*POSICIÓN DE MARGARITA STOLBIZER (27/02/2013)
Participamos de este debate, no con el ánimo de la confrontación, ni de la exacerbación de nuestra legítima representación en el espacio político de la oposición pluralista y democrática. Lo hacemos con espíritu de cooperación, dentro de un debate necesario, originalmente viciado por la urgencia, el secretismo y la renuncia explícita a construir un marco de legitimidad social para que la Nación y el Estado nacional pudieran dar una respuesta clara, contundente, seria y eficaz a los familiares de las víctimas que durante tantos años vienen sufriendo la cachetada de la impunidad, la que ha puesto al desnudo nuestras comunes (me refiero a todo el arco de la política) incapacidades o limitaciones en la búsqueda de la justicia y la verdad. Las razones de estado, las políticas de estado, están siempre estrechamente vinculadas con la legitimidad para llevar adelante esa acción política. Pero hoy, la forma y el fondo de lo que estamos discutiendo y que seguramente será aprobado con esta mayoría oficialista, dejan al desnudo muchas otras debilidades de nuestro estado democrático y las claras falencias del gobierno en una cuestión a la que pretendió minimizar para esconder errores, impericia o complicidades con el crimen más atroz que haya sufrido nuestro país en su vida democrática.
Durante todo el día de ayer participamos del Plenario de Comisiones junto al Canciller y responsable de la firma del acuerdo (MdeE) entre nuestro país y la república islámica de Irán.
Allí cuestionamos los aspectos más técnicos y formales del mencionado acuerdo, y recibimos la insatisfactoria respuesta para convalidar de esa manera este nuevo paso hacia una aprobación que terminará poniendo lacre en el expediente de la investigación.
La insistencia en la urgencia, las imprecisiones y errores, el rechazo muy contundente de la mayoría de los argentinos por el crimen atentado que cobró la vida de 85 compatriotas, y especialmente de las organizaciones en cuya casa detonaron los explosivos, marcan el rumbo de nuestro debate de hoy. Nuestro Interbloque ha sostenido a través de un Dictamen de rechazo que en esta discusión estamos del lado del pueblo que reclama justicia con verdad sin retrocesos.
Pero nos parece que, más allá de las deficiencias técnicas, o de las razones humanas y morales que inspiran el rechazo, es necesario abordar desde nuestra perspectiva política el contexto y las implicancias de este acuerdo.
Así, es como Emile Zola, el intelectual francés que toma la defensa política de Alfred Dreyfus, acusado x espionaje en una causa armada con serias connotaciones antisemitas allá x el 1898. Lo hizo para no sentirse cómplice. Y eso es lo que queremos. Lo hizo para denunciar y acusar todo lo que aquella causa estaba escondiendo.
Y en ese sentido es que acusamos y denunciamos la falta de formas, reglas y procedimientos, como un mecanismo sencillo para conducir al engaño de lo que verdaderamente existe por detrás del acuerdo YA FIRMADO. En este caso, no hablamos de cuestiones meramente formales, sino de las formas o reglas de procedimiento que resultan sustanciales para poder suscribirse un acuerdo de estas características. El Canciller ha intentado explicar las discrepancias en torno a los términos –en español- cuestionario/interrogatorio/indagatoria refiriendo el texto del Estatuto de Roma por el que se creara la Corte Penal Internacional. Pero es necesario recordar que en 1998, para que los Estados llegaran a la firma de aquel histórico acuerdo, fue condición imprescindible la firma en simultáneo de las Reglas de Procedimiento, un texto minucioso, fino de todos los aspectos que organizan la acción del tribunal.
La presentación del Canciller en el día de ayer ha resultado insatisfactorio para que pudiéramos saldar nuestra crítica frente a las imprecisiones, ambigüedades y diversas interpretaciones a que lleva el texto del memorándum que estamos considerando.
Solo en el marco de lo que se quiere ocultar se pueden buscar las razones por las que Argentina ha virado absolutamente de postura. Lo ha hecho en dos aspectos.
Primero en el carácter con que el Gobierno (en anterior y éste) plantearon la relación bilateral. El entonces Presidente NK había sido muy firme llevando el atentado de la AMIA a las Naciones Unidas, donde se plantó en la exigencia de que Irán se sometiera a la justicia EN y DE la Argentina.
