Categoría: Gerardo Milman

Por Jerry Milman

El derecho al voto a los 16 años de edad supone el reconocimiento de la sociedad a la madurez democrática de la población joven otorgándole el derecho a elegir en las urnas a sus representantes.

Es una manera de incentivar el compromiso ciudadano de la juventud menor de 16 años, para tomar decisiones, involucrarse y participar de forma responsable y solidaria en todo aquello que le afecta.

El desarrollo de la democracia ha ido asociado a la  ampliación del derecho de sufragio y, por ende, del concepto de ciudadanía,  que primero fue exclusivo de los propietarios para extenderse más tarde a los trabajadores y, sólo después, ampliarse de los varones a las mujeres, cuando éstas  alcanzaron la consideración de  ciudadanas de pleno derecho.

En este sentido, la adquisición del derecho al voto no representa sólo un reconocimiento formal de la condición de ciudadano del joven entre 16 y 18 años, sino también, y muy especialmente, significa que se le ofrece la posibilidad de ejercer una mayor influencia sobre la agenda política y sobre la toma de decisiones que le afectan.

Uno de los argumentos esenciales para negar a los jóvenes de 16 a 18 años el derecho al voto radica en la falta de autonomía de la que adolecen. Desde este punto de vista, el estatus de ciudadano pasa por la adquisición de una situación de autonomía personal que el joven está lejos de alcanzar a causa de sus múltiples dependencias, sobre todo económicas. Sin embargo, fundamentar en estas dependencias  la negación de la condición de ciudadano del joven de 16 a 18 años sería retroceder a un modelo político  en el que sólo los que poseen sus propios recursos pueden acceder a esa  condición.

Otro de los argumentos es la fuerte influencia que puede ejercer sobre ellos el entorno familiar. Ambos son argumentos que sirven para negar su condición de ciudadanos de pleno derecho, que mantienen un evidente paralelismo con los que a principios del siglo XX se utilizaban para negar el voto a las mujeres.

Se habla  mucho que los jóvenes se caracterizan, en  general, por manifestar un notable desinterés hacia la política. Sin embargo, investigaciones realizadas sobre esta cuestión ponen de manifiesto que en el momento en que se adquiere el derecho al voto y, por tanto, se produce el reconocimiento efectivo del derecho de los jóvenes a participar en la política, el interés por lo público se incrementa, así  como se acrecienta el grado de compromiso con el sistema democrático. En este sentido, al rebajar la edad en la que se adquiere el derecho al voto podría estimularse el interés de los jóvenes por la política, generando un sentimiento de responsabilidad hacia la cosa pública.

La iniciativa se compadece con la legislación electoral de numerosos países – ya latinoamericanos, ya europeos.

En Bélgica el Partido ÉCOLO se manifestó a favor del derecho de voto a partir de los dieciséis años. En igual sentido, el Partido Socialista español, sumó esta propuesta al debate sobre la reforma a la ley electoral española iniciado en el año 2008.
En Austria, tras la reforma legal del 1° de julio de 2007, el ejercicio del sufragio en las elecciones legislativas y para el Parlamento Europeo, se ha otorgado a partir de los 16 años, edad en la que también lo han establecido en cantones suizos como Glarus, desde mayo de 2007.

En Ecuador se aprobó en septiembre de 2008 una reforma constitucional que otorga la opción a los menores de entre 16 y 18 años para poder votar, asimismo Brasil, Nicaragua, Cuba.

La Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aconsejó a todos los países europeos, la posibilidad de disminuir la edad de sufragio a los 16 años y la resolución adoptada por ese organismo al respecto fue enderezada en tal dirección.

Al respecto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), aprobó una resolución (Resolución 1826, de Junio de 2011) dirigida a sus Estados miembros, para que estudien la posibilidad de rebajar la edad de voto a los 16 años para permitir que los ciudadanos dispongan de este derecho en todo tipo de elecciones a partir de esa edad.

RESUMEN DE ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

Argumentos a favor

1. A partir de los 16 años los jóvenes tienen algunas responsabilidades y algunos derechos de adultos. El derecho a votar debería ser uno de ellos.
2. Los jóvenes pueden trabajar, pagan impuestos, viven bajo la ley, luego deberían votar. Serviría, pues, para armonizar la legislación sobre la adolescencia.
3. Al hacerlos sentir que pueden decidir sobre cosas que afectan a su vida,  los jóvenes sentirían más interés por la política.
4. Al tener que contar con su voto, los políticos cuidarían más los intereses de los jóvenes.
5. Los 16 años son mejor edad  para introducir el voto que los 18, porque a  esa edad los jóvenes están todavía enraizados en su comunidad y más concernidos por el voto que dos años después.
6. Los jóvenes tienen una perspectiva única sobre aspectos sociales, que conviene tener en cuenta.
7. Reducir la edad del voto a los 16 es una gran oportunidad para que los nuevos votantes puedan recibir una formación política, ya que todavía están dentro del sistema educativo.

