El Gobierno Nacional no prioriza las políticas de acceso a la salud

El Gobierno Nacional no prioriza las políticas de acceso a la salud

Pese a que se prevé un aumento de las partidas presupuestarias en el área de Salud de 10.8 % -en comparación al año 2013-, estas cifras apenas representan el 1,9 % del total del presupuesto nacional.

“Esto es una muestra clara que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene entre sus prioridades la implementación de políticas sanitarias que mejoren el acceso a la salud de la población” señaló Virginia Linares GEN – FAP, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

“No hubo modificaciones significativas en lo que refiere a la asignación de recursos en aquellas políticas públicas sanitarias que consideramos fundamentales para una atención integral que garantice el derecho a la salud de toda la población, especialmente de los sectores de menores recursos”.

Luego manifestó, “En el mismo sentido advertimos los escasos recursos para la prevención y control de enfermedades endémicas resulta importante atender aquellas enfermedades que, dado su relación a factores socio- económicos, geográficos y culturales, afecta a los sectores más pobres”.

“El gobierno nacional no destina los recursos necesarios para la efectiva implementación de políticas que tengan como fin la atención primaria de salud mental y adicciones. Una vez más podemos contar con muy buenas leyes pero luego faltan los recursos para su implementación. Ejemplo de ello es la ley de Salud Mental que significó un avance importante en el cambio de paradigma respecto a los modelos de encierro, aislamientos y exclusión y se propuso la atención ambulatoria y de inserción social bajo una perspectiva de derechos humanos”.

“Igual situación se dio con la sanción de la Ley Nacional de Fertilización Asistida. El derecho al acceso igualitario y la cobertura integral a los procedimientos y técnicas de fertilización asistida que fue recientemente consagrado en el Congreso, tampoco se ve reflejado en el prepuesto nacional como expresión de un compromiso asumido por parte del poder ejecutivo”, concluyó la legisladora.

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