A partir del 2009, el tono de nuestra voz empezó a cambiar, aun cuando reconocemos que existía todavía un importante compromiso con los avances de la investigación, y entonces la Argentina reclamaba/pedía cooperación a Irán.
Llegando a los años 2010 y 2012 ya es la Presidenta CFK quien lleva al organismo internacional la propuesta de investigación en un tercer país.
Claro que son entendibles en este punto las respuestas del Canciller cuando reconoce la impotencia para avanzar frente a la negativa del país acusado por nuestra justicia, lo que lo pone con las manos vacías frente a un duro adversario parado con firmeza sin voluntad ya NI DE SOMETERSE A LA JUSTICIA, NI DE COOPERAR, NI DE ACEPTAR LA NEUTRALIDAD DE UN TERCER PAIS.
Lo inexplicable frente a esta realidad, es la aceptación de la Argentina de allanarse a lo que siempre había sido la voluntad de irán: la creación de una COMISION DE LA VERDAD, consagrando la negativa a aceptar las verdades que nuestra justicia ya había consagrado.
Pero el otro aspecto en el cual se ha puesto en evidencia la contramarcha del gobierno, tiene que ver con el compromiso público que la propia Presidenta había hecho para llegar a este debate, de manera amplia, con el fin de construir los consensos que dieran legitimidad a cualquier avance, pero hacerlo, SIN EL ACUERDO FIRMADO.
La Presidenta ha faltado a su palabra. Por eso, acusamos al gobierno de engañar al pueblo, a las organizaciones y vulnerar el ámbito plural y democrático de los partidos políticos que recién fueron convocados, casi a opinar con la nula expectativa de cambiar, luego de que, en la mayor de las reservas y sin consultas, el ACUERDO YA HABIA SIDO FIRMADO.
(LEER MENSAJE DE ELEVACION DEL PROYECTO FS. 23 Y 24)
Y así como se ha mentido en ese punto, también se ha tergiversado lo que se pretende como una opinión positiva de las organizaciones judías, las que así se habían manifestado con relación a la postura inicial de la justicia en cuanto significaba el sometimiento a ésta en Argentina por parte de los iraníes que figuran en la causa.
ACUSAMOS además a este gobierno de violentar la Constitución Nacional, la división de poderes y las restricciones para que el PEN asuma funciones jurisdiccionales, o la garantía de los jueces naturales, mediante la creación de una Comisión llamada de la verdad y a la que se asigna la atribución de revisar la verdad de la investigación judicial realizada en nuestro país. (ver párrafos del mensaje presidencial en los folios 1, 2 y 3). La propia Presidenta en su mensaje de elevación reconoce a esta Comisión la atribución de “esclarecimiento de la causa”. No es así, lo que debe hacer la Comisión es esclarecer el crímen y sus responsables y no tiene ninguna chance de ingerencia en la causa.
Acusamos al gobierno de no tener voluntad de esclarecer los crímenes ni las responsabilidades que surgen de ellos. Y entonces no hay otra posibilidad que volver a hacer énfasis en los graves errores que contiene el Memorandum, y especialmente en todos los aspectos no resueltos, o diluidos en expresiones generalistas, ambiguas, imprecisas que por supuesto han dado lugar a múltiples interpretaciones, entre ambos países signatarios, como dentro de estos países.
Acusamos el papelón (reconocido ayer por el Canciller) de la mala traducción que nos llevó a interpretar que los miembros de la Comisión serían 10 y no 5. Porque la lectura del instrumento en español es indubitable en esa conclusión, absolutamente diferente a lo que dice su versión, la que define, redactada en inglés.
Insisto en la falta de respuestas por parte del Ministro Timerman, y en particular su negativa a leer, frente a mi requerimiento, la carta que según el punto 7 del memorándum ha firmado en forma conjunta con el Canciller iraní y en simultáneo con aquel, dirigida a la Interpol. No sabemos si se envió, qué dice y cuáles son sus implicancias. Porque cabe entender que la comunicación a Interpol de este inicio de negociaciones, implica la suspensión de las notificaciones rojas emitidas por el organismo, y la pérdida de la condición de prófugo de los acusados a partir de entenderse que se han prestado a declarar (claro, allá, en Teherán y no aquí frente al juez de la causa en el lugar de los hechos).
