“LOS SUELOS ALEDAÑOS A YPF ESTAN CONTAMINADOS CON ELEMENTOS CANCERIGENOS”

santiago-LeonardoLo afirmó el legislador Jorge Santiago (GEN-PROGRESISTAS) al presentar un proyecto que se basa en recientes estudios de la UNLP, y advierte sobre los riesgos que corre la población aledaña al Polo Petroquímico Ensenada – La Plata.

La iniciativa, técnicamente una solicitud de informes dirigida al P.E provincial, ingresó a la Legislatura por la inquietud de numerosos vecinos tras el evento ocurrido a comienzos de julio en el Polo Petroquímico, y que tanto preocupó a la población de la zona y esencialmente a quienes viven en cercanías de YPF.

El Diputado Santiago quiere saber “si los desechos expedidos el 10 de Julio por el Polo Petroquímico de Ensenada- La Plata son tóxicos, y en caso de ser afirmativa la respuesta indicar cuáles son estos desechos y en qué medida son tóxicos”.

Además, el legislador oriundo de Rojas desea conocer “si se ha solicitado la actuación de organismos especializados que indiquen las repercusiones de estos desechos en el medio ambiente, y en la sanidad de los vecinos”.

Cabe destacar que la Universidad Nacional de La Plata confirmó, en un reciente estudio, que el área que se encuentra bajo la influencia del aludido Polo “sufre contaminación con hidrocarburos”, los cuales suponen un grave peligro para la salud de la población. Y Considerando que está ubicada en una zona inundable, altamente poblada y a sólo 10 km de un sector urbanizado, “la contaminación es aún más riesgosa”, se aseguró.

El Diputado Santiago, que ocupa la Vicepresidencia II en dicha Cámara, quiere estar al tanto de “si se han realizado regularmente los controles correspondientes en la infraestructura y funcionamiento del Polo Petroquímico”.

“El fenómeno de la contaminación no es nuevo -fundamenta la iniciativa-, y tiende a agravarse. Los vecinos de Ensenada y la zona han expresado y denunciado reiteradamente la preocupación que les genera el Polo Petroquímico de YPF”.

La Constitución Nacional, en su artículo 41, legisla el derecho que poseen todos los ciudadanos de la República a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; y al respecto Santiago afirmó: “El Estado tiene la obligación de preservarlo y/o recomponerlo”.

Por último, el legislador considera que “la ley especial de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental también prohíbe las actividades que puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado o de particulares o constituir una molestia. Es por ello que el Estado debe tomar parte en el asunto e intervenir mediante el organismo que corresponda”.

“LAS RUTAS DE LA PROVINCIA SON MUY PELIGROSAS, Y EN LA ULTIMA DECADA NO SE HIZO NADA”

leosantiagoLo aseguró el legislador Jorge Santiago (GEN-PROGRESISTAS) al presentar una iniciativa para que se repare “en forma inmediata” la Ruta 11, en el trayecto que une a la Capital bonaerense con Magdalena.

El proyecto de Declaración que presentó recientemente el Diputado Santiago tiene por objetivo “reducir la tasa de siniestralidad en el territorio bonaerense, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial”.

En cuanto a la ruta Provincial Nº 11 el legislador, que también ocupa la Vicepresidencia II de la Cámara baja, señala: “Es de fundamental importancia para los habitantes de la región ya que es la única ruta asfaltada que conecta a las localidades de La Plata y Magdalena, y el deterioro de la capa asfáltica se ha profundizado con el paso del tiempo; es notable la existencia de pozos de grandes dimensiones, la falta de señalización, como así también el mal estado de las banquinas”.

El Diputado oriundo de la ciudad de Rojas, para quien el tema “rutas” es prioritario en la elaboración de proyectos legislativos, recuerda que el citado itinerario de la 11 “es transitada diariamente por cientos de niños y jóvenes que cursan estudios en La Plata”; y ante lo cual expresa: “Corren peligro de vida, y por ello el gobierno debería plantearse como prioridad reforzar los mecanismos de coordinación entre los diferentes entes estatales nacionales, provinciales, municipales o privados, a fin de garantizar la libre y normal circulación sin tener que lamentar la pérdida de vidas humanas y cuantitativos daños materiales”.

Como dato estadístico desalentador, el Diputado resalta que en la provincia de Buenos Aires “la Dirección de Vialidad está siendo desmantelada: en 2012 tenía una planta de personal que superaba los 1700 agentes, y hoy solo posee algo más de 1200”.

En otro párrafo el legislador, que integra el espacio que a nivel nacional lidera Margarita Stolbizer, hace hincapié en que “las rutas que atraviesan la Provincia revisten grandes falencias y han generado innumerables accidentes. De hecho, las estadísticas presentadas por la Asociación Civil Luchemos por la Vida certifican que durante 2012 hubo 2354 muertes en accidentes de tránsito en la provincia de Buenos Aires, y 7485 en el país. Estadísticas que han ido aumentando con el transcurrir de los años”.

