Los diputados que integran los bloques del FAP y la UCR en la Legislatura provincial pidieron un jury de enjuiciamiento a los fiscales que investigaron el supuesto enriquecimiento del intendente de Lincoln, Jorge Fernández.
Desde ambas bancadas explicaron que se trata de la Agente Fiscal prestando del departamento judicial de Junín, Silvia Hermácora, y el Fiscal General de Junín, Juan Manuel Mastrorrilli. En tanto indicaron que “la labor de los fiscales ya había sido criticada por a ONG ‘Asociación por la Igualdad y la Justicia’.
Tanto el FAP como la UCR acusan a los magistrados de “incompetencia o negligencia en sus funciones; incumplimiento de los deberes a su cargo; dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su dictamen y de la comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo”.
Según indicaron, la investigación fue realizada al actual intendente de Lincoln, Jorge Fernández, a quien se le investigó por presunto comisión de los delitos de enriquecimiento público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros, por denuncia presentada en el 2006 por el ex concejal Aníbal Galinelli, con el patrocinio del Dr. Manuel Solana.
“Con las probanzas acompañadas por los denunciantes, se comprobó el precario estado económico financiero del denunciado antes de asumir a su cargo: le debía a todos los organismos fiscales (nacionales, provinciales y municipales), previsionales y de cobertura social (obra social de empleados), estaba inhibido y embargado por sendos juicios del fisco en trámite y todos sus ex empleados le habían iniciado juicios laborales, ya que los despidió sin indemnizarlos”, se detalla en la presentación.
Luego agregaron: “Al comienzo de su gestión, el intendente de Lincoln era un insolvente económico; y, sin embargo, a menos de doce meses de haber asumido el mando del Ejecutivo Municipal en diciembre de 2003, en el 2004 efectuó por sí una inversión de 478 mil pesos en construcciones edilicias inherentes a su actividad comercial (panaderías) sin causal que seriamente lo justifique”. También se menciona la compra de una serie de inmuebles por parte de Fernández.
Por último, se destaca en el proceso judicial tanto el FAP como la UCR señalaron la “ausencia de pericia contable”; “instrucción limitada hasta la denuncia”; “ausencia de investigación en su círculo familiar y de actividades vinculadas a los negocios”; “ausencia de requerimiento a justificar incremento patrimonial”; y “justificación aportada por la fiscal del incremento patrimonial sin sustento en prueba alguna”.
