La capacidad de asombro de los argentinos frente a la corrupción ha comenzado por fin a ser superada por la indignación que producen sus consecuencias.
Los politólogos suelen afirmar que la corrupción pasa a ser uno de los temas centrales en el debate político de manera cíclica. Señalan la existencia de una correlación inversa entre prosperidad económica individual y su tolerancia. Pareciera ser que existe una relación de correspondencia entre el bolsillo alegre y la menor preocupación por los niveles de corrupción imperantes.
Largo ha sido el camino recorrido por los argentinos en materia de padecimiento de la corrupción desde la recuperación de la democracia. Desde 1983 ha sido cada más vez vertiginosa y nefasta su agudización. Los hechos de corrupción actuales, tan sofisticados y burdos al mismo tiempo, han sepultado por “ingenuos” a los primeros y dudosos casos de la década del 80. “Roban pero hacen” fue el justificativo popular que avaló el latrocinio menemista, que contó con la complacencia del actual kirchnerismo.
Luego vino el gobierno de la Alianza y el escándalo aún impune de la Banelco que involucró al Presidente y a la SIDE con algunos Senadores de la Nación para “garantizar” la aprobación de la denominada Ley de Flexibilización Laboral.
Ni Menem ni De la Rúa suprimieron órganos de control, removieron fiscales anticorrupción ni disminuyeron la potencia de leyes como la de ética pública volviendo, además, una caricatura la obligación de hacer pública la declaración jurada de bienes de los funcionarios. Esto llegó con el kirchnerismo, al que debemos reconocerle haber restituido la neutralidad de la Corte de lo que, evidentemente, se han arrepentido.
El gobierno de Cristina Fernández será recordado como el más corrupto desde la recuperación de la democracia.
La matriz de corrupción supera todos los límites imaginados. Consiste directamente en considerar a lo público como bien propio para el enriquecimiento personal y de allegados mientras se forja un formidable aparato de comunicación para reescribir la historia, concentrar el poder y avanzar sobre la independencia de la Justicia.
Los subsidios de Jaime, los negocios oscuros con Venezuela y Antonini Wilson; los contratos petroleros con Qatar y Chevron; el caso Skanska, la bolsa de Felisa Miceli; la construcción de viviendas de Hebe y Schoklender; el narcotráfico vía Southern Winds; la “mafia de medicamentos”; los sobreprecios de la obra pública que comanda De Vido; los casos Ciccone, con Boudou como principal operador, y Lázaro Báez con escala presidencial en Seychelles, son algunos de los que en esta década han visto la luz. El Gobierno suele decirnos que la Argentina es un país con buena gente y es verdad.
Lo que falta es que la buena gente llegue efectivamente al Gobierno.
