A UN MES DE LAS INUNDACIONES
Por MARGARITA STOLBIZER. Presidenta Bloque Diputados Nacionales GEN FAP
“La lluvia no es peronista” fue la explicación de la presidenta Fernández ante los vecinos. “Es un problema climatológico”, dijo el Jefe de Gabinete del gobernador Scioli. Todos hicieron como si la política no tuviera nada qué hacer, no tuviera responsabilidad. Sí, el origen de las inundaciones está en las lluvias intensas del 2 y 3 de abril. Pero la causa del drama que se vivió está en la relación perversa entre la política y el dinero, la matriz de los negociados de dirigentes políticos, funcionarios y empresarios amigos del poder.
Ante el dolor y la desesperación de quienes todo lo han perdido, es necesario pensar qué hacer para que nunca más vivamos otra tragedia similar. No podemos acostumbrarnos a estas situaciones. La denuncia es necesaria para señalar las causas políticas y removerlas. Pero debemos dar un paso más. Quizás la denuncia atraiga la atención mediática, pero no resuelve los problemas que sufren cotidianamente la gran mayoría de los argentinos. Es imprescindible, además, pensar en estrategias superadoras.
Con excepción de los terremotos en la zona de Cuyo y las lluvias de cenizas, nuestro país no tiene catástrofes naturales. Las amenazas son consecuencia de la actividad humana. En el caso de las inundaciones es claro. En las ciudades, al reemplazar el suelo natural por asfalto y cemento, la infiltración es casi nula. En Buenos Aires, el 95% del agua de lluvia se escurre superficialmente. Cuando el sistema de drenajes pluviales fue construido (¡hace más de 70 años!) se había previsto sólo para un 62% en la Ciudad y un 20% en el conurbano. En la actualidad, toda lluvia de 30 milímetros en media hora produce el colapso del sistema de drenaje del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El desarrollo inmobiliario descontrolado, negocio que cuenta con la complicidad de sectores políticos, tiene un impacto directo sobre el escurrimiento del agua de lluvia. La expansión urbana del Gran Buenos Aires aumentó la degradación de las condiciones naturales de los arroyos que atraviesan la Capital Federal, especialmente en los casos del Maldonado y del Medrano.
Aunque sorprenda, nuestro país carece de un sistema de gestión integral de riesgo de desastres. El marco normativo está fragmentado, conformado por algunas leyes y decretos sólo vinculados a la respuesta al desastre y no a su prevención. No tenemos ley nacional. Quienes tienen las mayorías hace una década en el Congreso no han juzgado que era relevante avanzar en este tema, mientras se gastan millones en obras públicas con sobreprecios para empresarios amigos. Sí, la corrupción mata y detrás de ella hay nombres y apellidos, hay responsables políticos a nivel local, provincial y nacional.
Así debemos asistir a esta política. Cuando ocurre el drama, sólo tenemos “comités de emergencia” donde los funcionarios pretenden mostrar su presencia y esconder años de desinterés, y después tenemos que escuchar patéticas propuestas como la mochila anti-inundaciones del intendente de La Plata. Así vemos la Presidenta, ante los pedidos de ayuda de los vecinos, sólo atinando a responder “yo voy a hablar con el gobernador y el intendente para ver cómo podemos organizar la ayuda”. Mientras tanto, el ministro de las obras públicas, Julio De Vido, se preocupada por pasar a la responsabilidad al gobierno provincia. Nadie se hace cargo. La culpa es de la lluvia o del otro y convivimos así con una ausencia total de planes de prevención y de respuesta coordinada.
Es necesaria una nueva estrategia federal cuyo objetivo sea la creación de un sistema de gestión integral de riesgo de desastres que articule los diferentes organismos nacionales y las provincias. Existe un consenso entre los expertos sobre las líneas principales de este sistema como, entre otros, mapas de riesgo, desarrollo científico-tecnológico para el pronóstico de las amenazas y sistemas de alerta temprana, programas para informar a la población, un mecanismo articulado de respuesta a las emergencias y planificación territorial que incluya el riesgo de desastre.
El conocimiento y los expertos están. Contamos con la Red de Gestión de Riesgos de la República Argentina, donde confluyen organizaciones sociales, agencias estatales y organismos internacionales, y la Red Nacional de ONGs impulsado por Protección Civil. Están las universidades y los centros de investigación. Debemos entonces iniciar un trabajo colectivo entre los partidos y las organizaciones sociales para encontrar una estrategia integral.
Pero este trabajo sólo será posible si hay voluntad política, si existe un liderazgo que convoque a todos los sectores a participar en todo el país en un debate federal e intersectorial. Sin embargo, hoy esa voluntad está ausente. Los recursos públicos se destinan al clientelismo y los amigos del poder, las únicas iniciativas políticas sólo buscan acumular poder y debilitar los controles de la República.
Mientras tengamos la misma política que no se hace cargo de los principales problemas de la Argentina y que sólo se obsesiona en acumular riqueza y poder, tendremos los mismos resultados y viviremos los mismos dramas. La gran agenda pendiente en nuestro país para construir la Argentina de bienestar sólo será posible con otra política que se haga responsable.