La diputada Margarita Stolbizer del GEN (FAU) presentará en Tribunales una denuncia contra Norberto Berner, por irregularidades y falseamiento de datos en la declaración patrimonial realizada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
Stolbizer pide que la Justicia investigue a Norberto Berner, actual Secretario de Comunicaciones por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, al que correspondería una pena de quince días a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según su propia Declaración Jurada, Berner le debe 400 mil pesos a Telecom, en concepto de préstamo recibido, pero esta operación no figura en los balances de la empresa. También hay una deuda del funcionario con el ANSES. Es legal que este organismo le preste plata a un funcionario?. En concepto de qué?
Berner fue titular de la Inspección General de Justicia, y Director de Telecom en representación del Estado Nacional además de miembro de la Comisión de Auditoría de dicha empresa. Resulta raro que una empresa le preste semejante suma de dinero para que sea devuelta en cuotas y esta operación no quede registrada, además de tratarse de un caso de conflicto de intereses puesto que Berner por su función actual, debe controlar entre otras, a Telecom.
El secretario de comunicaciones declara ingresos en el año 2012 por la suma de 1.073.602,61 y asume una serie de deudas. En comparación con otros funcionarios, Berner declaró ganar el doble.
Para Stolbizer, “la información no coincide con la realidad” y pide a la Justicia que investigue, corra traslado al Ministerio Público Fiscal y se ponga en conocimiento a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
“Berner ha sido un funcionario que ha escalado posiciones, poder y dinero, como protegido de la Presidenta Fernández de Kirchner y desde cada lugar ha sido funcional a la estrategia de cobertura que el gobierno viene dando a funcionarios y empresarios sospechados, como los casos de Boudou y Lázaro Báez. Debe ser investigado por la justicia y por la oficina anticorrupción para determinar su responsabilidad administrativa, política y penal por haber falseado información en sus declaraciones juradas. Pero también debería ser apartado del cargo por haber utilizado sus funciones para beneficiarse personalmente, por ejemplo, recibiendo préstamos de la empresa cuyo directorio integraba en representación del Estado, y también por parte del Anses. El episodio es sumamente grave”.