DESDE EL FAP PROPONEN MODIFICAR LA LEY ELECTORAL PROVINCIAL A CAMBIO DE DISCUTIR NUEVO PAQUETE IMPOSITIVO

Legisladores de la oposición pretenden que el oficialismo modifique la Ley Electoral de la provincia como condición para comenzar a discutir en la Legislatura bonaerense el paquete impositivo que en los próximos días enviará el Ejecutivo provincial.

“Si quieren sancionar un nuevo ajuste impositivo en septiembre, deberán estar dispuestos a cambiar el régimen electoral de la Provincia, que es una pretensión legislativa desde hace varios años”, expresó el diputado del FAP, Abel Buil, vicepresidente III de la Cámara Baja.
 
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de varios diputados opositores, propone de esta manera lograr “consenso y equilibrio” en las leyes que se sancionaron en la Legislatura en el último año.
 
Según explicó el legislador, proponen modificarla Ley Electoral para “volver al sistema D’Hont, que respeta la proporcionalidad que nos indica el texto de la Constitución Provincial, y es el sistema por el cual se eligen los diputados nacionales”.
 
“No puede ser que un partido que alcance el 34% de los votos en una elección se lleve el100% de los cargos en disputa, como ocurrió en la sección La Plata en el año2011, donde los tres senadores pertenecen al mismo partido”, expresó Buil, al tiempo que agregó que esta situación “se hace extensiva también a la elección de concejales y consejeros escolares”.
 
“Está en juego la democracia y la posibilidad de que exista debate plural en la legislatura, por eso vamos a pedir esta modificación que es parte de la agenda legislativa que pretende la oposición. Si el oficialismo tiene el gesto deponer en agenda este tema pendiente, podemos analizar las nuevas leyes que se enviarán desde el Ejecutivo”, concluyó.

Legisladores bonaerenses de la oposición en la Corte por los fondos de la provincia

Senadores y Diputados de la oposición realizaron una presentación ante la Corte Suprema de la Nación para reclamar la restitución de los fondos de coparticipación que la Nación retiene indebidamente luego de la re estatización de las AFJP. Por ese concepto la Provincia podría haber recuperado desde 2008 más de 14 mil millones de pesos.

Los bloques de legisladores bonaerenses de la CC-ARI, FAP, Alternativa Peronista, Lealtad Peronista, Pro-Peronismo, Proyecto Bonaerense, UCR y Unión Celeste y Blanco presentaron ante el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación un recurso para revalidar el pedido por los fondos de coparticipación provinciales, en consonancia con el planteo realizado por la provincia de Santa Fe.

Los legisladores sustentaron ante la Justicia las denuncias realizadas en la Legislatura provincial contra el Pacto Fiscal que en 1992 estableció la Nación con las provincias y por el cual éstas cedieron el 15 por ciento de los fondos de coparticipación para financiar las AFJP.

“Reforzamos el pedido ante la Corte porque denunciamos la arbitrariedad del Gobierno nacional en la retención de fondos de las provincias y la inacción del gobernador Daniel Scioli que sólo este año podría haber obtenido cerca de 5200 millones de pesos por este concepto”, aseguraron los presidentes de los bloques. Por ejemplo, con esos recursos la provincia podría construir 100 nuevas escuelas ó 25 mil viviendas sociales con terreno.

Los legisladores consideraron que las circunstancias que sostuvieron el Pacto Fiscal de la Nación con las provincias quedaron sin efecto a partir de 2008 por la re-estatización del sistema previsional.“Las circunstancias que generaron el aporte solidario de las provincias cambiaron sustancialmente, por lo tanto pedimos la devolución de esos fondos que son imprescindibles para el presupuesto provincial para los servicios esenciales de salud pública, educación, seguridad, justicia rutas, entre otros”.

La provincia de Buenos Aires, paradójicamente, acaba de tomar deuda con ANSES por 600 millones de pesos a una tasa del 16 %. Por lo tanto, aporta a esa caja, en concepto de coparticipación, un monto que anualmente representaría más de 8 veces lo solicitado para afrontar el pago de aguinaldos.

Por otro lado, la “cesión de fondos” acumulada durante estos 4 años es de 14 mil millones de pesos que equivalen, al déficit fiscal previsto para este año y representan 6 veces el impacto de la suba de impuestos aprobada hace unos meses.

Por último, los legisladores señalaron “queremos demostrar que el impacto financiero generado por el cambio de condiciones señala la extinción de los motivos que originaron la firma del acuerdo y la irregular retención de dinero genuino de las provincias. La ausencia de esos 5200 millones de pesos significan más deuda, más impuestos y desinversión para la provincia de Buenos Aires”.

NO PODEMOS PERMITIR LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL BONAERENSE 

El diputado del Frente Amplio Progresista Juan Carlos Juárez se manifestó a favor de defender el sistema previsional de la Provincia, y advirtió sobre una posible intromisión del gobierno nacional.

