EXIMICIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA AGUINALDO

Virginia Linares

La diputada nacional por el GEN-FAP, Virginia Linares, propuso eximir del pago del impuesto a las ganancias al primer aguinaldo del año, y criticó la postura de los diputados oficialistas que presentaron proyectos sobre modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias y ahora rehúyen al debate.

“Hemos presentado un proyecto por medio del cual solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional eximir el pago del Impuesto a las Ganancias a la primer cuota del sueldo anual complementario”, manifestó la diputada que pertenece al partido que preside Margarita Stolbizer.

“Esta medida tiene como antecedente las eximiciones que realizó en este sentido la Presidenta Cristina Fernández a través de los Decretos 2191/2012 y 1006/2013.

Consideramos que esta es una medida oportuna teniendo en cuenta que la retención del impuesto a las ganancias tiene fuerte incidencia en el aguinaldo, ya que por su estructura y forma de percepción el efecto de su aplicación se magnifica considerablemente”.

“Es lamentable que, una vez más, los legisladores del oficialismo se hayan negado a debatir sobre la modificación integral del impuesto a las ganancias, y sobre todo cuando muchos de los que no están dando quorum el día de hoy tienen proyectos presentados para realizar diversas modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

“Ayer, 103 diputados estuvimos dispuestos a debatir esta modificación, pero hubiésemos logrado el quorum necesario si los 32 diputados del oficialismo que tienen proyectos presentados para modificar el impuesto a las ganancias se hubiesen quedado a debatir los proyectos que ellos mismos presentaron”, finalizó la diputada Linares.

NO HAY DEMOCRACIA SIN PROTESTA

Protesta Social
Virginia Linares

Los diputados nacionales Virginia Linares (Bloque GEN -FAP), Víctor De Gennaro (Bloque Unidad Popular) y Nicolás del Caño (PTS –Frente de Izquierda) convocan a una “Audiencia Pública contra la criminalización de la protesta social” este martes 29 de abril desde las 12.30 hs. en la Sala 1 del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Riobamba 25, piso 2), donde presentarán un Proyecto de Ley que dispone la extinción de la pena y la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas por su participación en protestas sociales.

Según relevamientos realizados por una diversidad de organismos de derechos humanos, “existen hoy 5 mil imputados que padecen esta persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación o reclamo de sus legítimos derechos. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales”, sostuvo Virginia Linares.

La diputada del GEN en el FAP, señaló que el proyecto es la continuidad de reiteradas iniciativas legislativas presentadas por miembros de distintos bloques políticos que en los últimos diez años han rechazado la condena de diversos actos de protesta, y surge del espíritu de las propuestas de organismos de derechos humanos, así como del “Informe

Sobre Criminalización de la Protesta Social” presentado en marzo de 2012 por organismos integrantes del “Encuentro Memoria Verdad y Justicia”, que a la misma hora estarán realizando una concentración en apoyo al proyecto en la puerta del Congreso.

“No hay democracia sin la posibilidad de protestar. La protesta tiene que ver con la visibilización de los problemas. La reducción de la política a un expediente jurídico -con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales y deslegitimar la protesta-significa la derrota de la política como forma de organización social. Por eso presentamos este proyecto, a fin de garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, organizarse en sus distintas formas, y evitar su criminalización”, reflexionó la legisladora que pertenece al partido que preside Margarita Stolbizer.

En la audiencia expondrán referentes de organismos de derechos humanos, gremiales, políticos, estudiantiles y sociales, que enfrentan causas con distintas acusaciones, intelectuales y destacados académicos, así como diputadas y diputados de más de diez bloques políticos firmantes del proyecto.

COMISIÓN BICAMERAL DE LA MUJER

Virginia Linares

“El empoderamiento de las mujeres resulta imprescindible en el avance hacia la igualdad de género”.

“El objetivo principal de la creación de una Comisión Bicameral es generar un espacio de participación de las mujeres, donde puedan manifestar sus intereses y que los mismos puedan concretarse en la elaboración de nuevas leyes y nuevas políticas públicas”, sostuvo la diputada nacional del GEN-FAP, Virginia Linares.

Y agregó: “En ese sentido, el proyecto establece quela Comisión deberá constituirse como un espacio de asesoramiento y consulta en la elaboración de toda legislación que promueva el empoderamiento de las mujeres en los distintos ámbitos políticos, económicos y sociales. También deberá desarrollarse como un ámbito para el intercambio de experiencias entre el sector educativo, académico y las organizaciones de mujeres, a fin de fomentar el desarrollo de herramientas que garanticen la participación de las mujeres en la formulación de políticas públicas concretas”.

“Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de las distintas leyes nacionales y aquellas relacionadas con los distintos tratados internacionales a favor de los derechos de las mujeres y las niñas en el futuro, como así también monitorear las políticas públicas implementadas por el Consejo Nacional de las Mujeres y por los distintos Ministerios Nacionales”

“Por otra parte, será un espacio que podrá convocar a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres a la elaboración conjunta de una agenda parlamentaria de actividades que tenga como finalidad la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todas sus dimensiones”, finalizó la legisladora del partido que preside Margarita Stolbizer.

La iniciativa de la diputada Linares ha sido acompañada por legisladoras y legisladores de los bloques GEN, Frente por la Inclusión Social, Frente para la Victoria, PRO, UCR, y Unidad Popular.

LA CORRUPCIÓN ES RESPONSABLE DE LOS 51 MUERTOS DE ONCE

Tragedia de ONCE
Virginia Linares

En el inicio del juicio oral por la tragedia de Once, la diputada nacional Virginia Linares apuntó contra el gobierno nacional: “Nos sumamos, y hacemos nuestro, el reclamo de los familiares de las víctimas que exigen una condena ejemplar para los funcionarios y empresarios imputados por las 51 muertes y los casi 800 heridos”.

La diputada del GEN-FAP e integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la Nación sostuvo que “la responsabilidad del Estado es inocultable, la ausencia de una política integral para la reconstrucción del sistema de transporte ferroviario por parte del gobierno es la causa de la tragedia de Once. Accidentes, descarrilamientos, muertes, pésimas condiciones de seguridad y servicio, enormes daños materiales, no son fruto de la casualidad sino de años de desinversión, falta de mantenimiento, controles y sanciones no aplicadas, y falta de transparencia en un sistema de subsidios perversamente construido para favorecer la corrupción y la captación de fondos de los que se han beneficiado funcionarios y empresarios. Es el resultado de la desidia, la inoperancia y el desprecio por la vida”.

“El gobierno se sigue haciendo el desentendido trasladando toda la responsabilidad al motorman para intentar tapar su negligencia e inoperancia frente al constante vaciamiento del transporte público y la absoluta desprotección en que se encuentra el usuario del transporte en nuestro país, omisión que está ligada directamente con este tipo de tragedias que se repiten cada vez con mayor frecuencia, y sobre las que venimos advirtiendo desde hace años”, sostuvo Linares.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo como la corrupción sigue sumando muertos en el sistema ferroviario. Solucionar los graves problemas de transporte en la Argentina debe ser una prioridad”, finalizó Linares, autora de numerosos proyectos y pedidos de informes sobre la temática ferroviaria.

YPF DEBE SER CONTROLADA POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Virginia Linares

En el inicio del nuevo período legislativo, la diputada nacional Virginia Linares –GEN en el FAP- presentó un Proyecto de Ley para que la AGN realice controles y auditorías de todas las actividades que realice YPF, así como de los procedimientos para determinar el precio final que deberá pagarse a Repsol.

“A casi dos años de la parcial re-estatización de YPF entendemos que no sólo debemos discutir la estrategia de gestión de la empresa, sino también el rol que debe asumir el Estado nacional a través de sus organismos de control”, sostuvo Linares.

Y agregó: “Lamentablemente el gobierno nacional no ha dado información respecto al proceso de análisis por el cual se ha llegado al precio de expropiación. Es por esto que consideramos que el acuerdo con Repsol debe ser público por la enorme importancia estratégica que tiene YPF para nuestro país”.

“Con ese objetivo, el proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados modifica la Ley de expropiación de YPF sometiendo a la empresa a los controles interno y externo del sector público nacional, en los términos de la Ley 24.156, ya que entendemos que es imprescindible que la AGN realice un control completo del estado patrimonial, económico-financiero, técnico, operativo y ambiental en el que se encuentra YPF, a los fines de garantizar la transparencia y el control tanto de la gestión de la empresa, como de los procedimientos para determinar el precio final que deberá pagarse a Repsol, tal como se estableciera oportunamente para el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas”, afirmó la legisladora que pertenece al partido que preside Margarita Stolbizer.

“Es preciso realizar una auditoría integral de todas las áreas hidrocarburíferas y reservas comprobadas y explotables, como paso previo para abordar un plan integral que tenga por objeto revertir la disminución de la producción y rendimientos, impugnando las concesiones que no estén debidamente explotadas, o en donde se detecten infracciones de otra índole, como por ejemplo incumplimiento de inversiones comprometidas”, finalizó Linares.