LA INEPTITUD DEL GOBIERNO DE SCIOLI

Marcha Docente 19032014
Gerardo Milman

Gerardo Milman, quien preside el partido GEN de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó el manejo del Gobernador Scioli en el conflicto docente.

Milman manifestó que “el Gobernador armó una tormenta perfecta al no solucionar la paritaria de marzo de todos los años con los gremios docentes” y agregó “hay docentes con sueldos de miseria, niños que pierden días de escolaridad que nunca serán recuperados y padres que no saben qué hacer con sus hijos los días de huelga”.

Con respecto a la decisión tomada por el Gobernador de aumentar por decreto el salario de un sector los docentes, dijo: “el final de la negociación por decreto de un aumento que no resolverá el conflicto muestra la ineptitud del gobierno provincial para encarrilar la negociación que en otras provincias argentinas ya está resuelta”.

El responsable del GEN, que integra el Frente Amplio Progresista, aseguró que su fuerza está preparada para administrar la provincia más rica del país de manera segura y estable de cara al 2015, pero que esta impericia es adjudicable al actual gobierno.

DEROGACIÓN DEL MEMORÁNDUM CON IRÁN

Gerardo Milman

El ex Diputado Nacional del GEN-FAP y Director del AFSCA por la oposición, Gerardo Milman, le solicitó al arco político opositor que se trate en el Congreso de la Nación la derogación del memorándum con Irán.

Milman, quien presentó un proyecto para derogar el acuerdo, nunca firmado por Irán, sostuvo que “si la Presidenta admite el fracaso, que el oficialismo se saque la careta y termine con esta farsa destinada a intentar negocios, y no la verdad y justicia”.

LEY DE MEDIOS, ¿PUNTO FINAL?

Por GERARDO MILMAN para PERFIL – Director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) por la oposición.

Afsca

Esta semana, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobó el plan de adecuación propuesto por el Grupo Clarín, cerrando así un ciclo de confrontación nefasto tanto para el Gobierno como para el periodismo.

Durante los últimos cuatro años los argentinos asistimos a una suerte de guerra santa entre los supuestos representantes del establishment monopólico comunicacional y un gobierno dispuesto a fraccionarlo contra viento y marea. El saldo de esta contienda dejó herida a la credibilidad periodística, anémico al Gobierno y dividida a la sociedad en su carácter de víctima principal.

Desde que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de los artículos cuestionados por el grupo Clarín (41, 45, 48 y 161), las aguas se aquietaron, el multimedia cumplió presentando en tiempo y forma su propuesta de adecuación voluntaria y el Gobierno comenzó a intentar “readecuarse” frente al nuevo cuadro de situación que aparejó el resultado de las elecciones.

Desde el fallo del máximo tribunal, que sobrevino dos días después de la derrota del 27 de octubre, el Gobierno viró sin escalas del ansia destripadora hacia una notable y extraña calma. Las preguntas que frente a esto podría hacerse cualquier ciudadano medianamente interesado en el tema son básicamente tres: ¿Qué pasó al final? ¿Ganó alguien o el asunto terminó empatado? ¿Y a mí en qué me afecta todo esto?

La respuesta la irán dando los hechos consumados aunque ya empieza advertirse con claridad la búsqueda de un nuevo adversario mediático por parte del Gobierno (la mira se ha posado ahora sobre La Nación) tanto como su afán por favorecer a Cristóbal López como potencial comprador en el caso de que Telefónica de España deba desprenderse de Telefé.

De ningún otro modo puede interpretarse la insistencia del oficialismo en no incluir en las últimas reuniones del directorio de Afsca al plan de adecuación presentado por Telefónica y el Grupo Prisa. Su exclusión no obedece a impedimento o falla técnica alguna en el plan de adecuación sino más bien a la evidente, y ya inocultable ambición gubernamental, de incorporar a Telefé al conglomerado de medios oficiosos que ha ido formando.

Lo cierto, hasta el momento, es que el Gobierno ha destinado una energía política impresionante de manera ineficaz, políticamente contraproducente y socialmente gravosa.

Desde la perspectiva del ciudadano común el oficialismo no ha hecho más que enfrascarse en asuntos insustanciales o de afectación tangencial, quitándole el foco a aquellas cuestiones vivenciadas como más centrales y urgentes.

La búsqueda desesperada por apoderarse de vehículos que difundan su gesta ha terminado por inflacionar el relato haciéndole perder sustento y valor. Por eso, el problema comunicacional del Gobierno ya no pasa centralmente por razones ligadas al control de medios sino por la caída de su credibilidad. El relato no “vende”, se ha depreciado.

