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Lo afirmó el Diputado Juan Carlos Juárez, del GEN en el Frente Amplio Progresista, luego del encuentro que mantuvo junto a otros legisladores de la oposición para trabajar en la unificación de criterios con el objetivo de lograr la presencia en el recinto de las autoridades de la Obra Social Médico Asistencial, investigados por un supuesto fraude en la entrega de medicamentos oncológicos.

Legisladores del Frente Renovador y del Frente Amplio Progresista se reunieron para analizar alternativas en la investigación de las responsabilidades y acordaron buscar el apoyo de otras fuerzas para conformar una comisión investigadora. Los bloques analizaron los cuatro proyectos de ley presentados luego de la detención de 10 personas.

Además de Juárez, del encuentro participaron los diputados Rubén Eslaiman, Walter Carusso –Frente Renovador-, Abel Buil, y Héctor Martínez –Lealtad Peronista. Previo al encuentro de carácter legislativo, recibieron a Raúl Seillant y Oscar Chavero, Presidente y Vice del Sindicato único de profesionales y técnicos del Instituto Obra Médico Asistencial, como así también a prestadores y afiliados de IOMA, quienes describieron la actualidad de los profesionales y la relación actual con la obra social.

Los legisladores también habían presentado un proyecto para que el presidente de la obra social, Antonio La Scaleia, se presente a dar explicaciones a la Legislatura, y otro que pedía la intervención del organismo.

Al terminar la reunión, Juárez manifestó su preocupación por “el silencio del Gobernador Daniel Scioli”. En tal sentido, el también Secretario Nacional del GEN dijo que “las denuncias son gravísimas”, y agregó que “este es un hecho de corrupción contundente en el gobierno de Scioli porque es la primera vez que un fiscal detiene a funcionarios bonaerenses, y el mandatario nunca siquiera ha mencionado el tema”.

Juárez explicó que “el primero que debería aportar para la transparencia de las instituciones es el Gobernador pero no ha sido así en absoluto” y siguió diciendo que es muy preocupante la actitud de Scioli porque no toma una acción proactiva en la situación, lo que favorece el ocultamiento de información vital para la investigación”.

Finalmente, el Vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense aseguró que la inacción del Scioli “puede deberse a que hay una incapacidad extraordinaria o a una complicidad total en el tema”.

Lo afirmó el Diputado Juan Carlos Juárez, del GEN en el Frente Amplio Progresista, en relación a la obligada sucesión provisoria que el Vicepresidente Amado Boudou toma al frente de la presidencia de la nación, tras los problemas de salud de la primera mandataria.

El Vicepresidente de la cámara baja bonaerense se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner y bregó por su pronta recuperación tras la intervención quirúrgica para que pueda cumplir con su mandato político institucional para el que fue electa por el pueblo hasta diciembre del 2015.

A su vez, el Secretario General del GEN aseguró que le preocupa la figura de Boudou al frente del Ejecutivo Nacional porque “no responde a las mismas características que las de la Presidenta y destacó que no tiene la envergadura política ni la estatura moral como para hacerse cargo de la conducción de los destinos políticos e institucionales de Argentina”.

En tanto, Juárez aseveró que si bien “es el deseo de todos los argentinos que la Presidenta se recupere pronto de su afección, el estado de salud de la Jefa de estado no influirá para nada en los resultados de cara a las elecciones legislativas definitivas del próximo 27 de octubre”.

En este sentido, finalmente, el referente del GEN destacó que “la patología de Cristina Fernández no tendrá ninguna incidencia en el proceso electoral ni en sus resultados porque el país mantiene sus graves problemas económicos, institucionales y de inseguridad, y lo que está evaluando el electorado es eso, independientemente del hecho de acompañar a la Presidenta en este mal momento de salud”.

Por Juan Carlos Juárez*

El golpe electoral que recibió el kirchnerismo en las PASO trastocó el escenario político y obligó al partido gobernante a hablar de aquellos problemas que hasta el momento negaba. Un ejemplo de ello es la problemática de la inseguridad.

De insistir hasta el hartazgo que se trataba de una “sensación de inseguridad” ahora el tema pasó a ser el eje de campaña del oficialismo. El giro político, atado a la coyuntura electoral, no deja en claro hacia dónde va la política en seguridad en la provincia.

