Categoría: Pablo Farias

El diputado provincial Pablo Farías le solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre algunos inconvenientes en el servicio brindado por ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) que coinciden con los periodos de altas temperaturas y se acentúan en zonas que han tenido cierto crecimiento poblacional.

Al respecto el legislador Pablo Farías mencionó que “se han ocasionado rupturas en bombas que no se reparan, perdida de presión en el suministro, problemas en los pozos de agua, sin mencionar los niveles de arsénico que ya hemos tratado en otros proyectos. Estos son algunos de los problemas que se han evidenciado, siendo los que mayor estado público han tomado los acontecidos en el Partido de la Costa, Bragado y Ayacucho. Estos inconvenientes están directamente relacionados con el retraso en la ejecución de las obras requeridas y la falta de mantenimiento de las maquinarias y las obras realizadas”.

Entre las cuestiones que preocupan al diputado marplatense y de las cuales le pide respuestas al Ejecutivo Provincial se encuentran el plan de obras, proyectadas y en ejecución de la empresa ABSA, el plan de mantenimiento de la red de las instalaciones existentes y por último los controles y seguimientos realizados por el órgano de control, OCABA (Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires), sobre la empresa ABSA de las obras en ejecución y ya realizadas hasta con 5 años de antigüedad y su resultado.

Para finalizar el diputado Pablo Farías dijo que “se han tratado estos temas desde estamentos políticos, generando reuniones y comisiones de seguimiento junto a funcionarios provinciales pero sin demasiados resultados alentadores hasta el momento. Es por ello que mediante este pedido de informes pretendemos profundizar en la problemática actual para poder generar una solución y así lograr garantizar la buena salud el bienestar de los bonaerenses”.

El diputado del GEN-FAP, Pablo Farías, se dirigió al Gobernador Daniel Scioli a los fines de solicitarle se retrotraigan los aumento de los costos de los peajes en la rutas dispuestos por el Poder Ejecutivo Provincial.

La provincia de Buenos Aires aprobó un aumento promedio del 35% en el costo de los peajes en las rutas que van a la costa atlántica, 2, 11, 56, 36 y 74. El incremento, publicado en el Boletín Oficial del 27 de diciembre de 2013, incluye los cuatro peajes de la concesionaria Autovía del Mar (Samborombón, La Huella, Madariaga y Mar Chiquita) y el único que explota la empresa COVISUR ubicado en Maipú.

El diputado Pablo Farías menciono que “en la Autovía 2 el valor del peaje aumento de $26 a $35, mientras que en la ruta 11 el peaje de Mar Chiquita paso de $10.50 a $14 y en el peaje de Gral. Madariaga el aumento fue de $8.50 a $12. Considerando los índices inflacionarios establecidos por el INDEC vemos que el aumento es realmente excesivo, ya que para este organismo la inflación fue aproximadamente del 10%.”

El aumento será trasladado además a los micros de larga distancia, aportando a incrementar el costo de vida de los vecinos del sudoeste bonaerense que utilizan este medio de transporte durante todo el año para dirigirse a localidades vecinas, tanto sea con motivos de estudio como para desarrollar tareas laborales.

El legislador bonaerense se expresó en contra del excesivo aumento de los peajes argumentando que “dichos incrementos lesionan gravemente la economía de los residentes de los Partidos que recorren las rutas 2, 11, 56, 36 y 74, que por distintos motivos deben trasladarse, sobre todo a aquellos que lo hacen periódicamente, a otras localidades utilizando las rutas provinciales. Mantener estos aumentos en los niveles exorbitantes que fueron conseguidos sin contar con la previsión de un desarrollo de obras, no sólo es una pésima decisión que afectará las economías personales y regionales de los bonaerenses, sino también constituye un alto riesgo de hacer sufrir a la provincia grandes costos judiciales”.

Es de destacar que ya previamente la Justicia ha obligado a volver atrás otros aumentos en peajes. Así sucedió a principios del 2012 cuando la Cámara Federal de La Plata avaló el fallo de primera instancia que impidió nuevos ajustes en las tarifas de los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y ratificó que “sin obras no habrá incremento en los precios”.

MAR DEL PLATA

Las fuerzas que componemos el Frente Amplio Progresista creemos que nuevamente la ciudadanía paga las consecuencias de un nuevo y arbitrario aumento en el precio del pasaje del transporte público de pasajeros.

Con el compromiso de construir una sociedad más justa y libre, entendemos que es fundamental abordar las cuestiones de fondo en torno al servicio de transporte público.

Y por lo tanto la prestación de servicios públicos de calidad constituye una de las principales herramientas de inclusión y desarrollo. El transporte urbano es, en definitiva, un servicio esencial para el desenvolvimiento cotidiano de las ciudades.

Este servicio resulta indispensable para la gran mayoría de nuestros vecinos de manera que entendemos que la rediscusión, la planificación y la ejecución de políticas integrales y abiertas que al transporte público se refieran, resultan hoy ineludibles.

Como todos los años, el ejecutivo municipal se dispone a materializar un aumento en la tarifa desproporcionado y arbitrario. Con la complicidad silenciosa de otros sectores políticos y sociales que no están dispuestos a promover un verdadero debate que pueda generar incomodidades en las empresas privadas involucradas en la prestación del servicio.

