Categoría: Jorge Leonardo Santiago

La iniciativa fue presentada por el Diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), y obliga a las empresas de telefonía móvil que operan en territorio bonaerense, a que “sólo puedan vender celulares liberados, compatibles con cualquier circuito integrado”.

Los usuarios dejarán de estar cautivos a la oferta de marca o modelo de la compañía con la que operan.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), al igual que otras entidades, vienen sosteniendo desde hace años que “existe un vacío legal que les permite a las compañías telefónicas tener un cuadro tarifario no regulado, que va en constante aumento, sumado a que las inversiones que realizan estas empresas no se ven reflejadas en las prestaciones”. Esta afirmación, que padecemos y conocemos los ciudadanos bonaerenses cotidianamente y con creces, fue tomada por el legislador Jorge Santiago para elaborar un proyecto que regule a la telefonía móvil.

Se trata de un proyecto de Declaración dirigido al P.E. provincial, para que lo eleve al P.E. Nacional y su vez a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, y se instrumenten “las medidas necesarias para que las empresas de telefonía móvil sólo puedan vender celulares liberados, compatibles con cualquier circuito integrado, conocido como chip, de todas las compañías que operan en la Provincia de Buenos Aires”.

El uso de la telefonía celular se ha convertido en una herramienta de la vida cotidiana y laboral de los argentinos, indiscutiblemente. “La Argentina -señala el escrito parlamentario- es uno de los países en donde la cantidad de teléfonos celulares es muy superior con relación al número de habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), hay 62,5 millones de líneas móviles”.

Además de reconocer que en distintos ámbitos sociales el celular “es necesario e imprescindible”, Santiago aclara que la telefonía móvil “no ha sido declarada servicio público por el Congreso de la Nación, siendo solo un contrato privado, a diferencia de la telefonía fija que, con 9 millones de líneas, sí lo es. El ser declarado servicio público le permitiría al Estado intervenir directamente en su regulación”.

El representante por la oposición de los bonaerenses que habitan en la Segunda Sección, fundamenta la iniciativa en que “cada vez son más los usuarios que desean tener libertad a la hora de elegir su equipo móvil, sin tener que quedar adherido a la oferta –tanto en términos de marcas como de modelos específicos- de la compañía con la que operan. Por ello, optan por adquirir celulares liberados, lo cual les permite conservar el vínculo y utilizar el chip de la telefónica con la que venían trabajando, pero en el dispositivo de su elección. El hecho de optar por celulares liberados nuevos implica que deban abonar un aumento en su compra”.

Tras poner en evidencia la extorsión comercial a la que son sometidos los usuarios, Santiago señala que “los celulares liberados son muy demandados por quienes ya disponen de un móvil y les fue hurtado, lo extraviaron o desean pasar a un equipo con mejores prestaciones y mayor tecnología. Esto les permite utilizar el chip de cualquier telefónica adherida al sistema de celulares libres, sin quedar cautivo de las ofertas de las compañías”.

En opinión del Diputado Santiago, “es la CNC quien debe controlar y exigir un servicio de calidad, siendo su objetivo principal crear, administrar, gestionar, monitorear y controlar los servicios y sistemas de telecomunicaciones, plasmado en el decreto 1185/90 que le dio origen. Por otro lado, se viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, que contempla que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de intereses económicos”.

El dirigente del GEN concluye su proyecto resaltando que “el Poder Ejecutivo debe tomar medidas concretas para revertir un problema que mantiene cautivo a millones de usuarios. Es por ello que solicito a mis pares, acompañen el presente Proyecto de Declaración”.

El Diputado Jorge Santiago se dirigió al Poder Ejecutivo, para conocer en qué etapa se encuentra el Plan de Limpieza que se está llevando a cabo desde mediados del año 2014 para sanear el cauce del Río Lujan, haciéndose eco del Comité de Cuenca y la Comisión Asesora que lo asiste; éstos también habían manifestado “una gran preocupación por las actuales obras y las futuras a realizarse en la Cuenca del río Luján”.

Santiago reveló que “las acciones de limpieza en el tramo medio del río, desde Ruta 7 a Ruta 8, han implicado la remoción con topadora de una franja del monte ribereño de un ancho entre 15 y 25 metros, dependiendo de las zonas. Estas acciones no han diferenciado entre flora nativa y exótica”.

Asimismo, el legislador oriundo de la ciudad de Rojas afirma que “la situación se agravó por un trabajo paliativo que se realizó entre la ruta 8 y las vías del Ferrocarril Belgrano, que implicó la apertura de un dique de 300 metros de basura que liberó todo el material allí retenido, en lugar de ser recolectado”.

Santiago también manifestó inquietud porque la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, meses atrás, adjudicó a la consultora Serman y Asociados un estudio que tendría un perfil netamente hidráulico. “Se priorizan las obras hidráulicas -resalta el legislador- por sobre una visión eco sistémica, considerando al río y sus tributarios como meros canales de agua. La visión eco sistémica, en cambio, evalúa holísticamente la cuenca y es la tendencia que están siguiendo los países más desarrollados que rápidamente están abandonando prácticas como las rectificaciones de cauce o los dragados”.

