Margarita Stolbizer en DESDE EL LLANO 07 /11 /16
La diputada Margarita Stolbizer expresó que el voto negativo del Interbloque Progresista se fundamenta en que aun con los cambios de último momento, este régimen que busca establecer un sistema de financiamiento para las grandes obras de infraestructura solo garantiza el negocio a las grandes empresas.
“Argentina necesita un plan nacional e integral de desarrollo que incluya una perspectiva estratégica vinculada con el mediano plazo y también con nuestras capacidades y realidades productivas, necesidades y recursos”.
“Retomar las políticas de privatizaciones de la década del 90 habla claramente del fracaso, porque una vez más el interés privado y la garantía de rentabilidad de los grandes grupos económicos se imponen al interés general y al de los sectores populares”.
“El proyecto parte de la aceptación de la incapacidad del Estado para contratar, y entonces es así como se decide privatizar. No se puede volver al “Estado bobo” de los 90, porque eso genera costos sociales y genera pobreza y exclusión”, expresó la diputada.
Grandes obras, solo para grandes empresas
Por ejemplo, si se quisieran construir 100 mil viviendas, una opción sería que el Estado hiciera 100 licitaciones de 1.000 viviendas cada una, repartiendo entonces el trabajo, descentralizando la operatoria, con menos requisitos de acceso para que muchos más pudieran llevar adelante este tipo de obras e ingresar en el sistema. En este caso sería mucho más probable que participen empresas pequeñas, aquellas que hoy sostienen el empleo formal y protegido.
En cambio, la otra opción ?que es la que defiende y promueve esta iniciativa? garantiza que uno solo pueda construir las 100 mil viviendas. El costo final incluso podría ser el mismo, pero en el primer caso el Estado puede descentralizar la ejecución, priorizar la participación de empresas provinciales o locales y dar participación a más cantidad de mano de obra dentro de determinado sistema de construcción.
Privatización del derecho público
Además este proyecto transita en una vía opuesta a las reformas que se introdujeron en el último tiempo al Código Civil y Comercial. Se trataba de normas que habían implicado un avance notable en la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué rumbo tomamos con esto? Salimos de la constitucionalización del derecho privado para ir a la privatización del derecho público. Eso es lo que estamos haciendo, porque no solamente se privatiza el sistema de contratación del Estado sino que también estamos privatizando el acceso a las normas y al derecho.
Esta norma viola el principio de igualdad de todos ante la ley, instituyendo una cantidad de excepcionalidades que son incompatibles con los cambios que el nuevo gobierno ha anunciado. Si las mujeres que buscan actualizar una cuota alimentaria que quedó aplastada por la inflación tienen prohibida la indexación, no se les puede facilitar a los grandes empresarios cobrar sus créditos indexados. Si hay que reformar las leyes que sean para todos y especialmente deberían incluir a los más débiles y no a los más poderosos.
Hay otra cuestión que es tan grave como esta. Todo el mundo sabe que en la Argentina nadie puede cobrar sus créditos si no es a moneda nacional. Los que tienen contrataciones a precio dólar solamente pueden hacerlo con moneda nacional a la cotización oficial. Sin embargo, este proyecto otra vez establece una norma de excepcionalidad para las empresas que contraten por este sistema: ellas sí van a poder cobrar contante y sonante los billetitos verdes. Quiere decir que otra vez nos encontramos frente a la discrecionalidad y la desigualdad consagrada en una ley sancionada por el propio Congreso de la Nación.
Hay que discutir un proyecto de país, restituyendo el imperio de la Constitución, las normas y las instituciones como reglas que amparen la igualdad en derechos a todas las personas.
La diputada Margarita Stolbizer presentó el libro “Yo acuso” hoy en Bahía Blanca. Por la mañana brindó una conferencia de prensa en el hotel Austral,junto al senador Jaime Linares y el diputado MC, Omar Duclos. Luego visitó la Cooperativa Obrera, encabezó una reunión partidaria y en la Universidad Nacional del SUR, presentó el libro sobre el final de la tarde.
Stolbizer expresó “No hay persecución, hay investigación. La señora de Kirchner debería responder las preguntas de los fiscales. Le robaron a los más pobres”’.