Argumentos en contra

1. A los 16 años se es demasiado joven para ser emocionalmente objetivo, y por lo tanto se es psicológicamente vulnerable.
2. Los jóvenes son incapaces de tomar decisiones políticas responsables, porque carecen del conocimiento político necesario.
3. Los jóvenes son muy vulnerables a las influencias.
4. El voto de un joven puede comprarse fácilmente.
5. Los adolescentes tienden a tener una perspectiva  temporal corta, interesándose más por las consecuencias a corto término, que por las consecuencias a largo plazo, lo que políticamente es peligroso.
6. Los adolescentes tienen menos conciencia del  riesgo que los adultos, y parecen calcular los beneficios y los riesgos de forma distinta.
7. La  investigación existente sugiere que los adolescentes son más impulsivos que los adultos, y están sometidos a cambios bruscos de humor.
8. Los jóvenes no están interesados en tomar decisiones políticas. Si pocos jóvenes de 18 años votan, con más razón dejarán de votar los de menor edad.
9. El voto joven podría proponer iniciativas peligrosas.
10. Mantener el voto a los 18 años no supone ningún perjuicio a los menores de esa edad, ni a la sociedad, por lo que no es sensato cambiarlo.
11. Algunos autores temen que reducir la edad de los votantes colabore a la tendencia a reducir la edad penal, y a disminuir la autoridad de los padres.

Queremos contarte que estamos proyectando lanzar una nueva vía de comunicación que le permita al GEN llegar con sus ideas a más gente.

Estamos pensando en producir un programa de televisión que contemple la realidad con nuestros ojos, que transmita con la mayor claridad posible nuestro parecer y que se transforme en una nueva forma de comunicar nuestras ideas y proyectos.

Queremos hacer un programa político no tradicional; un programa que apunte a lograr el mayor equilibrio posible entre nuestros objetivos comunicacionales y el interés de la gente.

Pero este desafío no podemos llevarlo adelante solos; necesitamos de tu experiencia militante, de tu entusiasmo y tus ideas. No queremos que el programa sea considerado un panfleto partidario totalmente desligado de las preocupaciones de la sociedad.

Pretendemos diseñar un formato televisivo moderno, dinámico y atractivo. Queremos innovar para llegar de una forma amena y original.

Como aún no hemos definido el nombre del Programa, te proponemos que participes y nos envíes tus sugerencias, inquietudes y EL NOMBRE PARA EL PROGRAMA que te imagines hasta el día 21 de agosto a:comunicaciongentv@gmail.com

Agradecemos mucho tu colaboración y estamos seguros de que con tu participación haremos posible este sueño.

Te esperamos.

Gerardo Milman

Secretario de Comunicación – GEN Provincia de Buenos Aires

El Diputado Nacional Gerardo Milman (GEN-FAP) presentó un proyecto de “Fideicomiso Ciego” mediante el cual los funcionarios de alto nivel se verán obligados a ceder  la administración total de sus bienes, acciones e intereses en forma ‘ciega’ a un tercero independiente mientras dure su gestión, evitando así los posibles conflictos de intereses y las sospechas sobre el incremento patrimonial de los funcionarios.

Esta institución, que tiene antecedentes en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, España y Chile, pretende separar de manera concreta el ámbito de la gestión y la administración pública de la esfera de los negocios privados estableciendo una barrera de incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y la realización de actividades privadas que podrían llegar a plantear conflictos de interés.
 
“En nuestro país no existe disposición alguna que obligue al presidente o funcionario público a abandonar la administración de su patrimonio, sólo se nos obliga a presentar anualmente declaración jurada de bienes”, explicó Milman, autor del proyecto, al tiempo que agregó que “en 2009 se llegó a afirmar, con motivo de la discusión de la ya famosa Resolución 125, que hubo un Senador de la Nación cuyos intereses molineros-aceiteros incidieron de forma directa sobre su conducta a la hora de votar en el recinto”
 
“En 2008 el ex presidente Néstor Kirchner admitió haber comprado 2.000.000 de dólares que destinó a la adquisición del paquete accionario de Hotesur S.A., empresa propietaria del Hotel Alto Calafate; si a estos dos sencillos ejemplos le agregamos el inexplicable crecimiento de la fortuna de la señora presidenta de la República, de su Vicepresidente y de buena parte de sus ministros, llegaremos a la conclusión que es menester legislar para impedir enriquecimientos sospechosos que, seguramente, tienen que ver con el tráfico de influencias o el manejo de información sensible de naturaleza privilegiada.”
 
