Apoyo al Fiscal Campagnoli
Argentina necesita una justicia independiente para el juzgamiento de funcionarios y amigos del poder.
Declaración del Bloque de Diputados Nacionales GEN/FAP, Margarita Stolbizer – Virginia Linares – Fabián Peralta – Omar Duclós.
1. La sociedad argentina se manifiesta en grado de alarma por la reiteración de episodios delictivos y violentos que afectan la paz y la convivencia, lesionando derechos. Durante muchos años, la seguridad ha estado fuera de la agenda del
Gobierno y cuando ha sido tomada, fue orientada dentro del esquema de la demagogia y el oportunismo, naturalmente sin obtener resultados positivos.
2. La violencia, la desigualdad y la corrupción conforman una trilogía, que debe ser abordada al mismo tiempo con decisión, seriedad y políticas de Estado eficaces. Sin duda, la corrupción como parte del ejercicio de las funciones públicas, la falta de reglas y el enriquecimiento injustificado de quienes manejan el poder o se encuentran cercanos a éstos, son un elemento principal que debe ser erradicado de la práctica política. Solamente el ejemplo disciplina y ordena socialmente. Es imposible pedir a los sectores marginales y vulnerables, compromiso con las instituciones y con los derechos de los otros, si observando hacia los máximos niveles del poder político, la apropiación de lo indebido y las negociaciones incompatibles con el interés general, parecen estar a la orden del día. Si no se alcanzan los máximos niveles de transparencia en el funcionamiento y financiamiento de las instituciones y dirigencias políticas, no habrá seguridad. Y para eso se necesita también una sociedad que promueva una cultura de valores éticos a ser respetados por todas las personas y en particular por las que tienen mayores niveles de responsabilidad pública.
3. Por este motivo, y atento la grave situación que atravesamos en materia de corrupción e impunidad, y la necesidad de contar con una justicia independiente para la investigación de los hechos que involucran a funcionarios públicos y ciudadanos vinculados con las estructuras de poder, apoyamos decididamente la acción de los fiscales que así lo han demostrado, como José María Campagnoli y Guillermo Marijuan y manifestamos el rechazo a las medidas dispuestas por la Procuradora Alejandra Gils Carbó a quien hemos solicitado antes de ahora el Juicio Político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Estas medidas no solo intentan neutralizar a estos funcionarios que, cumpliendo debidamente sus funciones, investigaron los delitos del poder, sino que se pretende a través del ejemplo del escarmiento, desalentar y amedrentar a fiscales o magistrados que “osaran” avanzar con cualquier investigación futura. La auténtica democratización de la justicia se alcanzará cuando todos puedan acceder a ella por igual, y ésta tenga la posibilidad cierta de juzgar al poder político también, cuando los funcionarios sospechados están en el ejercicio del mismo.
4. Calificamos la grave situación de sospecha que atraviesan hoy los comportamientos de los más encumbrados representantes públicos de nuestra Nación, quienes deben brindar explicaciones y someterse a la acción de la justicia, sin intentos de entorpecer sus investigaciones, para que la sociedad en su conjunto pueda reconstruir la base de confianza que legitima la acción política y las funciones gubernamentales. Solo de este modo, podremos iniciar un nuevo camino en el marco de la ley y las instituciones que aseguran vigencia de derechos y bienestar para todas las personas, como el fin último y principal de la Política.
