Categoría: Virginia Linares

BAHÍA BLANCA

Respecto al Presupuesto 2014, la diputada nacional del GEN–FAP, Virginia Linares, sostuvo que “En lo que respecta a las inversiones en obras públicas de Bahía Blanca y la región, se ve un incremento significativo de los presupuestos con incidencia en ejercicios futuros, dejando de manifiesto que no se realizaron las ejecuciones presupuestarias correspondientes al año 2013, convirtiéndose en anuncios vacíos sin fondos para su ejecución”.

“Uno de los claros ejemplos es el de la obra de la Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, sección Distribuidor El Guanaco-El Cholo, que tiene un presupuesto de obra de $150 millones y que en el próximo año se ejecutará $1.250.000, es decir sólo el 0,86%.”, declaró la legisladora del partido que liderada Margarita Stolbizer.

“Tampoco está entre las prioridades del Presupuesto 2014, las obras en la Ruta Nº 33, en el tramo Bahía Blanca-Pigüe, ya que la inversión de esta obra es de $1030 millones, y en los próximos 3 años se prevé ejecutar sólo un 17%; no dando lugar al reclamo de miles de automovilistas que recorren esta ruta y que padecen la peligrosidad de transitar en ella”.

“Por último y para tratar de graficar los “dibujos” que hace el gobierno para mostrar la realización de obras públicas, podemos ver –una vez más- el caso de la construcción del acueducto Pedro Luro-Bahía Blanca, una obra que tiene un presupuesto de 1000 millones de pesos y que en los próximos 3 años se ejecutará menos del 10%. A este ritmo la obra será inaugurada, aproximadamente, en el año 2043”, finalizó la diputada Linares.

Durante los últimos años las escuelas han sido el escenario de violencia que preocupa no solo a los miembros de la comunidad educativa, sino también al ámbito político y medios de comunicación.

En el día de ayer la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto destinado para prevenir el acoso escolar/bullying.

“El bullying se presenta como el hostigamiento que supone el padecimiento, por parte de uno o más miembros estigmatizados del ámbito escolar. Se reconocen diversos tipos de maltrato entre escolares, el psicoemocional, el físico, el sexual, el verbal, y por medio de las tecnologías de información y comunicación también denominado como cyberbullying, a través de la difusión de mensajes, fotos o videos en celulares, redes sociales, mail, entre otros”, declaró la diputada por el GEN-FAP Virginia Linares.

Cifras preocupantes

-1 de cada 3 adolescentes de Argentina entre 12 y 16 años se ve involucrado/a -como agresor/a o como víctima- en situaciones de abuso.

-Afecta a niños y niñas de ambos sexos, aunque es algo más frecuente entre sexo masculino (27 % frente a 21%).

“Los motivos más frecuentes que generan este tipo de agresiones varían entre: religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, enfermedad, nacionalidad, condición socioeconómica, entre otras”.

Por último resaltó, “Resulta fundamental la presencia del Estado a fin de hacer efectiva la Ley que fomenta la convivencia pacífica entre alumnos/as de los establecimientos educativos. También la presencia del psicólogo/a y del/ de la trabajador/a social adquiere un rol fundamental. Es importante destacar que, cuando los/as docentes intervienen en asuntos vinculados a la convivencia, los episodios de violencia se reducen considerablemente”.

La diputada nacional por el GEN – FAP Virginia Linares presentó un proyecto donde tiene como objetivo legitimar una única carrera sanitaria nacional.

Diferentes profesionales de la salud de diversas provincias argentinas han manifestado las condiciones de precariedad con las que trabajan, la falta de estabilidad laboral, la inexistencia de normativas que regulen y equilibren la relación profesional; y la falta de insumos para brindar una salud de calidad.

Linares destacó: “Es por eso que considero una carrera sanitaria nacional que permita resolver las inequidades del sistema de salud a través de un sistema único. Este marco permitirá equilibrar las profundas desigualdades territoriales en los servicios de salud de nuestro país. Esta ley también permite estimular y realizar el desarrollo de sus capacidades y competencias que se verán traducidas en un mejor acceso a la salud y en consecuencia en una mejor respuesta social”.

Según datos del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en un informe que data de noviembre de 2009 al estudiar la carrera sanitaria en la Argentina, concluye que no todas las provincias cuentan con legislación específica para el área de trabajo en salud. En aquellas provincias donde aun no hay ley, rigen convenios colectivos aprobados por decreto por el Ejecutivo Provincial como en la Provincia de Mendoza. Mientras que en la Provincia de Neuquén y CABA se ha acordado por convenio colectivo un nuevo escalafón.

