El Diputado Nacional del GEN-FAP, Gerardo Milman, presento un proyecto de ley para que se derogue la ley 26.857, modificación de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública para que sean de carácter público las declaraciones juradas de jueces y funcionarios.
Milman dijo que “este gobierno presenta un proyecto de transparencia que oscurece, que va a tono con su actitud de obturar la sanción de una ley de acceso a la información, de valerse de sus mayorías para impedir la aprobación de los pedidos de informes de los legisladores, y no contestar los pedidos de acceso a la información previstos en el decreto 1172”, y que “el rol de la información y la transparencia es clave para el control de la corrupción, si la información sobre prácticas que involucran bienes y activos del Estado no se conoce, la corrupción puede florecer sin mayores problemas y estas prácticas no se conocerán, que es ni más ni menos lo que este gobierno pretende”.
El Legislador Nacional aseguró que “la Argentina se encuentra en deuda en materia de cumplimiento en la norma de ética pública. La ley sancionada para hacer pública a través de internet la totalidad de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del estado tiene en apariencia una buena intención, pero es ineficiente para garantizar el efectivo control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, de hecho lo entorpece” y agregó: “esta ley dispone en su artículo 4° que las declaraciones juradas a las que se refiere serán aquellas que se presentan ante la AFIP, parecería no ser un problema pero hay una serie de cuestiones sobre las que en lugar de mejorar, empeora la situación y obra contra la transparencia. Por nombrar algunas, respecto al núcleo familiar, estas declaraciones sólo se refieren al contribuyente y no incluyen información de cónyuges o convivientes, con lo que se tendrá un control más limitado de la evolución familiar que lo que hoy prevé la ley de ética pública, tampoco en el formulario de la AFIP hay un detalle de los bienes que componen el activo, es decir no se sabe la fecha de compra, el valor, y tampoco se exige que se detalle el origen de los fondos”.
“También es importante la carencia del detalle de los ingresos distintos en concepto de salarios que pueda recibir el funcionario público, hoy en día los formularios que presentamos los legisladores exigen que se detallen”.