Categoría: Junta Ejecutiva Provincial

Mariotto impulsará una ley de ética pública provincial que obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada de bienes a funcionarios de los tres poderes del Estado. Copia las obligaciones que a nivel nacional tienen desde que llegó la Alianza. “Nos permitiría atacar los distintos nichos de corrupción”, advirtió.

El vicegobernador tomó un proyecto del senador Ricardo Vázquez, del GEN, la fuerza de Margarita Stolbizer, quien propone igualar las obligaciones de los funcionarios bonaerenses a las que tienen los nacionales desde 1999, con la llegada de la Alianza.

“Lo íbamos a impulsar desde el bloque y nos dimos cuenta de que ya estaba presentado por el senador Vázquez del GEN, un espacio político distante del nuestro, pero con el que compartimos un ideal”, justificó Mariotto su extraña alianza con la diputada opositora.

“Buscamos que haya más transparencia porque eso nos da más institucionalidad y nos permite atacar los distintos nichos de corrupción”, justificó.

El vicegobernador recibió hoy en su despacho al creador de la iniciativa, el titular de la bancada del GEN, Ricardo Vázquez; y su par del peronismo Cristina Fioramonti.

Mariotto no se encuentra en su mejor momento. Esta semana se sorprendió con el despido de la directora de Asuntos Jurídicos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y respondió con extraños elogios a Daniel Scioli.

El proyecto del GEN que impulsará el vicegobernador tiene estado parlamentario desde marzo de 2011 y se encuentra desde ese entonces en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.

La propuesta establece que todos los funcionarios o agentes de los tres poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo.

Y que la misma deberá ser actualizada una vez al año (actualmente rige el Decreto-Ley Nº 9624/80 que las estipula cada 5 años) para que se vuelva a presentar con las modificaciones que se hayan producido en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

El texto de la ley dispone incompatibilidades con la función pública para quienes “dirijan, administren, representen, patrocinen, asesoren o, de cualquier otra forma, presten servicios a quien gestione, tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste”.

El senador del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, impulsa la iniciativa que busca abrir el debate acerca del sentido ético que deberían tener los funcionarios públicos en la Provincia. El vice-gobernador Gabriel Mariotto mostró su compromiso para apoyar la iniciativa.

El senador Vázquez explicó que “cuando se habla de ética, hablamos de responsabilidad, imparcialidad, eficacia, respeto al ordenamiento y cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales acorde al Estado que representa”.

En 1999 se sancionó la ley 25.188 de Ética Pública en el orden nacional y en la Provincia el decreto-ley 9624/80, Sin embargo, Vázquez destacó que “creemos necesario contar con una nueva ley más cercana en el tiempo, gestada por esta democracia y cuyos postulados estén en consonancia con las normas locales, nacionales y los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte”.

La norma estipula deberes, prohibiciones e incompatibilidades que se aplican a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a los órganos denominados extra-poder y a los Municipios, estableciendo deberes y pautas de comportamiento ético, y estableciendo además un régimen particular de declaraciones juradas.

Finalmente Vázquez destacó “que un régimen de ética pública como se pretende intenta objetivar la moral de los funcionarios para que más allá de las propias convicciones existan pautas mínimas comunes que comprendan a todos sin excepción”.