LA NACIÓN (02/12/14) – Por Gerardo Milman | Presidente del Partido GEN de la provincia de Buenos Aires y director de la Afsca por la oposición.
Se cierra el cerco sobre la Presidenta. Hasta hace poco todo giraba en torno a Lázaro Báez como si éste hubiera nacido de un repollo. Ahora las conexiones se van transformando en pruebas judiciales cada vez más rotundas que seguramente pondrán en serios problemas a la Presidenta. Por eso, no sería de extrañar que busque pactar su impunidad condicionando, en todo lo posible, al futuro gobierno o que intente recurrir al viejo truco de obtener una banca que le garantice inmunidad parlamentaria. Es más: la semana próxima, el Congreso de la Nación comenzará a tratar el dictamen que, ¡oh casualidad!, le permitiría a la Presidenta encabezar la boleta del Frente para la Victoria por encima de su candidato a presidente, como representante de la Argentina ante el Mercosur.
Como respuesta política a las investigaciones que pesan sobre la Presidenta, se han sumado a las denuncias realizadas contra el juez Bonadio las inaceptables presiones del secretario de Justicia, Julián Álvarez, para apartar al magistrado. La acción de este funcionario, designado por la titular del Poder Ejecutivo, viola el Art. 109 de la Constitución Nacional que manifiesta que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer fenecidas”. Álvarez, además de secretario de Justicia es representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura, lo que lo convierte en juez y parte en la causa que salpica a su jefa. Debería ser separado de su cargo y afrontar un juicio por ejercer presiones a todas luces destituyentes.
En 2015, los argentinos tenemos el deber cívico y ético de terminar con esta política de la impunidad y el reciclaje, con esta forma de valerse del poder para burlarse de todos.
Ahora que jueces y fiscales parecen estar decididos a investigar, frente a hechos ya indisimulables, el Gobierno no ha tenido mejor idea que recurrir a la cadena de medios oficial para defender lo indefendible. No dudan en echar mano al aparato mediático que han construido para atacar a la Justicia y a la oposición. ¿Por qué? Simplemente por hacer el trabajo que les corresponde. ¿O pretende la señora Presidenta que legisladores y jueces se hagan los distraídos cuando una empresa estatal como Aerolíneas Argentinas hace negocios llenando ficticiamente hoteles que son propiedad privada de la señora Kirchner?
El nivel de corrupción y de manejo discrecional de las agencias de noticias propias o “paraoficialistas” es escandaloso. Tan escandaloso como el nivel de corrupción que ha desbordado todas las estructuras del corazón del poder. Si la corruptela menemista consistía en una suerte de comisionismo sistemático por gestionar o favorecer privatizaciones a grupos extranjeros, la versión kirchnerista la ha superado. Ya no estamos frente a comisionistas, sino frente a apropiadores; gobernantes que toman lo público como bien propio, funden al país por la vía inflacionaria y, además, amplían monopolios extranjeros.
El caso Hotesur SA, potenciado por los contratos con nuestra pésimamente gestionada y deficitaria línea de bandera, vuelve absolutamente imposible de disimular este círculo vicioso de malversación, lavado e incumplimiento de los deberes de los funcionarios más encumbrados. Una mano lava a la otra y las dos juntas se lavan la cara mientras nos llenan los ojos de jabón.
Es de esperar que la Justicia siga investigando, descubra todas las ligazones, desarme la trama mafiosa de la que se alimenta el poder y que la ciudadanía pueda dar libremente su veredicto en las urnas el año próximo. Separar la función pública de los negocios privados de los gobernantes es una deuda pendiente que en 2015 saldaremos todos los argentinos sancionando una ley de fideicomiso ciego y juzgando a los corruptos. No me extrañaría que la Presidenta termine siendo procesada o busque un exilio de inmunidad en el Mercosur.