Si bien el oficialismo municipal forma parte de un dispositivo político provincial y nacional que se obstina en negar sistemáticamente los niveles inflacionarios que caracterizan a nuestra economía, entendemos que en un contexto de tales características es natural y entendible el reacomodamiento de algunos precios. Ahora bien, no comprendemos este debate como una negociación bipartita entre el Estado municipal y un sector privado, donde el primero sugiere un costo de $3,97 y el segundo aspira a un pasaje de $4,10 y a partir de allí comience una rápida y eficaz negociación hasta llegar a un pasaje final que en cualquier caso significará un aumento mayor al 22%.

Tampoco entendemos este debate como una cuestión de “costos y precios” sino como la prestación de un servicio fundamental para los vecinos que merece una discusión integral: ¿Son las condiciones y estado de las unidades puestas en debate cuando se discute el valor del pasaje? ¿Lo son los escasos puestos de carga? ¿El incumplimiento de las frecuencias? ¿La falta de seguridad en las paradas, especialmente en horario nocturno? ¿El diseño de los recorridos? ¿Se discute un plan de inversión que contemple lo no cumplido hasta el momento por la prestataria ni exigido por el estado municipal? O incluso más, en el marco del Plan Estratégico y el Plan Maestro de Transporte no se perciben avances de ningún tipo en relación a estas y nuevas opciones de ejecución que mejoren el servicio.

Tampoco aceptamos natural el supuesto traslado de costos al precio del pasaje. Esa premisa encierra la teoría de la “inflación de costos” cuyo único sentido es justificar la invariabilidad en los márgenes de ganancias privados sin debatir el servicio.

Por ello, entendemos necesario el anhelado debate acerca del sistema integral de transporte público de nuestra ciudad. Y ratificar que las formas en ocasiones constituyen el fondo. Y cuando las formas implican complicidad o devolución de favores, en el fondo se construye metodología lejana a los vecinos y con escasa transparencia.

Por último ratificar que debe replantearse la tesis hasta ahora inamovible de que son los usuarios mismos quienes deben financiar en su totalidad tal aumento alejándose del concepto de servicio público. Entendemos que como tal, es el Estado quien debe garantizar inclusión y redistribución y resulta esencial en ese sentido diseñar una nueva política para afrontar el financiamiento del servicio.

El Frente Amplio Progresista (FAP) entiende que el progresismo es progreso centrado en las personas. Y pensando en los trabajadores, profesionales, estudiantes creemos que merece la pena debatir si el transporte público es meramente un bien de cambio o un derecho del conjunto de la sociedad. De manera que no avalamos ningún proceso de aumento que no permita considerar al usuario y sus necesidades.

Pablo Farías Diputado Provincial GEN/FAP
Alfredo Lazeretti Diputado Provincial PS/FAP
Martín Carrasco Sec Gral partido GEN
Alberto Fallacara Sec Gral Partido Socialista
Juan Pablo Malagutti Mov Libres del Sur

A través de un proyecto de ley, el legislador Pablo Farías (GEN-FAP) sostuvo que es observable a simple vista que en el tramo comprendido entre el kilometro 394 y 397 “no existe la presencia de cartelería alguna que informe y advierta al conductor de la existencia de un radar fiscalizador de velocidad”.

Farias explicó que “el artículo 28 bis (de la ley 13.927) determina que cuando se utilicen instrumentos, sistemas automáticos o semiautomáticos fotográficos o no, para medir la velocidad deberá señalizarse verticalmente su existencia con una antelación mínima de quinientos (500) metros a la zona de alcance de los elementos de detección de infracciones del equipo de que se trate”.

“La importancia de la óptima señalización de estos instrumentos radican en la inviolabilidad del derecho de defensa de los conductores, ya que en el caso de que no hubiera señalización, este no podría determinar si hubo o no violación alguna a lo establecido por la norma”, afirmó y agregó que “hicimos un recorrido acompañados por un Escribano Público y pudimos constatar en diversas oportunidades la inexistencia de cualquier tipo de señalización en el lugar”, añadió el diputado marplatense

Por último, Farías destacó que “la ley 13927 establece la anulación de oficio de todas las multas realizadas en este tramo de la Ruta N2, pero también persigue ser conteste en la prevención de accidentes por exceso de velocidad. Es por ello que si bien se anula la multa se establece que la infracción no será eliminada del Registro Único de Infractores de Transito para aquellos conductores que hayan realizado la contravención por la cual recibieron la multa”.

El diputado Pablo Farías, autor de la iniciativa explicó que “hasta ahora las demoras en los trámites para la radicación de una industria oscilaban entre los 6 meses y un año. Por eso ésta es una herramienta muy importante para nuestros municipios”.

El proyecto de Ley propone una modificación de la actual ley 11.459 y su Decreto Reglamentario 1741/1996 para permitir a la Provincia de Buenos Aires la suscripción de Convenios de pre categorización con los Municipios que cuenten con el personal técnico capacitado para facilitar la radicación de industrias en la provincia.

Farías explicó que “pudimos trabajar con los sectores productivos de Mar del Plata que nos marcaron las dificultades que tenían a la hora de la radicación de industrias en los municipios y que implicaban primero categorizar, para después obtener el certificado de aptitud ambiental y luego iniciar el trámite en el municipio para la habilitación y posterior construcción”.

En este sentido, el diputado concluyó que esta “va a ser una herramienta esencial para los municipios que afrontan la problemática de la desocupación y requieren de la ampliación de su parque industrial con plazos para la radicación mucho menores que en la actualidad”.