Hacer propia la agenda de seguridad parece ser la consigna que desvela al kirchnerismo por estos días. Desde los intendentes k, hasta funcionarios, pasando por gobernadores y legisladores coincidieron en el mismo pronóstico: uno de las causas de la sangría de votos en agosto pasado fue no haberse hecho cargo del tema de la inseguridad.

Frente a ello, y para que la derrota en octubre no sea tan dura, cambiaron rápidamente de estrategia e impulsaron un debate mentiroso acerca del delito. Pareciera que Massa y Scioli juegan una interna peronista que en el fondo busca que nada cambie, sino que todo empeore y crezca la inseguridad.

En primer lugar, reconocieron su existencia. Ya no hablan de “una sensación” creada y motorizada por los medios de comunicación opositores al Gobierno nacional, sino de realidades, con números y víctimas fatales.

A su vez, tomaron medidas cortoplacistas como inundar de gendarmes a la provincia de Buenos Aires por un tiempo limitado, hasta que se lleguen las elecciones generales. Esto no sólo deja a la vista las ansiedades electorales, sino que muestra una vez más la desconfianza hacia la policía bonaerense, fuerza sobre que la pesan cientos de denuncias de corrupción, gatillo fácil y connivencia.

En segundo lugar, su principal candidato, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, anunció que está trabajando en un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad que cometen delitos. El problema del delito va mucho más allá de la edad de imputabilidad porque está enmarcado en los altos índices de exclusión social que existen y que generan marginalidad, siendo ésta un caldo de cultivo para el aumento de la delincuencia.

Por último, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decidió desdoblar el ministerio de Seguridad y Justicia y poner al frente del primero al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Un cambio totalmente electoralista, que carece de toda seriedad y muestra la pérdida de rumbo. La seguridad provincial necesita de personas capacitadas, con experiencia en la materia y de medidas coordinadas, integrales y consensuadas.

Muchos comunicadores y políticos intentan convencer que este flagelo se resuelve con mayor cantidad de efectivos en la calle, con penas más duras, bajando la edad de imputabilidad de los menores de 16 años e incentivando la mano dura, con más cárceles.

Si este discurso sigue calando en la sociedad, el Estado seguirá siendo ineficiente para resolver el problema de la criminalidad. Todo este entramado complejo en la búsqueda de seguridad ciudadana es necesario debatirlo, discutirlo, pensarlo y repensarlo sin tiempos electorales, como una solución pacífica, eficaz y sensata a través de políticas de Estado.

*Nació el 31 de diciembre de 1961 en Tigre, provincia de Buenos Aires. Es especialista en Seguridad Social, fue concejal por Luján entre los años 1995 y 1999, secretario del Comité Provincia de la UCR, candidato a Intendente en las elecciones de 1999, convencional nacional, Presidente del Comité Luján de la UCR entre 2001 y 2003, Gerente de Detección y Fraude de Anses a nivel nacional y uno de los máximos referentes de Margarita Stolbizer en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En 2011 fue reelecto en su banca. Integra las comisiones de Previsión y Seguridad Social (Vicepresidente); Trabajo (Vicepresidente), y Ecología y Medio Ambiente (Vocal).

Lo aseguró el Diputado Juan Carlos Juárez, del GEN en el Frente Amplio Progresista, luego que el Gobernador bonaerense convocara sorpresivamente para el próximo martes al Consejo Provincial de Seguridad, un organismo que se había implementado en 2009, luego de la derrota electoral del kirchnerismo, y que luego no tuvo continuidad.

El Secretario Nacional del Gen dijo que “esta decisión tiene una sola explicación basada en la búsqueda desesperada que está encarando el kirchnerismo luego de la derrota electoral en las PASO por querer demostrar que le preocupa la seguridad de la gente”, y agregó que “lo grave de esto es que a pesar de la numerosa cantidad de vidas que se cobró la inseguridad durante los últimos cuatro años , Scioli nunca se interesó por volver a debatir, lo que demuestra claramente que este llamado repentino está enmarcado en la campaña que lleva adelante el Frente para la Victoria de cara a las elecciones definitivas del 27 de octubre”.