“Desde este marco, los aspectos importantes a destacar son, la necesidad de contar con un régimen de trabajo especial para los agentes que revisten en los Servicios de Guardia, o de Emergencias ó de Atención Continuada considerados como Áreas de Atención Crítica. Es fundamental que las condiciones de trabajo y salud sean óptimas para que no atenten contra la calidad de vida del trabajador y por lo tanto afecte su desempeño dentro de los establecimientos sanitarios”, manifestó la legisladora que integra el partido liderado por Margarita Stolbizer.

“También, prosiguió, existe la presencia cada vez más significativa de altos índices de enfermedades relacionadas con el trabajo (Burnout, Enfermedad coronaria, Stress y otros), con la inexistencia total o parcial de regímenes de insalubridad”.

“Es necesario un plantel básico, donde cada jurisdicción incluya vía reglamentaria las características propias y el modo de funcionamiento de las unidades orgánico-funcionales destinadas a la Atención Primaria de la Salud. Cualquier otro tipo de instrumentos de aplicación a efectos de mejorar la Atención Primaria de la Salud deberán ser incluidas en la reglamentación de la presente”.

Por último concluyó, “Tener una legislación que contemple una carrera sanitaria única en todo el país y que además respete las realidades de las diferentes regiones posibilita reducir las brechas que suelen delimitar las inequidades entre los diferentes sectores laborales y sus trabajadores dentro de este sistema. Por eso es preciso modificar del modelo de financiamiento que asegure el alcance a todas las personas que habiten en el país independientemente de su condición de asalariado o no asalariado, con participación y control popular en los espacios de decisión; con la imperiosa necesidad de recuperar la rectoría y regulación del Estado en esta materia”.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que estipula la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contrala Integridad Sexual. En su intervención en la sesión la diputada nacional del GEN–FAP, Virginia Linares, indicó que “la violencia sexual debe abordarse con educación, con cambio de estereotipos machistas, con la prevención de la violencia de género y con el reconocimiento social de la mujeres”.

“Esta ley es una herramienta que contribuye a mejorar las investigaciones, pero resulta insuficiente si no se complementa con un abordaje multidisciplinario donde se pueda trabajar con aquellos individuos que cometen este tipo de delitos”, manifestó la legisladora que integra el partido liderado por Margarita Stolbizer.

“Es necesario y urgente trabajar en políticas de prevención de reincidencias desde los Sistema Penitenciarios Federal y Provinciales, pero también desde el post-penitenciario, es decir, una vez cumplida la pena. Necesitamos hacer un abordaje multidisciplinario, vinculando la contención académico-institucional con la labor cultural-educativa, para prevenir los abusos sexuales. No vamos a solucionar el problema si no avanzamos en aspectos de fondo”.

“Se han registrado numerosos desalojos, como los casos de las comunidades de Las Pailas (Salta), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Quilmes, Nogalito y Mollar (Tucumán), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil, Antriao (Neuquén) y Santa Rosa Leleque (Chubut)”, señaló la diputada del bloque GEN que lidera Margarita Stolbizer.

Linares señaló que la norma estableció por el término de cuatro años la suspensión de los desalojos y la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

En noviembre de 2009, y tras no haber cumplido con la ejecución de la Ley, se procedió a la prórroga de la misma, por medio de la Ley Nº 26.554, que quedará vigente hasta el 23 de Noviembre de 2013.

Virginia Linares sostuvo que, “respecto a los avances del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas solo se habrían presentado carpetas finales en dos provincias, La Pampa y Misiones, pero sin abarcar el total de sus comunidades. En las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, Rio Negro y Santa Cruz que realizaron convenios pero se han registraron vencimientos y retrasos en los resultados. En Tucumán, Santa Fe y Chubut se registraron retrasos en la celebración de los convenios y en Formosa y San Luis, no se ha registrado ningún avance en la ejecución de tareas por negativa de los propios gobiernos provinciales”.

“Repudiamos y vemos con preocupación el nivel de violencia extremo que se da en algunos territorios donde han cobrado víctimas fatales; como el asesinato del cacique Javier Chocobar (Tucumán), la brutal represión a la comunidad Qom de La Primavera donde, como consecuencia, hubieron dos muertes, y la represión en la localidad de Castilli, que terminó con la vida de Florentín Díaz, integrante de la comunidad Qom Curushy” declaró Linares.

“Considero imprescindible hacer cumplir los derechos reconocidos en el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

En estos días la comunidad Mapuche de Neuquén mantiene tomado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en reclamo del reconocimiento jurídico que lleva más de siete años.

“Reivindico la lucha de los Pueblos Originarios en defensa de sus derechos territoriales y pido dialogo, con el fin de cesar las represiones utilizadas como métodos para acallar los reclamos de las comunidades originarias”, concluyó.