En la iniciativa también se expresa que el deterioro de las rutas ha ido en paralelo a la desarticulación del sistema ferroviario, ya que solo se transporta el 10 % de las cargas totales a través de trenes, lo cual hace que “el transporte de carga y de pasajeros se concentra cada vez más sobre las rutas. Si a esto se le suma la falta de inversiones viales por parte de los gobiernos nacionales y provinciales, transitar por las autovías argentinas se vuelve todo un riesgo”.

Santiago aporta un dato paradigmático: “En el año 2003 se utilizaron 26,000 toneladas de asfalto para arreglar 2300 km de ruta, mientras que en el año 2012 se utilizaron 27,000 toneladas para arreglar 5100 km de ruta: o sea que para arreglar 1 km de ruta se gasta menos de la mitad de asfalto necesario, y no es porque las rutas se rompan menos”.

Se sabe que la superficie cultivada en la Provincia de Buenos Aires paso de 9 millones de hectáreas a 12, que el número de camiones que circulan las rutas de nuestra provincia orilla los 400.000, y que además el parque automotor de la República Argentina creció hasta llegar a casi 10 millones de vehículos. “Dado que las rutas fueron diseñadas para ser usadas hace 40 años -afirma contundentemente Santiago-, vemos como hoy colapsan desgranándose a cada paso”.

El proyecto apoya otro fundamento en que “desde el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) advirtieron que uno de los principales inconvenientes se generan con el tránsito de maquinaria agrícola, principalmente a partir de diciembre cuando empiezan los meses de la cosecha; ante lo cual las rutas que atraviesan la Provincia son las de mayor índice de peligrosidad, y en los últimos 10 años no se hizo nada”.

Finalmente, Santiago precisa que la Dirección de Vialidad tiene sus orígenes en el año 1821, durante el gobierno de Martín Rodríguez y cuando se la llamó Departamentos de Ingenieros y Arquitectos, que en 1910 cambia por el de Dirección General de Caminos; en 1936 se la llamó como la conocemos hoy y está encargada de atender una red vial de más de 36.000 km de caminos primarios, secundarios y terciarios, de los cuales 10.700 son asfaltados y el resto de tierra. “En 1936 -concluye el proyecto- Vialidad tenía una participación de 6,4 % del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires y hoy no llega al 1,5 %; está dividida en doce Departamentos que agonizan y fueron vaciados de maquinarias y posibilidades de adquirir materia prima a gran escala para arreglar nuestras rutas”.

HAY QUE HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SALAS DE 4 y 3 AÑOS EN EL NIVEL INICIAL

SANTIAGO

Lo afirmó el legislador Jorge Santiago (GEN-PROGRESISTAS) al presentar una iniciativa dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal, a fin de que “arbitre los medios necesarios para hacer efectivas dos leyes sancionadas en ese sentido, y garantizar la educación a todas las familias”.

El proyecto solicita “el efectivo cumplimiento de dos Leyes que disponen la obligatoriedad de la sala de 4 años, y la universalidad de la sala de 3 años del nivel inicial”.
La preocupación del representante de la Segunda Sección bonaerense, en la Legislatura, tiene como fundamento central “que se garantice efectivamente el acceso a la educación a todas las familias de la Provincia de Buenos Aires. Este es un derecho legislado en la Constitución Nacional en su art 14, y en la ley especial nacional 27.045 y en la ley provincial 13.688”.
Santiago, que además ocupa la Vicepresidencia II de la Cámara, entiende que esas dos normas “significan una ampliación de derechos y otorgan a todos los ciudadanos la capacidad de la exigibilidad de ese derecho”.
Asimismo, en el proyecto se expresa taxativamente que “corresponde al Estado universalizar los servicios educativos para toda la población, mediante la creación de infraestructuras, de nuevas secciones en las instituciones, nombrando maestros, aplicando presupuestos y garantizando espacios y materiales dignos que permitan la enseñanza y el aprendizaje”.
Cabe recordar que la norma 27.045 establece en el artículo 16 que “la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de 4 años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria”; y estipula que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma “tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para niños de 3 años de edad y priorizar la atención educativa de sectores menos favorecidos”.
“Está científicamente comprobado -resalta Santiago en el proyecto- que los cinco primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo infantil. El estímulo y la atención que reciben los niños en esta etapa influyen notablemente en el éxito de la trayectoria escolar”.
Tras precisar que “la desigualdad en el acceso a la educación inicial condiciona la forma en que se desarrollará el niño en las etapas de educación primaria y secundaria”, Santiago asegura que “en la Provincia de Buenos Aires continua existiendo una importante brecha entre los niños que concurren a las salas de 3 y 4 años, y quienes no lo hacen”.
Por último, el Diputado oriundo de Rojas recuerda que “todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos para acceder a estas herramientas tan importantes, como es la educación. Y el Estado es quien tiene la obligación de hacer posible este acceso y de achicar la brecha existente, orientando políticas de ayuda a los sectores sociales desfavorecidos generando más cargos e infraestructura”.

“HAY QUE CONCIENTIZAR A LA POBLACION SOBRE LOS NEUMATICOS FUERA DE USO”

santiagoLo afirmó el legislador Jorge Santiago (GEN-PROGRESISTAS) al presentar la iniciativa que crea el Sistema Integrado de Tratamiento para Neumáticos Fuera de Uso, con la finalidad de cuidar el medio ambiente y promover el reciclado.

