En una nueva medida en clave electoral, citó al órgano compuesto por funcionarios y legisladores para casos de crisis, y elevó el estatus del problema; críticas opositoras. Marcelo Díaz cuestiono la forma en que se hizo el anuncio.
En plena campaña electoral, en medio de una seguidilla de movidas oficiales en contra de los índices delictivos y pocos días después de haber puesto en funciones al nuevo ministro del área, el gobernador bonaerense sorprendió ayer al anunciar que convocará al Consejo Provincial de Seguridad, un organismo integrado por funcionarios de su gobierno y legisladores del oficialismo y de la oposición previsto para situaciones de crisis. De este modo, pareció buscar darle una entidad especial al problema de la delincuencia.
Scioli dijo que citará para el martes próximo “a todos los sectores” para buscar “puntos de encuentro cuando se trata de defender la vida de las personas”. Y que la defensa de la vida es “un tema central” en la agenda de su gobierno.
Lo hizo junto con el intendente de Lomas de Zamora y principal candidato a diputado del Frente para la Victoria (FPV), Martín Insaurralde, en un acto de entrega de patrulleros en Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires. No sólo el momento es particular, sino que la convocatoria tiene el carácter de algo extraordinario: el Consejo, creado a fines de 2002, apenas si se reunió un par de veces, en 2009 y 2010 (ver aparte), y en ambos casos fue el escenario elegido por el gobierno para poner en agenda sendas iniciativas.
En 2009, por ejemplo, se debatieron cuestiones relacionadas con la nocturnidad y el consumo de alcohol entre los jóvenes, ámbito en el que el gobernador hizo pie con proyectos para regular la venta de bebidas y el horario de apertura y cierre de los locales bailables.
A fines de 2010, cuando el intendente de Tigre, Sergio Massa, hoy líder del Frente Renovador y competidor de Insaurralde, reclamaba junto con otros siete jefes comunales (entre ellos el platense, Pablo Bruera) la creación de policías municipales, el gobierno convocó al Consejo de Seguridad. Allí esbozó su propia iniciativa de policías “prevencionales” en los municipios, diferente de lo pedido, pero lo suficientemente parecido como para atajar el reclamo. Hoy, esos proyectos (tanto el oficial como el massista) siguen su trámite en la Legislatura bonaerense, mientras quedan cada vez menos días de campaña electoral.
Tras la derrota en las elecciones primarias de agosto, Scioli decidió retrotraer la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad, que él mismo había dispuesto hace tres años, y volvió a separar esas dependencias, poniendo al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, al frente del flamante Ministerio de Seguridad.
En 2003 justamente Granados fue pionero en la implementación de patrullas municipales para complementar la labor de la policía bonaerense, algo que fue replicado a lo largo y ancho del conurbano en los años subsiguientes. Desde que asumió, el ministro se mantiene hiperactivo: está concentrado en atender las demandas de los intendentes del interior provincial y el Gran Buenos Aires, ya recibió a tres de ellos y dialogó con otros once para concretar varios encuentros. Ayer anunció, además, la creación de una brigada contra los “moto chorros” en La Plata, por acuerdo con Bruera.
El anuncio de Scioli, que no fue precedido por una convocatoria formal a los integrantes del Consejo ni acompañado por detalles de los temas por tratar, fue leído por la oposición como una maniobra electoralista.
“Scioli convoca al Consejo porque muchos intendentes le han dicho que el problema de la seguridad los ha afectado mucho en la contienda electoral”, dijo a LA NACION el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Marcelo Díaz, quien consideró “por lo menos de mal gusto” haber tenido que enterarse “por los medios periodísticos” de la convocatoria del gobernador.
“Debió convocarnos formalmente y después hacer un parte de prensa. Así como lo hizo, nos parece un acto más de la campaña del Frente para la Victoria. Esperemos que no lo lleve a Insaurralde”, dijo Díaz, ácido. “Si voy al Consejo y lo veo a Insaurralde, me levanto y me voy. Ese ámbito es para discutir la política de seguridad en forma integral. Por eso también vamos a pedir que no se traten leyes relativas a la seguridad hasta después de las elecciones de octubre”.