“El Caso Odebrecht y el pago de sobornos en Argentina sigue aportando nuevos elementos para que la justicia de nuestro país active las investigaciones sobre responsabilidades penales de los funcionarios que actuaron en la adjudicación de la obra y también respecto de los empresarios locales, incluyendo al primo del Presidente Macri. Y por eso mismo, y una vez más, el gobierno debe extremar el cuidado en la transparencia de sus actuaciones tanto en la adjudicación de las obras públicas, como en el tratamiento de negocios que realizan los parientes del Presidente.”
El diario Perfil da cuenta de una publicación de un medio de Sao Paulo, Brasil, que compromete a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri, como involucrada en el pago de coimas por la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Tal como surge de dicha publicación, la investigación en Brasil ha dejado al descubierto que un representante de la mencionada firma mantuvo reuniones para intermediar en el pago de las coimas.
“En diciembre, y con motivo del informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el proceso de delación premiada que informó sobre el pago de u$s 35 millones pagados en Argentina, hice una presentación ante el Fiscal Stornelli para activar una investigación local sobre las responsabilidades que, en apariencia, habrían caído en funcionarios del gobierno anterior. Pero también de ese informe surgía que la estructura operativa de Odebrecht tenía organizados mecanismos de pago de sobornos a través de la figura de intermediarios. Y también apareció como sospechoso que Iecsa hubiera cedido el liderazgo para la ejecución de la obra, en la empresa brasilera. Ahora, con esta información, es necesario ampliar el objeto procesal y eso es lo que estaré pidiendo al fiscal.”
“La información fue obtenida por la Policía Federal de Brasil a través de comunicaciones internas y personales de las personas involucradas. Si bien el caso Odebrecht aún se encuentra pendiente de la divulgación de todos los involucrados y que se haría a mitad de este año, es urgente que la justicia local pueda avanzar en la búsqueda de los elementos que permitan determinar si se han cometido delitos y quienes son los responsables. Por esa misma razón, también incluyo una sugerencia para que se soliciten al Poder Ejecutivo todas las evaluaciones realizadas en torno a la mencionada obra.”
“En este sentido, también solicitaremos informes al Poder Ejecutivo sobre las decisiones tomadas por el actual gobierno, teniendo en cuenta las denuncias oportunamente hechas por muchos funcionarios del gobierno del Presidente Macri, respecto de los sobreprecios encontrados en compras y adjudicaciones de obras. La obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, tantas veces anunciada por el gobierno anterior, fue licitada y adjudicada por el dúo Kirchner-Jaime en el 2007, en su apogeo político y delictual. La adjudicación final fue con el decreto 151/08 de la Presidenta Cristina Fernández, pero la negociación ya la habían hecho los anteriores. La ganadora de la licitación había sido Iecsa/Odebrecht. En el presupuesto 2008 se presupuestó por unos $ 10.000 millones (equivalente a u$s 3,000 millones). El financiamiento lo conseguía la empresa brasilera pero todo quedó parado cuando tu titular terminó preso por la investigación de su país. En el DNU 797/16 la obra aparece presupuestada por un valor similar en dólares: $ 45.000 millones, o sea u$s 3.000 millones. La pregunta sería, por qué, a diferencia de lo que se hizo con otras obras no se haya decidido una nueva licitación? Había demasiados antecedentes de sospechosa legalidad, Kirchner/Jaime, y el primo del presidente como adjudicatario de la obra. Otras obras con licitaciones sospechosas y sobreprecios fueron licitadas nuevamente y se logró mejorar la competencia y bajar costos. Es necesario que respondan por qué no se hizo con esta obra y brinden públicamente toda la información referida a las evaluaciones realizadas y las decisiones tomadas.”
La diputada Margarita Stolbizer expresó que es un desafío y una oportunidad para el Congreso, sancionar las leyes necesarias para evitar nuevos conflictos. “HOY UN FUNCIONARIO, EN LUGAR DE UN ESCRITO DETALLADADO DE SUS BIENES, PRESENTA CON SUERTE, INFORMACIÒN COMO PARA UN TWEET DE 140 CARACTERES”
La diputada Margarita Stolbizer expresó que para bajar el nivel de litigiosidad hay que mejorar las condiciones en general y especialmente de seguridad de los trabajadores. No se puede bajar la cantidad de juicios sin bajar los siniestros.