Categoría: Virginia Linares

Virginia Linares, diputada por el GEN-FAP, propone la eximición del IVA para las compras realizadas por jubilados y pensionados, y eximir el pago del impuesto a las ganancias para el aguinaldo de junio, a aquellos trabajadores que cobren hasta un sueldo bruto mensual de $ 25.000.

La legisladora del GEN-FAP manifestó que “los anuncios realizados por la Presidenta son importantes en lo que respecta a la Asignación Universal por Hijo (AUH), como así también el tope de las asignaciones familiares y otras medidas que apuntan a la protección social; sin embargo es necesario brindar políticas públicas destinadas a otros sectores vulnerables como son los trabajadores y los jubilados y pensionados”.

Asimismo Linares sostuvo, “hemos presentado en el Congreso dos iniciativas, una a través de la cual le solicitamos a la Presidenta que proceda a la devolución del IVA para las compras que realicen los jubilados y pensionados con sus tarjetas de débito.

Entendemos que esta es una medida con criterio de justicia social y que apunta a sostener a un sector sumamente vulnerable, sobretodo el de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo fijado por el gobierno”.

Por otra parte, la diputada bahiense se refirió a la otra iniciativa y declaró, “consideramos necesario eximir del pago del Impuesto a las Ganancias para el aguinaldo de junio a aquellos trabajadores que cobren hasta un sueldo bruto mensual de $ 25.000.

Entendemos que la Presidenta debe atender este reclamo, que no solo se está realizando desde nuestro bloque, sino también desde diversos sectores sindicales y cuyo principal objetivo es el de proteger los ingresos de aquellos trabajadores que ven reducido su sueldo a causa de la inflación y que podrían destinar este ingreso a consumo y/o bienestar personal y/o familiar”, concluyó la legisladora perteneciente al partido liderado por Margarita Stolbizer.

Virginia Linares, diputada por el GEN-FAP repudió y condenó la brutal represión realizada por efectivos de la policía chaqueña en la localidad de Juan José Castilli, donde Florentín Díaz, integrante de la comunidad QOM Curushy resultó muerto.

“No hay dudas de que el operativo tuvo aval político y fue organizado por las autoridades provinciales” expresó Linares, en referencia a la intervención de la policía chaqueña en el corte de la ruta 95 en la localidad de Juan José Castelli.

“Un nuevo ataque se suma al historial de episodios que vienen sufriendo sistemáticamente los pueblos aborígenes en nuestro país, quienes son perseguidos por el reclamo territorial, por el derecho de luchar. Esto se enmarca en la falta de relevamiento territorial exigido por la Ley Nº 26106 promulgada en el año 2006, y prorrogada el año 2009. Este relevamiento se vence en noviembre de este año y cuenta con aproximadamente un 20 % de la totalidad del territorio aborigen relevado. A este desinterés por parte del gobierno nacional, a lo que no son ajenos los provinciales, se suma el valor económico que se ha producido en los últimos años de la tierra, dónde la sojización y la deforestación, se supone, han sido los ejes principales para no cumplir con la ley vigente hace más de 6 años”.

“El ataque a los integrantes de la comunidad qom no es un simple hecho aislado, sino por el contario estamos ante la planificación de acciones de violencia directa con el solo fin de acallar sus reclamos. Son estas demandas las que dejan en evidencia a un gobierno nacional y a los gobiernos provinciales la falta de voluntad política para dar respuesta a los conflictos territoriales y garantizar el derecho a la tierra de los pueblos aborígenes en nuestro país”, concluyó la legisladora.

Participaron del encuentro la diputada nacional Virginia Linares (GEN-FAP), Alicia Ciciliani (Socialismo-FAP), Victoria Donda y Humberto Tumini (Libres del Sur-FAP), Ricardo Alfonsín (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), así como Cristina Calvo (GEN-FAP) y María Elena Barbagelatta (Socialismo-FAP)

Los dirigentes se reunieron con monseñor Jorge Eduardo Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de Gualeguaychú, Lía Zervino, representante de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, y Pbro. Adalberto Odstricil, secretario de la CEPAS, con el objetivo de interiorizarse de la situación que está viviendo la comunidad Qom La Primavera de Formosa y consensuar acciones conjuntas.

Allí se denunció el permanente hostigamiento y agresiones sufridos por la comunidad en el marco de una fuerte inseguridad y ausencia del Estado; el reclamo por la devolución de sus tierras; la carencia de asistencia sanitaria agravada por la falta de un intérprete que ayude en la comunicación; y la falta de documentación de identidad, lo cual, además de no ser considerados ciudadanos, les impide recibir los beneficios universales fijados por los distintos niveles de gobierno.

Posteriormente al encuentro Monseñor Lozano sostuvo en rueda de prensa que “uno de los problemas más acuciantes para resolver es la extrema pobreza en la que viven estas comunidades aborígenes. El precio creciente de la tierra, el relevamiento demorado de las mismas, la marginación, el racismo y los prejuicios, la exclusión y la violencia son las grandes temas pendientes”.