Queremos entonces intentar desentrañar las motivaciones de semejante desatino, que condena hoy a la Argentina en una desconsideración que impactará en nuestro futuro mediato e inmediato, tanto en lo político, como en lo económico y en lo social.
Acusamos al Gobierno de someter la causa AMIA y los sentimientos más fuertes de nuestra nacionalidad, a las necesidades financieras y fiscales que forman parte del acuerdo con Irán. Solo en esa razón podemos ubicar las declaraciones del Presidente de aquél país, planteando con claridad las monedas del intercambio. Voy a leer de manera textual las expresiones del Presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, a fines del año pasado durante una conferencia de prensa en su país: “Estoy seguro de que cuando las investigaciones tengan lugar de manera precisa e imparcial, entonces el terreno estará preparado para la ampliación de las relaciones entre Irán y Argentina”. O sea, primero borramos la mancha y después hablamos del comercio.
Así es como aceptamos comisión de la verdad a cambio de plantar una autoridad judicial en Teheran. Y así es como abrimos la expectativa de discutir luego el intercambio comercial. Mucho se ha hablado de granos, de otras yerbas. Pero no será menor el tema de la energía y también habrá que estar atentos a las banderas de los buques que en los próximos tiempos descarguen petróleo en nuestros puertos.
El pago de las facturas de las importaciones energéticas, entre otras cosas, están hipotecando la economía. Y ahí también se juega el futuro político y electoral de este Gobierno, necesitado cada vez más de plata fresca que no destinará a resolver el problema de los salarios docentes, la inflación, la crisis de las viviendas sociales o del transporte, sino más bien para el reparto discrecional e ilegal para el disciplinamiento político de intendentes y gobernadores, como ocurriera ayer en Santa Fe, donde el Ministro de Infraestructura reparte cientos de millones de pesos violentando cualquier marco transparente e institucional de funcionamiento de los sistemas de reparto.
La búsqueda de una medida de alto impacto, la necesidad de instalar nuevas épicas construidas sobre falacias y apropiaciones, una vez más buscan un rédito electoral que el oficialismo siente se le empieza a escurrir como agua entre las manos, acudiendo a banderas sentidas para intentar evitar ese derrame como hecho objetivo de nuestros tiempos políticos. Por eso es que acusamos al gobierno de bastardear las causas más sentidas de nuestro pueblo, las que han atravesado de manera lacerante nuestro espíritu comunitario, nuestros derechos humanos como bandera común de esta democracia siempre acosada por fundamentalismos retrógados en sus distintas expresiones.
No se puede subordinar los objetivos y las causas nacionales a las necesidades políticas y electorales. No puede el sueño de eternidad que marca las acciones y gestiones, no tener límites. Hubo un error de cálculo, hubo un accionar mediocre y reprochable desde todo punto de vista. Y la soberbia de un gobierno que, una vez más, se niega a reconocer los errores y a dar marcha atrás.
Este Congreso ya se ha colgado una bandera maldita (una mancha) con la aprobación de aquella expropiación de la empresa Ciccone para la fabricación de billetes, con la única final de poner un punto final o un sello de lacre a la investigación que hoy involucra al Vicepresidente de la nación por delitos vinculados con la malversación, el abuso de poder y los negocios incompatibles con la función pública.
Hoy, otra vez, se intenta volver a poner ese lacre sobre una investigación judicial. Como si esto pudiera ser parte del anunciado plan de democratización (o disciplinamiento) de uno de los poderes del Estado. Hoy volveremos a colgarnos una bandera que no queremos: la misma que protege la impunidad de los delincuentes, de los acusados de los delitos más graves, los asesinatos del atentado terrorista o la corrupción.
Acusamos al gobierno de la entrega de la Justicia, por la sencilla razón de que no cree en ella. Pero se olvida de las cuestiones más profundamente humanas que rodean este tratado. En honor a ellas es el sentido de nuestro voto de rechazo, porque nos hacemos cargo de la representación popular que nos trajo a este lugar, y del sentimiento de millones de argentinos que buscan Verdad, con Justicia y sin impunidad.