“Si Scioli se hubiera preocupado por discutir políticas de estado en esta materia durante todo este tiempo, hoy se estarían aplicando y quizá podrían haberse evitado trágicos casos de inseguridad en la provincia de Bs As como los de Carolina Píparo y Candela Sol Rodríguez”, se lamentó el Vicepresidente de la Cámara de diputados bonaerense.

Para Juárez, “de insistir hasta el hartazgo que se trataba de una “sensación de inseguridad” ahora el tema del delito pasó a ser el eje de campaña del oficialismo, y eso se debe a que desde los intendentes K, hasta funcionarios, pasando por gobernadores y legisladores coincidieron en que una de las causas de la sangría de votos fue no haberse hecho cargo del tema de la inseguridad”.

Finalmente, el legislador dijo que desde el espacio político que representa hay muy buena predisposición para debatir y participar si es que se va a trabajar seria y responsablemente para ejecutar acciones concretas contra la inseguridad pero que, de lo contrario, de ningún modo van a prestarse para acompañar una puesta en escena del Gobernador provincial y de todo el kirchnerismo en general.

El legislador Juárez aseveró al respecto, “la justicia ha corroborado la comisión de delitos en la obra social del Estado. No me gustaría tener que tratar estos temas, pero hay que asumirlos, pedíamos que esta Cámara aprobara una serie de medidas legislativas que tendieran a ayudar a esclarecer la situación que ha sucedido en IOMA”.

Cabe aclarar que los sospechosos, entre los que se encuentran funcionarios de la obra social provincial y farmacéuticos, habrían incurrido en sobrefacturaciones y facturaciones fantasmas de medicamentos oncológicos, por lo que la causa fue caratulada como “asociación ilícita y estafas reiteradas en perjuicio de la administración pública”.

La justicia investiga si se falsificaban historias clínicas de afiliados que no padecían ninguna patología y eran elegidos al azar. Así, IOMA disponía la compra de medicamentos de tipo oncológico que luego eran vendidos en farmacias.

Es por ello que las bancadas de la oposición, el FAP, la CC, y la UCR solicitaron el tratamiento de diferentes iniciativas referidas a la situación, pidiendo la intervención del directorio, y la interpelación del titular del área, Antonio La Scaleia; pero el oficialismo rechazó los proyectos en cuestión.

“Lo hecho hasta aquí por la justicia ha sido gracias a los empleados que hicieron un seguimiento durante años e iniciaron esta denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos”, aseveró Juárez, quién habló en nombre de las demás bancadas que habían presentado iniciativas, y recordó que la Legislatura aprobó “un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos para el ejercicio 2013; IOMA es la única obra social, junto con el Pami, con la capacidad de fijar precios en el mercado en materia de prestación medico asistencial”.

“Nos encontramos con que en un área tan sensible como la de medicamentos, que implica para cualquier obra social el 33% de su presupuesto, se detectó fraude”, denunció y advirtió que mientras “los beneficiarios del IOMA andan pululando por las oficinas para lograr la provisión del medicamento y así salvaguardar su salud, por la canaleta de la corrupción se va una cantidad de dinero importante”.

El vicepresidente III de la Cámara baja provincia dijo “pretendíamos que los funcionarios centrales de administración de la provincia de Buenos Aires vengan a brindar explicaciones porque en la aprobación de la ley de presupuesto 2013, en su artículo 104, se establece que al 1 de junio debía concurrir el presidente de IOMA a dar cuenta de la ejecución del presupuesto; eso no se cumplió hasta el día de la fecha”. En este caso, fue el único proyecto que logró el acompañamiento del FpV durante la sesión.

Seguidamente, el legislador de Luján detalló las iniciativas rechazadas, “lo que solicitamos es la intervención de la obra social, para eliminar la sospecha sobre los que están hoy en el directorio. Quisiéramos saber cuál es la matriz de riesgo que estandarizó el titular de la obra social, cuáles son los controles que se hicieron sobre la transparencia del manejo de los fondos; como así también la calidad y cantidad de prestaciones que reciben los beneficiarios”.

“Lamentamos que esta Legislatura no haya tenido la decisión política e institucional de aprobar estas medidas que son simplemente administrativas, estamos buscando sanear hacia atrás los hechos irregulares y mejorar la calidad de prestaciones hacia el futuro, porque es parte de las responsabilidades institucionales que tenemos como legisladores”, concluyó Juárez.