“La comunidad Qom La Primavera viene padeciendo hace años y de manera sistemática situaciones de extrema violencia, que han llegado en muchos casos a la muerte, persecuciones, hostigamiento y discriminación por parte de poderosos empresarios de la tierra y sus cómplices en las fuerzas de seguridad, el poder judicial, y el gobierno provincial. A esto se suma una preocupante desatención estatal, sobre todo en lo referido a la asistencia sanitaria y acceso a la salud. Esta situación es responsabilidad absoluta del gobierno de Gildo Insfrán, así como del gobierno nacional que sostiene un vergonzoso silencio cómplice frente a esta situación”, aseguró la diputada Virginia Linares.

En relación al caso concreto de la falta de documentación Linares informó que “se pedirá al ministro Randazzo que envíe móviles que lleguen hasta las distintas comunidades indocumentadas para que de inmediato se solucione al menos la regularización de la identidad”.

“El tratamiento de esta ley debe formar parte de la agenda urgente de la Cámara de Diputados o vamos a pensar que el Ministerio de Salud no la quiere implementar” expresó la Diputada Virginia Linares (GEN/FAP).

“Luego de un año de la media sanción aprobada por unanimidad en Diputados, el Senado trató el proyecto introduciéndole modificaciones al texto, por lo cual debe volver a la Cámara Baja para un nuevo debate. Estamos ante una situación generada, nada más y nada menos que para dilatar la sanción de esta ley”, declaró la legisladora del GEN en el FAP.

Y agregó: “Una Ley nacional de fertilización asistida es una demanda de la sociedad que viene desde hace muchos años. Actualmente entre un 10 y un 15 % de parejas en la República Argentina no pueden acceder a estos métodos por no contar con los recursos económicos necesarios para ello”.

“Nuevamente estamos frente a una situación de falta de voluntad política. Es importante garantizar el derecho al acceso igualitario y la cobertura a todos los individuos y parejas en la argentina, sin discriminación ni exclusión por su orientación sexual o su estado civil, a los procedimientos y técnicas de fertilización asistida de baja y alta complejidad”, sostuvo Linares.

“Es por esto que vamos a insistir en la inmediata sanción de la iniciativa aprobada en Diputados. Esta ley es una deuda que tiene el Congreso Nacional y que no admite más demoras”, finalizó la legisladora.

Luego de cinco días se levantó el paro de micros de larga distancia dispuesto por la UTA la diputada Nacional del GEN-FAP Virginia Linares, integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara baja, sostuvo que “esta situación puso en evidencia la absoluta desprotección en que se encuentra el usuario del transporte en la Argentina.

El Estado, que es quien debía resolver con urgencia la situación de emergencia sanitaria, social y laboral en que se encontraban miles de usuarios que se quedaron días sin poder viajar, ha demostrado su incapacidad para dar una respuesta adecuada”.

“Lo que sucedió –prosiguió Linares- debe hacernos reflexionar y tomar acciones enérgicas y urgentes para revertir la ausencia de un sistema de transporte integrado en nuestro país. El transporte de larga distancia resulta inaccesible para los sectores populares por los elevados costos, y el sistema ferroviario, como natural reemplazante, se encuentra completamente desguazado y entregado a los intereses privados, y los pocos que funcionan no pueden cubrir la demanda”.

Sobre este último aspecto, la legisladora oriunda de la ciudad de Bahía Blanca presentó recientemente un Proyecto de Ley que, de ser sancionado, “fijaría por consenso como Política de Estado el desarrollo de todas las acciones necesarias para lograr una mayor participación del modo ferroviario en el transporte de personas y de cargas en todo el territorio nacional”.

El mismo establece que se efectivice la “rehabilitación y modernización integral del transporte interurbano de media y larga distancia de personas por ferrocarril, con los siguientes trayectos: Jujuy – Salta – Tucumán – La Banda – Rosario – Buenos Aires; Santa Fe – Rosario – Buenos Aires; Córdoba – Villa María – Rosario – Buenos Aires; Posadas – Paso de los Libres- Concordia- Buenos Aires; San Juan – Mendoza – San Luis – Buenos Aires; Santa Rosa – Buenos Aires; Zapala – Neuquén – Bahía Blanca – Buenos Aires; San Carlos de Bariloche – San Antonio Oeste – Carmen de Patagones – Bahía Blanca -Buenos Aires; y Miramar – Mar del Plata – Buenos Aires”.

“El proyecto contempla que la rehabilitación respete condiciones óptimas de regularidad, frecuencia, seguridad, horarios, tiempo de viaje, precio y confort suficientes, con el objeto de satisfacer la demanda que se genere como consecuencia de la rehabilitación dispuesta y generar una complementación entre los distintos modos y medios de transporte”, sostuvo Virginia Linares.