El proyecto de ley presentado el día de hoy estipula que el Fideicomiso Ciego consistirá en un arreglo legal a través del cual un agente (en este caso el funcionario electo o designado) transfiere en forma temporal la administración total de sus activos, negocios y acciones (exceptuando los bienes destinados a residencia o consumo) a un tercero independiente o “fiduciario” que posee total autonomía, independencia y discreción para gestionar tales activos, sin informar ni consultar al fiduciario u otras partes interesadas de sus gestiones ni de los cambios en la composición de la cartera de activos dejada a su administración.
 
Una vez constituido el fondo fiduciario y mientras éste se mantenga vigente, queda prohibido a la autoridad que lo confirió tener conocimiento del destino de sus negocios. En consecuencia, debe abstenerse de ejecutar cualquier tipo de acción, directa o indirecta, dirigida a establecer algún tipo de comunicación con el mandatario destinada a instruirlo sobre la forma de administrar el patrimonio o una parte del mismo.
 
“Para cortar con toda sombra de sospecha sobre los cambios patrimoniales de los funcionarios, la ley que proponemos estipula que de configurarse un conflicto serio entre el interés económico privado de un funcionario público y el desempeño de sus funciones oficiales, éste deberá tomar medidas para enajenar sus bienes e intereses, o bien transferirlos a una administración independiente y autónoma, u adoptar cualquier otra medida que permita remover efectivamente el conflicto de intereses.”, argumentó el Diputado.
 
Milman recalcó también que “Apuntamos a acentuar la transparencia en la función pública. Ser un funcionario público debería considerarse un honor y una tarea donde la entrega y la abnegación no dejen lugar a la especulación y la búsqueda del rédito económico. La invención, planificación y ejecución de políticas por parte de los funcionarios jamás debería ser utilizada para favorecer sus propios intereses ya que esto significaría emplear en beneficio propio (o de terceros allegados) información privilegiada”
 
“Este proyecto evitará en el futuro las sospechas que recaen hoy sobre los incrementos patrimoniales de varios funcionarios del poder ejecutivo”, concluyó Milman.

El Diputado Nacional Gerardo Milman (GEN-FAP) presentó un proyecto de ley para modificar la ley de ejecución penal y prohibir las salidas transitorias a aquellos reclusos que hayan sido condenados por delitos sexuales y homicidio mediante violencia de género.

“El pasado 18 de abril esta Cámara dio un gran paso sancionando una modificación al Código Penal (la que aún está pendiente de tratamiento en la Cámara de Senadores) agravando el homicidio por cuestiones de género”, recordó Milman, autor del proyecto de ley de Femicidio.

“Es evidente que las características de los asesinatos de las mujeres son muy diferentes a las de los hombres y representan normalmente la culminación de un proceso prolongado de abuso de poder. El femicidio se trata de un crimen cometido con la finalidad de controlar a la mujer, a quien el hombre ha convertido en su objeto de posesión”, agregó el Diputado.

A partir de la polémica desatada en los últimos días en cuanto a las salidas transitorias de reclusos, Milman manifestó que “es sumamente preocupante el dato sexista y misógino de las mismas, al que se le ha restado importancia, producto de una política carcelaria con un fuerte  rasgo de androcentrismo”,  al tiempo que agregó que “el autor del homicidio de Wanda Taddei, caso emblemático  que dio lugar a la media sanción del proyecto de femicidio, fue beneficiado con este tipo de salidas a poco más de un mes y medio de su condena. Además, Pablo Díaz, quien aparece en videos junto al Director del Servicio Penitenciario, había sido condenado en 2002 a doce años de prisión por la violación de una adolescente, en 2009 fue beneficiado con salidas transitorias y durante uno de esos permisos violó y mató a Soledad Bargna de 26 puñaladas; recibiendo por ese crimen una nueva condena a cadena perpetua.”

El proyecto presentado propone la prohibición del goce del beneficio de salidas transitorias para aquellos que hubieren cometido delitos contra la integridad sexual u homicidios mediante violencia de género. “Para terminar con la violencia contra la mujer, los crímenes contra éstas deben ser especialmente penados, así como especialmente castigados sus autores.”, concluyó el Diputado.

En el mismo orden, propuso la modificación del artículo 72 de la ley N° 24.660 respecto de los alcances de lo que implica el traslado a fin de evitar que a través de esta figura  se realicen “salidas transitorias” encubiertas.

El Diputado  Nacional Gerardo Milman GEN-FAP cuestiono las declaraciones del Ministro de Justicia Julio Alak respecto de estado de las cárceles.

“Alak tiene un INDEC  carcelario para decir que el sistema penitenciario argentino es modelo”. El diputado Milman manifestó que la situación en las cárceles argentinas es infrahumana, si uno ve lo que se gasta en comida y lo que comen los presos la diferencia es notable”.

Así mismo el legislador afirmo que ” hay infinidad de reclusos que solicitan salidas transitorias y son negadas mientras que en los casos que se conocen, la mayoría fueron otorgadas de manera inmediata”.

“Ya no caben dudas que hay un manejo político por parte del Director del Servicio Víctor Hortal”.