Declaración del bloque de diputados nacionales del GEN.
El 26 de junio de 2002, mientras miles de trabajadoras y trabajadores desocupados salían a las calles a exigir trabajo, justicia y dignidad, el entonces presidente Duhalde dio la orden de reprimir a los manifestantes en el Puente Pueyrredón. Dos jóvenes muertos y más de 30 heridos con balas de plomo fue el saldo de la fatídica represión a la protesta social conocida como la Masacre de Avellaneda. Darío fue ejecutado por un policía mientras socorría a Maxi, compañero militante que estaba herido de bala por disparos que efectúo un efectivo de esa fuerza estatal.
Kosteki y Santillán eran militantes que peleaban por sus derechos, que soñaron, sintieron y trabajaron por una sociedad más justa. Maxi y Darío representan la dignidad y la solidaridad de la militancia, son un símbolo de la persecución policial de la que son víctimas miles de militantes y trabajadores en nuestro país y de la prepotencia, crueldad e impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad y los poderosos que planificaron y ejecutaron sus crímenes.
A 11 años de cumplirse la Masacre de Avellaneda, aún no se han producido grandes avances en la investigación para el esclarecimiento de los hechos ni para la determinación de las responsabilidades políticas y penales de quienes ordenaron, avalaron y encubrieron la acción criminal que terminó con la vida de estos jóvenes luchadores sociales.
Si bien el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex policía Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua, ambos fueron trasladados a penales de régimen abierto y salidas transitorias. Aún cuando acordamos en las acciones tendientes a resocializar a quienes están privados de su libertad, coincidimos en que no corresponde que Franchiotti y Acosta, ambos condenados a prisión perpetua, gocen de privilegios que resultan inalcanzables para otros condenados aún con buena calificación en sus conductas. Por otra parte, siete efectivos más recibieron penas mínimas y ya fueron liberados. Sobre las responsabilidades políticas tampoco existieron avances.
Es esta una oportunidad para el ejercicio y construcción de la memoria colectiva. Cabe recordar la responsabilidad política que le caben al entonces Presidente Eduardo Duhalde, el Secretario General de la Presidencia AníbalFernández y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá.
En el mismo sentido, fue el partido de igual signo político (el Justicialista) el que promovió y autoproclamó la llamada “ley antiterrorista” sancionada en 2011, la que no es otra cosa que una herramienta punitiva de persecución de los sectores populares que legitima avances y abusos estatales sobre espacios de libertad social, vulnerando derechos humanos. La utilización del sistema penal para perseguir y amedrentar manifestaciones populares se ha instituido como una práctica sistemática.
La deuda de la democracia radica precisamente en desarticular esa estructura represiva heredada de la dictadura, cuya esencia sigue intacta y se manifiesta en el accionar permanente de las fuerzas de seguridad, no sin la complicidad del poder político como ya vimos. En la búsqueda del disciplinamiento de los luchadores populares y los sectores más vulnerables, esta estructura ilegítima pero lamentablemente institucionalizada por el accionar estatal represivo, termina judicializando y criminalizando la protesta social.
Rechazamos todo accionar estatal que implique un avance del sistema represivo o punitivo y exigimos el esclarecimiento de estos hechos, así como la condena a todos los responsables de los asesinatos y desapariciones en democracia. Por Mariano Ferreyra, víctima de la patota sindical; Julio López y Luciano Arruga desaparecidos en democracia; los Qom de Formosa asesinados por reclamar legítimamente sus tierras, y tantos que sufren la represión y la intolerancia.
Desde el Bloque de Diputados Nacionales del GEN queremos solidarizarnos y acompañar en el dolor y el recuerdo a los familiares, amigos y compañeros de militancia de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