En definitiva: esta disputa le ha hecho mal al Gobierno, al periodismo y a la ciudadanía. Todos deberíamos aprender la lección: cuando cualquier Gobierno intenta hacer pasar lo irreal por real, perdemos todos. Cuando el periodismo deja la objetividad de lado para transformarse en tribuna opositora o militante, perdemos todos. Cuando semejante esfuerzo es puesto al servicio de la depredación económica, la concentración del poder y el armado de una red discursiva genuflexa, en vez de enfocarse en asuntos constructivos de verdadero interés social, los gobiernos pasan con más pena que gloria mientras se degrada la condición institucional, funcional y estructural del país.

Una de las pruebas más consistentes de que el “relato” ya casi no convence ni a los propios, es que este 17F no se vieron afiches alusivos, ni el Gobierno organizó recitales y ni siquiera sus militantes salieron a las calles a manifestar su alegría ante lo que, hasta hace muy poco, era considerado un objetivo estratégico y revolucionario fundamental.

¿En qué le ha afectado a la ciudadanía la batalla por la Ley de Medios? Los resultados están a la vista: un triunfo a lo Pirro de la mano de un deterioro generalizado; un esfuerzo estatal monumental para que parezca que todo ha cambiado cuando, en realidad, lo que cambia es para igual o peor. Ambos “bandos” seguirán haciendo de las suyas con más heridas sobre sus espaldas, generando quizás algunos límites de convivencia sin que la famosa Ley de medios les cambie dramáticamente la vida cotidiana a los argentinos.

REPUDIÓ POR PENAS A PERIODISTAS QUE PREVÉ EL NUEVO CÓDIGO PENAL

Gerardo Milman

El director del Afsca, Gerardo Milman, salió al cruce de los artículos proyecto del código penal que prevén penas de hasta 3 años de prisión para quienes publiquen “papeles privadas” realicen cámaras ocultas.

Milman manifestó que “de confirmarse las versiones, sería un retroceso fenomenal al incorporar la figura penal”.

“El gobierno es proclive a utilizar cualquier camino para silenciar o detener un futuro cargado de funcionarios o empresarios amigos que estén complicados bajo la sospecha de haber cometido algún delito. Están buscando la impunidad como salvavidas de fin de época”, finalizó.

Tal como adelantó LPO, el proyecto que estuvo trabajando la comisión de reforma del Código estipula en el inciso 1 del artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, multa de 10 a 150 días e inhabilitación de 1 a 4 años el que, hallándose en posesión de un instrumento, registro o contenidos a que se refieren los artículos precedentes, lo comunicare, publicare o lo hiciere publicar, indebidamente”.

Los “artículos precedentes” a los que hace referencia ese inciso son el 119 y 120, de Violación de Comunicaciones y Violación de Privacidad, respectivamente.

El 119 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 150 días” quien “abriere o accediere indebidamente una comunicación electrónica, telefónica, una carta, un pliego cerrado, un papel privado, un despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, que no le estuviere dirigido”; “se apoderare indebidamente de alguno de ellos, aunque no estuviere cerrado”; “lo suprimiere o desviare de su destino, cuando no le estuviere dirigido” o “interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido”.

Fueron justamente los “papeles privados” a los que accedió el periodismo en los últimos años los que motivaron las investigaciones que desembocaron en denuncias penales sobre el vicepresidente Amado Boudou, por la quiebra de la ex Ciccone o sobre Lázaro Báez, el empresario amigo de los Kirchner, por lavado de dinero.

En tanto que el artículo 120 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de diez a ciento cincuenta días, el que vulnerare la privacidad de otro, mediante la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen, o se hiciere de registros no destinados a la publicidad”.

Es decir, que el periodista que utilice una cámara oculta para realizar una investigación, irá a la cárcel.

El inciso 2 de ese mismo artículo establece que “el que incurriere en cualquiera de los delitos del presente artículo o del anterior (el 119), abusando de su oficio o profesión, o de su condición de funcionario público, será reprimido con prisión de 1 a 4 años.

REFORMA CÓDIGO PENAL

Codigo Penal

“INCORPORAR LA FIGURA PENAL CONTRA LOS PERIODISTAS POR HACER SU TRABAJO, SERÍA UN RETROCESO”.

El Director del Afsca por la oposición, Gerardo Milman, hizo declaraciones luego de que trascendiera parte del contenido del nuevo Código Penal que le presentó la semana pasada la Comisión de reforma, integrada por el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, a la Presidenta de la Nación.

El mismo, según trascendidos estipula y prevé distintas penas, como el caso de hasta 3 años de prisión para quienes publiquen “papeles privados”, como para el periodista que use como herramienta de investigación una cámara oculta.

Al respecto, Milman manifestó que “de confirmarse las versiones, sería un retroceso fenomenal al incorporar la figura penal”.

“El gobierno es proclive a utilizar cualquier camino para silenciar o detener un futuro cargado de funcionarios o empresarios amigos que estén complicados bajo la sospecha de haber cometido algún delito. Están buscando la impunidad como salvavidas de fin de época”, finalizó.