La Diputada obtuvo un fallo a su favor de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, luego de las negativas del gobierno anterior y la apelación del actual gobierno tras el pedido de acceso a la Información Pública.
30 de octubre. Durante el gobierno Kirchnerista la diputada Margarita Stolbizer solicitó informes al Sintys. En aquel momento se le denegó la información y fue por ello que presentó un amparo. Hace unos meses ganó la acción en primera instancia para que el Sintys entregue la información requerida. Sin embargo, el actual gobierno apeló la decisión judicial. Y ahora Stolbizer obtuvo el fallo a favor de la Cámara. Esto permitirá que se pueda acceder a la información que posea en su base de datos con relación a las siguientes personas jurídicas: Los Sauces SA, Hotesur SA, Valle Mitre SRL e IDEA SA. Se trata de empresas de la Kirchner que fueron administradas o tuvieron relaciones comerciales y societarias con Lázaro Báez, su familia y empresas.
Stolbizer señaló que “las causas que impulsamos para que se investigue la corrupción durante el kirchnerismo necesitan que desde el Estado se colabore brindando los datos que permitan clarificar los hechos” y agregó “algunas áreas están colaborando, pero otras no. En el caso de Vialidad Nacional, gracias a una auditoría que realizó sobre la obra pública en Santa Cruz, fue posible probar que existió un grado notable de concentración de obras en un único grupo de empresas, tales como Austral construcciones de Lázaro Báez, que además incumplió con los plazos de ejecución y todavía hoy muchas de las obras adjudicadas no fueron realizadas. Lo mismo tiene que pasar con las distintas áreas de gobierno, deben abrir y transparentar la información para que conozcamos cómo funcionó la relación entre el Estado y el manejo de los fondos públicos.”
El fallo de la Cámara ha expresado textualmente que: “la información peticionada por la actora se presume de carácter público. Y, por lo tanto, no existe base para afirmar, sin sustento ni apoyatura argumental algunos, que la información solicitada reviste el carácter de privada, como lo hace el organismo demandado.
…que los datos solicitados por la diputada nacional Margarita Stolbizer al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social mediante la nota cuya copia obraba a fs. 9, no podían ser consideraros como “sensibles”. Puntualizó, asimismo, la evidente finalidad de interés público que perseguía la obtención de los datos requeridos, por las razones apuntadas por el Sr. fiscal federal en su dictamen de fs. 59/64vta. –es decir, que la información requerida se encontraba relacionada con sociedades comerciales involucradas en la comisión de presuntos delitos objeto actualmente de investigación penal-. Recalcó, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por el art. 8º del anexo VIII del decreto 1172/2003, se presumía pública toda la información producida u obtenida por o para los sujetos mencionados en el artículo 2º (organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcionara bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional). En tales condiciones, concluyó la viabilidad de la acción incoada”.
Qué es el SINTyS?
El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, funciona en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de la Presidencia de la Nación. A través del Decreto 812/98 se crea el SINTyS en el marco de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, con el transcurrir del tiempo su marco normativo fue modificándose. En el año 2000 la Ley 25.345 ratifica la creación del SINTyS y establece los primeros organismos que deben integrar su información al sistema, luego en el año 2001 la Ley 25.400 fija el compromiso de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al SINTyS. En el año 2002 el Decreto 357 transfiere el proyecto SINTyS al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. En el año 2007, a través del Decreto Nº 78/07 se crea la Dirección Nacional SINTyS dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ámbito al cual actualmente p
INFORMACIÓN DISPONIBLE: Domicilios; Fallecidos; Relaciones Familiares; Activos (Dependientes e Independientes); Pasivos (Jubilaciones, Retiros, Pensiones Contributivas y Pensiones No Contributivas) Seguro de Desempleo; Programas Sociales; Cobertura de Salud (Obras Sociales, Seguros de Salud y Programas de Salud); Educación (Alumnos, Becas de Estudio y Becas de Investigación); Vivienda Social; Bienes Registrables (Automotores, Inmuebles, Embarcaciones, Aeronaves); Personas Jurídicas; Deudores Financieros; Tributos; Servicios Públicos (Usuarios y Subsidios).