreas de la administración nacional”, denunció Linares, quien agregó: “Este beneficio se financia con un aporte patronal promedio cercano al 1% de los salarios, que se destina al Fondo Nacional del Empleo. En 2011, según los últimos datos oficiales que pudimos recabar, la falta de adecuación del monto y el ingreso creciente de recursos derivaron en un sobrante de casi $2.000 millones: los ingresos para el Fondo Nacional del Empleo fueron de $3.326 millones, de los cuales se destinaron solo $440 millones algo más de 100.000 personas cubiertas por el seguro de desempleo y otros $958 millones a beneficiarios de planes de empleo y capacitación que gestiona el Ministerio de Trabajo. Es decir que si se hubiera utilizado los fondos para su verdadero fin se podría haber pagado $2.000 mensuales a cada uno de los beneficiarios”.
“Considerando, como establece la referida Ley 24.013, que las prestaciones por desempleo deben guardar relación con los ingresos obtenidos previamente por los trabajadores, con el objetivo de que estas prestaciones deben permitir el sostén de los trabajadores desempleados y su grupo familiar, en nuestro Proyecto de Ley establecemos que todas las prestaciones por desempleo no sean menores al 90% del salario mínimo que establece el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Asimismo, equiparamos los derechos de los trabajadores agrarios, del servicio doméstico y de los trabajadores del sector público cuya relación laboral se encuadre en el Régimen de Contrato de Trabajo, que se encontraban excluídos del derecho a las prestaciones por desempleo”, finalizó Linares.