LEY DE HÁBITAT


Desde el FAP piden que la cesión de tierras sea a los municipios y que no se limite a barrios cerrados. “No queremos que los municipios sean meros receptores de la demanda, sino quienes gestionen de las tierras destinadas a fines sociales”, explicó el senador Ricardo Vázquez.

El presidente del bloque de senadores del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, señaló el apoyo general a la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados porque “este es un proyecto que nuestro bloque viene impulsando desde el año 2008 –y fue rectificado en 2010 y 2012- y, paradójicamente el oficialismo jamás dio su apoyo para su tratamiento en comisión”.

Vázquez señaló “vamos a sostener los objetivos originales de nuestro proyecto, que fuera impulsado por el senador (MC) José Zingoni, centrando nuestra propuesta en que sean los municipios los receptores y administradores de las tierras cedidas” porque de esta manera “se genera equidad en la transformación de la tierra urbana y es una herramienta indispensable para la gestión municipal”.

Además, “creemos que la cesión obligatoria de tierras para fines sociales no debe ser sólo para los barrios cerrados ya que esto beneficiaría solo a algunos municipios del Gran Buenos Aires. Hay que legislar para toda la provincia para toda urbanización, sea cerrada o abierta”.

Por último, Vázquez pidió al gobernador y al FpV “compromiso para trabajar a favor de la gente en una problemática tan importante como es el uso social de la tierra y no al compás de la interna del propio oficialismo”.

SCIOLI DESCARGA EL AJUSTE SOBRE LOS TRABAJADORES

El Gobernador Daniel Scioli pretende descargar las consecuencias de su pésima gestión sobre los asalariados del Estado Provincial.

Agobiado por la crisis económica provincial, provocada por los desajustes de su gobierno y por su incapacidad para reclamar al Estado Nacional los fondos que legítimamente corresponden a nuestra Provincia, intenta afrontar el déficit reduciendo los ingresos de los trabajadores.

Como si no fuera suficiente con la degradación permanente de lo salarios producto de una inflación creciente nunca reconocida por la Presidenta Cristina Fernández, Scioli decide recortar los salarios de los empleados en la educación reduciendo viáticos y horas extras, acordados en la última negociación paritaria.

Ante el reclamo y la protesta de quienes se ven sensiblemente perjudicados por la decisión gubernamental, la respuesta es la de rodear la protesta con fuerzas de seguridad, tratando de intimidar con la amenaza de reprimir a quienes luchan por mantener sus ingresos y sus puestos de trabajo.

El FRENTE AMPLIO PROGRESISTA de la Provincia de Buenos Aires, manifiesta su más enérgico repudio ante la decisión gubernamental, reclama el cese de la provocación oficial hacia los trabajadores y responsabiliza al Gobernador y su equipo de Gobierno por cualquier hecho de violencia represiva que pudiera suceder.

Firman:
Horacio Alcuaz, Partido GEN
Ricardo Cuccovillo, Partido Socialista
Jorge Ceballos, Libres del Sur
Adolfo Aguirre, Unidad Popular
Juan Carlos Alderete, Partido del Trabajo y del Pueblo

UNA VEZ MÁS VUELVEN A LICITAR OBRAS PARA LA RUTA 6

Por Carlos Castilla Simois (25/09/12).

La llamada autopista de la Producción y el Trabajo fue anunciada y licitada en 1999 por el gobernador Duhalde, nunca se concluyó. Llevamos 13 años de administraciones del mismo color político, Duhalde, Ruckauf, Solá, Scioli.

Precisamente Scioli -el decalogista de las buenas intenciones-, en el acto de apertura de las ofertas, señaló que esta obra será “de las más trascendentes” de su gestión y consideró que “contribuirá al desarrollo productivo, eje prioritario del gobierno provincial y consolidará un nuevo anillo de circunvalación” al área metropolitana de la capital federal y el Conurbano bonaerense.

Casi calcadas las palabras que usaron todos los anteriores gobernantes para endulzarnos los oídos y robarnos tiempo, recursos y vidas humanas perdidas en múltiples accidentes.

