PROYECTO DE REFORMA LABORAL ¿O LA EXTINCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO PARA LOS TRABAJADORES?
Así como se plantea en el borrador oficial solo se busca beneficiar al empleador y a las empresas pretendiendo subvertir las bases del derecho laboral. En el proyecto de ley se pretende modificar el concepto de “Trabajo” al establecer condiciones de igualdad entre el trabajador y su empleador, desconociendo la notoria desventaja con que éste último se encuentra al momento de negociar sus condiciones de trabajo.
Se fomenta y profundiza la tercerización permitiendo contratos fuera del convenio colectivo y fuera de la ley de Contrato de Trabajo. Se legaliza el “fraude laboral” creando la figura de “Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes”.
Se crea un “Fondo de Cese Laboral” reduciendo la indemnización por despido y se crea un “Banco de Horas” para evitar el pago de horas extras, posibilitando extender la jornada laboral del trabajador hasta un máximo de 10 hs que se podrá compensar con francos cuando lo decida el empleador.
Se facilita además al empleador alterar unilateralmente las condiciones esenciales del contrato de trabajo, lo que implicaría: cambio del lugar de trabajo, modificación de la jornada laboral, cambio de tareas, alteración de la remuneración, entre otras.
La seguridad Social es un Derecho Humano, sustentado en la Equidad, Solidaridad y Universalidad
El Gobierno intenta, además, una reforma previsional que muestra la clara decisión de volver a implementar el modelo neoliberal que ya fracasó y pauperizó a los Jubilados y Pensionados de la Argentina a partir de 1994 con la creación de las AFJP.
Como resultado 350.000 jubilados que quedaron atrapados en una renta vitalicia, que en el mejor de los casos les asegura no más de $3.000 por mes.
Se propone incrementar la edad jubilatoria frenando el ingreso de jóvenes al empleo formal.
Se pretende reducir la base del cálculo para los aumentos de los beneficios solo por el nivel de inflación promoviendo una reducción importante en los ingresos de la clase pasiva que en su conjunto significan 120 millones de pesos anuales.
Creemos que los fondos para tal fin deben obtenerse de los ingresos Fiscales de actividades que hoy no tributan. Por eso rechazamos los proyectos de ley que significan ajuste y atropello a los derechos que garantizan nuestra Constitución y los Pactos Internacionales.