Lo afirmó el legislador Jorge Santiago (GEN-PROGRESISTAS) al presentar un proyecto que se basa en recientes estudios de la UNLP, y advierte sobre los riesgos que corre la población aledaña al Polo Petroquímico Ensenada – La Plata.
La iniciativa, técnicamente una solicitud de informes dirigida al P.E provincial, ingresó a la Legislatura por la inquietud de numerosos vecinos tras el evento ocurrido a comienzos de julio en el Polo Petroquímico, y que tanto preocupó a la población de la zona y esencialmente a quienes viven en cercanías de YPF.
El Diputado Santiago quiere saber “si los desechos expedidos el 10 de Julio por el Polo Petroquímico de Ensenada- La Plata son tóxicos, y en caso de ser afirmativa la respuesta indicar cuáles son estos desechos y en qué medida son tóxicos”.
Además, el legislador oriundo de Rojas desea conocer “si se ha solicitado la actuación de organismos especializados que indiquen las repercusiones de estos desechos en el medio ambiente, y en la sanidad de los vecinos”.
Cabe destacar que la Universidad Nacional de La Plata confirmó, en un reciente estudio, que el área que se encuentra bajo la influencia del aludido Polo “sufre contaminación con hidrocarburos”, los cuales suponen un grave peligro para la salud de la población. Y Considerando que está ubicada en una zona inundable, altamente poblada y a sólo 10 km de un sector urbanizado, “la contaminación es aún más riesgosa”, se aseguró.
El Diputado Santiago, que ocupa la Vicepresidencia II en dicha Cámara, quiere estar al tanto de “si se han realizado regularmente los controles correspondientes en la infraestructura y funcionamiento del Polo Petroquímico”.
“El fenómeno de la contaminación no es nuevo -fundamenta la iniciativa-, y tiende a agravarse. Los vecinos de Ensenada y la zona han expresado y denunciado reiteradamente la preocupación que les genera el Polo Petroquímico de YPF”.
La Constitución Nacional, en su artículo 41, legisla el derecho que poseen todos los ciudadanos de la República a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; y al respecto Santiago afirmó: “El Estado tiene la obligación de preservarlo y/o recomponerlo”.
Por último, el legislador considera que “la ley especial de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental también prohíbe las actividades que puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado o de particulares o constituir una molestia. Es por ello que el Estado debe tomar parte en el asunto e intervenir mediante el organismo que corresponda”.