Los bonaerenses no nos merecemos tener tan malas administraciones. Desde el GEN-FAP seguimos trabajando junto a Margarita Stolbizer para consolidar la firme alternativa de propuesta de gestión que entusiasme y enamore -ante la próxima elección- a los ciudadanos de nuestra provincia decididos a un rotundo cambio de rumbo.

Solidaridad con el ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero

El Partido GEN se solidarizó con el dirigente ferroviario Sobrero, que fuera cobardemente agredido, y su hija amenazada por quienes intentan evitar el avance de la propuesta de organización democrática contra el accionar corrupto de la burocracia sindical instalada en el gremio.

Ante la posibilidad de verse derrotados en el próximo proceso electoral para elegir autoridades ejecutivas y la composición de los Cuerpos de Delegados, apelan a los más bajos recursos para intentar amedrentar a los trabajadores y sus referentes.

La patota, acorralada judicialmente por el asesinato de Mariano Ferreyra, pretende perpetuarse en la conducción, tratando de impedir la participación del conjunto de los trabajadores violando la decisión mayoritaria que dice basta a las conductas mafiosas de sindicalistas, empresarios y funcionarios cómplices, responsables de un pésimo servicio que termino con la vida de 51 pasajeros en la Estación ONCE.

En representación de nuestro Partido, el Secretario Adjunto Horacio Alcuaz participó en la conferencia de prensa convocada para denunciar las amenazas sufridas por Sobrero y manifestó: “Las fuerzas progresistas de la Argentina debemos rodear y cuidar a cada uno de los trabajadores y sus dirigentes, denunciando los “aprietes” y poniendo en evidencia las conductas del oficialismo que recurre permanentemente a la criminalización de la protesta social. Se intenta así intimidar y chantajear a los luchadores sociales, tratando de acallar la creciente movilización contra la desigualdad, la corrupción y el saqueo permanente al que se nos somete desde el poder”.

Proyecto para conocer el patrimonio de los funcionarios

Mariotto impulsará una ley de ética pública provincial que obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada de bienes a funcionarios de los tres poderes del Estado. Copia las obligaciones que a nivel nacional tienen desde que llegó la Alianza. “Nos permitiría atacar los distintos nichos de corrupción”, advirtió.

El vicegobernador tomó un proyecto del senador Ricardo Vázquez, del GEN, la fuerza de Margarita Stolbizer, quien propone igualar las obligaciones de los funcionarios bonaerenses a las que tienen los nacionales desde 1999, con la llegada de la Alianza.

“Lo íbamos a impulsar desde el bloque y nos dimos cuenta de que ya estaba presentado por el senador Vázquez del GEN, un espacio político distante del nuestro, pero con el que compartimos un ideal”, justificó Mariotto su extraña alianza con la diputada opositora.

“Buscamos que haya más transparencia porque eso nos da más institucionalidad y nos permite atacar los distintos nichos de corrupción”, justificó.

El vicegobernador recibió hoy en su despacho al creador de la iniciativa, el titular de la bancada del GEN, Ricardo Vázquez; y su par del peronismo Cristina Fioramonti.

Mariotto no se encuentra en su mejor momento. Esta semana se sorprendió con el despido de la directora de Asuntos Jurídicos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y respondió con extraños elogios a Daniel Scioli.

El proyecto del GEN que impulsará el vicegobernador tiene estado parlamentario desde marzo de 2011 y se encuentra desde ese entonces en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.

La propuesta establece que todos los funcionarios o agentes de los tres poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo.

Y que la misma deberá ser actualizada una vez al año (actualmente rige el Decreto-Ley Nº 9624/80 que las estipula cada 5 años) para que se vuelva a presentar con las modificaciones que se hayan producido en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

El texto de la ley dispone incompatibilidades con la función pública para quienes “dirijan, administren, representen, patrocinen, asesoren o, de cualquier otra forma, presten servicios a quien gestione, tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste”.