El proyecto de Ley que ingresó Santiago esta semana en la Legislatura, crea el Sistema Integrado de Tratamiento para Neumáticos Fuera de Uso, y tendrá como fundamento “el reciclado y total reutilización del neumático fuera de uso o su disposición final, tarea que se llevará a cabo mediante la participación activa de todos los agentes que actúan en el circuito económico”.

Entre los objetivos de esta iniciativa están promover un manejo responsable de los neumáticos fuera de uso (NFU); fomentar el cuidado del medio ambiente, mediante el reciclado y toda forma de valorización del desecho; crear conciencia sobre los efectos integralmente negativos, derivados de la quema y almacenamiento inapropiado de los mismos, sobre la salud de la población, entre otras cuestiones.

El Diputado Santiago, oriundo de Rojas, establece que la autoridad de aplicación de la presente ley será Ministerio de Agroindustria y el Organismo para el Desarrollo Sostenible, “quienes deben crear un registro de vendedores, ordenar el acopio y la disposición final, como así también establecer las multas y/o beneficios a los responsables de dicha actividad”.

Además, se prohíbe en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires “la quema de neumáticos a cielo abierto para cualquier fin, en la vía pública; y su depósito en fuentes de agua, basurales, terrenos baldíos y cualquier otro lugar a cielo abierto, con destino de su confinamiento como residuo”.

En principio, actuarán como agentes de recepción, acopio y canje de NFU los fabricantes, distribuidores y comercializadores que se encuentren radicados en territorio bonaerense.

Un artículo también prevé un “plan de concientización a la población del recupero de los NFU, formulando para a tal efecto planes de difusión permanente a fin de que tenga conocimiento de los pasos a seguir para colaborar y resultar un engranaje fundamental en la recolección de los mismos”.

En cuanto al financiamiento de esta iniciativa, Santiago sostiene que “la ley de presupuesto de gastos y cálculo de recursos prevé, anualmente, las partidas necesarias para la implementación de la presente ley”.

Santiago, quien ocupa la Vicepresidencia II de la Cámara baja, recordó que “el modelo de articulación público-privada de gestión sustentable para los NFU permitió avanzar en el proyecto conjunto CEAMSE-Regomax-INTI, cuya concreción es la planta de Regomax S.A. que opera en el predio del Complejo Norte III de la CEAMSE, sito en Debenedetti 8947 camino del Buen Ayre, San Martín, Provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, el legislador por la Segunda Sección provincial fundamentó que “mediante la recolección diferenciada de NFU que realizarán las empresas de recolección de residuos sólidos urbanos, y la gestión de los propios generadores, se minimiza el volumen desechado en basurales o lugares incorrectos que afectan al medio ambiente y la salud de las personas. Por lo cual es necesario que las cuestiones que refieren al tema queden en una ley”.

NORMAS CLARAS Y DE INTERPRETACIÓN PRECISA PARA LOS CIUDADANOS

SANTIAGO
El legislador Jorge Santiago (GEN-PROGRESISTAS) presentó una iniciativa que adecúa el Régimen de Mediación en la Provincia de Buenos Aires “a lo establecido por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, explicó.

El proyecto de Ley, presentado por Santiago, modifica el artículo 40 de la Ley Nº 13.951, que quedaría redactado de la siguiente forma: “La Mediación Obligatoria prejudicial tendrá carácter de intimación con los efectos previstos en los artículos 2541 y 2546 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

El Diputado nacido en la localidad de Rojas sostiene que “la mediación es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica, a través del diálogo entre las partes, donde el mediador como tercero neutral las acompaña para que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas. En algunos casos se establece como medio previo obligatorio a la etapa judicial para la resolución de conflictos, y otros de manera opcional”.

Además, Santiago recuerda que “el acuerdo en una mediación tiene el carácter de cosa juzgada. A su vez, si no se llegará a un acuerdo, el acta habilita la vía judicial”.

Cabe recordar que en agosto del 2015 empezó a regir para todos los habitantes del país un nuevo régimen referido a los derechos civiles y comerciales de los mismos, como consecuencia del novel Código Civil y Comercial de la Nación, y donde se introdujeron importantes modificaciones referidas a varios institutos del derecho privado.

“Existen muchas leyes -fundamenta el Diputado Santiago- sancionadas con anterioridad al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que en su articulado refieren a la numeración de artículos del anterior Código Civil de la Nación, por lo que considero necesario que se adecúen dichos preceptos al nuevo a fin de evitar que se generen controvertidas interpretaciones de las normativas expresadas por las Leyes sancionadas por la Provincia de Buenos Aires, o en su caso, se genere un vacío legal”.

Por último Santiago, que también ocupa la Vicepresidencia II de la Cámara baja bonaerense, resaltó que “es nuestro deber asegurarles a todos los ciudadanos que las normas sean claras y de interpretación precisa, por lo que es necesaria una adecuación de la Ley Nº 13951 de la Provincia de Buenos Aires en concordancia con las nuevas normas dictadas por el Congreso de la Nación”.