El representante de la Segunda Sección provincial en la Legislatura, considera que “con este tipo de accionar lejos estamos de la conservación de un medio ambiente sano y equilibrado, como exige el texto Constitucional de la Nación y la Provincia de Buenos Aires”.

Además, Santiago recordó que el artículo 31 de la Ley de Ministerios de la provincia, establece que el OPDS tiene las facultades de planificar, formular, proyectar, fiscalizar, ejecutar la política ambiental, y preservar los recursos naturales. “Nos encontramos claramente -destaca la iniciativa parlamentaria- ante un caso de omisión material, ya que las autoridades provinciales están dejando de realizar aquellos hechos y actos precisos que la ley les impone, dando lugar a la promoción de un contencioso ambiental”.

La información puntual que el Diputado Santiago solicita al Poder Ejecutivo, tiene que ver con las acciones desarrolladas hasta la fecha; los recursos humanos que las ejecutan; los elementos y procesos que se aplican en su implementación; el costo del mismo, especificando presupuesto estimado y montos ejecutados en su desarrollo; si el plan tuvo continuidad o fue paralizado en algún momento; cuáles son las empresas que operan dentro del Parque Industrial de Pilar, y que vierten sus efluentes al río Lujan; los controles que se han efectuado sobre los efluentes industriales vertidos por cada una de ellas, entre el año 2008 a la fecha de contestación del presente, como así también los resultados arrojados por los mismos; qué tipo de estudios se llevaron a cabo para determinar la calidad del agua del Río Luján y sus resultados, entre otras muchas cuestiones.

La iniciativa fue presentada por el diputado del FAP, Jorge Santiago, para que los organizadores de espectáculos masivos, dispongan de espacios para estacionamientos temporarios de bicicletas, los que funcionarán sin ningún costo para los usuarios.

A lo largo de toda la provincia se realizan muchos eventos, culturales, deportivos, musicales que generan en cualquier localidad dificultades de tránsito en la zona en que se llevan a cabo.

En este sentido el legislador consideró que “es necesario promover alternativas que contemplen no solo la reducción de la circulación y estacionamiento de vehículos, sino también fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte porque es un medio eficiente, limpio, saludable, y con numerosas ventajas en el corto y mediano plazo para quienes la utilizan”.

El diputado Santiago manifestó que “incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte es una tarea que se debe promover como política ambiental, en una Provincia donde el parque automotor crece permanentemente, nos ayuda a vivir en una ciudad con menos congestión vehicular y menos contaminación”.

El Proyecto de Ley presentado por el Diputado Jorge Santiago (GEN), oriundo de Rojas, fundamenta que a partir de 1994 y hasta la actualidad nuestro país avanzó normativamente en el reconocimiento del derecho a un ambiente sano mediante la ratificación de Tratados Internacionales, y su incorporación tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Santiago recuerda que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado… y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho…”; por otra parte, la Constitución Provincial sostiene en su Artículo 28 que “Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia… En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales…promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo… y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales..”.

El legislador por la Segunda Sección considera que “resulta ser una herramienta necesaria e idónea (el Fiscal Ambiental) para dar tratamiento a una creciente problemática dentro del marco jurisdiccional. Ya existen experiencias en países como Venezuela, Brasil, México, España, Costa Rica, Paraguay, entre otros, que han dado importantes pasos en la temática al constituir fiscalías ambientales. Existe consenso sobre su efectividad para ayudar a disminuir los delitos contra el ambiente y la protección de los recursos naturales”.

Asimismo, Santiago destaca que con la puesta en funcionamiento de las Fiscalías Ambientales “se propone prevenir los daños, actuar con celeridad, solicitar informes a los organismos oficiales con competencia ambiental, y optimizar las mandas legales que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental”.

En la nueva Ley se afirma que resulta necesario contar con herramientas provinciales que puedan trabajar de manera coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales. Y la especialización de un funcionario judicial en medio ambiente es una necesidad real y urgente que acompaña el crecimiento en la materia.

Por último, Santiago especifica las funciones del nuevo instrumento judicial y que serán: “Promover la actuación de la Provincia ante la justicia, en defensa de los intereses generales ambientales y ante toda actividad positiva o negativa que afecte los derechos del artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; coordinar la acción de prevención, reparación e investigación con distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales, pudiendo requerir la colaboración a instituciones nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental; recibir denuncias o actuaciones prevencionales que llegaren para su conocimiento, referidas o relacionadas a delitos tipificados por la legislación sobre medioambiente y efectuar las derivaciones correspondientes, dentro del Ministerio Publico Fiscal o hacia otras Instituciones de la Provincia”, entre otras cuestiones.