Por Dr. FERNANDO MACHADO – Abogado Especialista en Derecho Público y Profesor universitario (UNC). Convencional Constituyente Provincial (MC). Partido GEN Córdoba.
Luego de quejarse de algunos fallos que resultaron adversos a su pretensión, a fines del año 2012 la Presidente de la Nación Cristina Fernández comenzó a instalar la idea de la supuesta necesidad de “democratizar al Poder Judicial”.
Estos impulsos han sido reiterados recientemente, manifestando que tiene varios “proyectos en mente” todos destinados aparentemente a la selección y juzgamiento de los jueces. Algunos de sus intérpretes como la Diputada Diana Conti (aquella que pretende una “Cristina eterna”), se han animado incluso a decir que los jueces deben tener un mandato acotado en el tiempo, como sucede con los representantes políticos y hasta se ha escuchado a algún conspicuo miembro del partido de gobierno hablar de elección popular para los magistrados.
Todos estos conceptos nos preocupan enormemente, sobre todo porque ya se reformó la Ley del Consejo de la Magistratura en la presidencia de Néstor Kirchner, precisamente a través de un proyecto presentado por la ex senadora y actual Presidente, cambiando la composición del organismo que nuestra Constitución Nacional ha creado para la selección y juzgamiento de los magistrados, otorgando mayor representación a los miembros cercanos al oficialismo en detrimento del resto de los estamentos, excluyendo incluso a quienes representaban a la Corte Suprema. Cuando la Dra. Fernández de Kirchner habla de “democratizar” a la Justicia, ¿pensará seguir en ésta línea que atenta la independencia del Poder Judicial?
Amparada en su innegable legitimidad de origen, la Presidente nos recuerda a cada instante que obtuvo el 54 % en las últimas elecciones y pretende aparentemente instalar una democracia plebiscitaria sobre tal basamento. En las democracias modernas, si bien la elección popular de los poderes políticos resulta insustituible, ésta no constituye por sí misma la única forma de cumplir con el mandato constitucional. Más aun en Argentina a partir del año 1994, cuando se reformó la Constitución pasándose de una democracia meramente representativa a una plenamente participativa con la inclusión de institutos como la consulta e iniciativa popular y el referéndum, la constitucionalización de los partidos políticos y la elección directa del Presidente y los senadores nacionales, por citar sólo algunos ejemplos.
Existen antecedentes para pensar que el proyecto de “democratización” de la justicia no sea otra cosa más que la profundización del modelo populista y hegemónico que lleva adelante el kirchnerismo, que no tolera el disenso, ni el pluralismo, que no respeta las minorías ni los límites republicanos al poder gubernamental; tal vez sea el eslabón anterior a la pretendida reelección indefinida. Por lo menos declaraciones públicas y tuits de la primera mandataria como quejarse de “la justicia cautelar” o “la corporación judicial” así lo justifican.
La Constitución ha previsto sabiamente que el Poder Judicial sea independiente para que se consolide la República, por ello les garantiza a los magistrados la estabilidad (mientras dure su buena conducta) y la intangibilidad de sus remuneraciones (exigiéndoles que su tarea sea full time). Los jueces deben ser independientes para juzgar sin estar sujetos a presiones del poder de turno, porque entre otras tareas les toca efectuar el control de constitucionalidad de las leyes y los actos que emanan de los otros poderes y es pésimo para el sistema democrático y republicano de gobierno que sean amanuenses del gobierno de turno y/o sus amigos o militantes.
Para democratizar en serio el Poder Judicial se debe garantizar su independencia y así avanzar en el sentido contrario al propuesto por el Gobierno. Hay que cumplir la Constitución instaurando los juicios por jurados, dotando al Consejo de la Magistratura de independencia en su integración, no convertir al Jurado de Enjuiciamiento en un cadalso en el que cada magistrado debe profesar la fe kirchnerista para no ser pasible de destitución. Es necesario reformar los códigos de forma para garantizar procesos orales y más breves en sus plazos y eliminar el cobro de la tasa de justicia para acercar la justicia a los justiciables. También reformular las leyes de ejecución de penas, para que las condenas firmes dictadas por un Tribunal sean íntegramente cumplidas hasta su finalización. Sería bueno que el Estado y sus gobernantes respondan por sus actos sin ningún privilegio, que las sentencias del Poder Judicial (incluso la propia Corte Suprema) sean cumplidas por el Gobierno como cualquier hijo de vecino. Es necesario que los Jueces paguen el impuesto a las ganancias de igual forma que el resto de los contribuyentes, que el acceso al Poder Judicial sea a través de concursos abiertos de oposición y antecedentes con tribunales en los que se evalúe la idoneidad y no los lazos sanguíneos o los vínculos con el partido del gobierno.
No queremos jueces electos que respondan al partido de gobierno, sino jueces probos, capaces e independientes que tengan el valor y la fortaleza de hacer entender al resto del pueblo (gobiernos incluidos) que la Constitución y los Tratados de DDHH son la ley suprema en esta Nación.
Córdoba, febrero de 2013.