El diputado lujanense declaró, “desde el FAP queremos poner en alerta que no vamos a acompañar ningún tipo de modificación que atente contra los derechos de los jubilados y pensionados bonaerenses” e hizo referencia a un potencial pedido del gobierno nacional para armonizar los sistemas previsionales, tal como está ocurriendo con la provincia de Córdoba.
 
En este sentido, el legislador advirtió, “en la provincia de Buenos Aires tenemos que seguir protegiendo el sistema previsional y no permitir que los jubilados y pensionados corran el riesgo de perder la movilidad en el cobro de sus haberes”.
 
Seguidamente, Juárez explicó “no podemos dejar que en nuestra Provincia suceda lo mismo que en Córdoba, donde el gobierno nacional le está reclamando a su gobernador José Manuel de la Sota la armonización de su sistema previsional con el nacional”.
 
El pedido del poder central al cordobés se basa en el convenio 400/04 firmado también en su momento por el ex gobernador, Felipe Solá y ratificado por Daniel Scioli, el cual “deja abierta la posible intromisión del gobierno nacional en el sistema previsional bonaerense” recordó Juárez. “Más allá del convenio 400/04 que se firmó por los fondos que recibía Buenos Aires por la Anses y que nunca fueron destinados al IPS sino para tapar el déficit, no podemos permitir la modificación del sistema jubilatorio bonaerense” indicó el diputado y argumentó, “porque el Instituto de Previsión Social ha funcionado correctamente, existen derechos de autonomía adquiridos y plasmados en la Constitución de la Provincia y porque este organismo presenta superávit, a pesar de que Scioli ha tomado fondos para financiar los faltantes de sus malas gestiones”.
 
“El gobierno de Córdoba reclama los fondos que le corresponden y nosotros como oposición bonaerense también, porque ese 15% que en su momento las provincias relegaron a favor del gobierno nacional para el sistema previsional se dio en el marco de una privatización, hoy no corresponde porque es estatal”, indicó el diputado.“En Córdoba ha habido un retraso en la actualización de los haberes y se ha incrementado la edad de jubilación, no queremos que eso suceda en Buenos Aires porque no corresponde políticamente, jurídicamente e institucionalmente”, concluyó Juan Carlos Juárez.

SANCIÓN DE LA LEY DE HUMO

Por Marcelo Díaz

El titular del Bloque de diputados provinciales del FAP, Marcelo Díaz, expresó su “beneplácito” por la sanción por parte del Senado bonaerense de la Ley que extiende la prohibición de fumar, a las salas de bingos y locales gastronómicos.

“La sanción de esta Ley, de la que soy autor de su reproducción y por la que trabaje mucho estos años, y que espero que se reglamente en forma urgente – sostuvo Díaz –, pone un manto de equidad o mejor dicho, elimina los privilegios que con el que contaban las salas de juego en desmedro de otras grandes superficies”.
 
“Ahora – agregó el legislador del FAP -,desde nuestro bloque estamos dispuestos a debatir seriamente la problemática del juego, así como también, entendemos que resulta necesario propiciar una reforma integral al sistema de concesión de licencias otorgadas para la explotación de salas de juego de azar, abarcando aspectos tales como la cantidad de bingos existentes, su distribución no solo dentro del territorio provincial (creemos deben estar en lugares de veraneo o esparcimiento), sino también su ubicación en los distritos autorizados; cantidad de máquinas tragamonedas, y el control que el Estado ejerce o debe ejercer sobre ellas”.
 
Por último, además de solicitar campañas de prevención permanentes y efectivas contra la ludopatía, Díaz criticó el hecho de que todo este tiempo se abordó el temas desde el espíritu recaudatorio que imprime esta administración al juego, lo que consideró “una verdadera perversidad por parte del Estado Nacional y Provincial”.

NO SE PUEDE AVALAR LA DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO DEL OFICIALISMO


El diputado bonaerense del FAP, Juan Carlos Juárez, consideró “incorrecto” e “inadmisible” que el gobierno de la provincia de Buenos Aires designe como titular de la Fiscalía de Estado a “alguien que está ocupando un Ministerio y es miembro del oficialismo”.

Cabe recordar que la titularidad de la Fiscalía de Estado quedó vacante por el fallecimiento de quien fue su titular durante 25 años, Ricardo Szelagowski, y ahora el gobierno debe proponer un candidato para que sea avalado por la Cámara alta de la Provincia.

El legislador argumentó su postura al expresar que “es un organismo de control y debiera estar presidido por una persona que no tenga vinculación directa e indirecta con el Ejecutivo bonaerense”.

“La Fiscalía de Estado ayuda a la transparencia del ejercicio de la gestión pública de la Provincia y es lo quela ha caracterizado a la fecha. No se puede avalar la designación de un miembro del oficialismo”, advirtió el diputado lujanense.

“En los 30 años de democracia, la provincia de Buenos Aires se destacó por tener órganos de control que eran conducidos por personas que no pertenecen al oficialismo, en esta oportunidad hay que seguir con esa línea histórica”, indicó Juárez.

Seguidamente, el legislador expresó, “en caso de que Scioli designe a un miembro de su gobierno para ocupar el lugar vacante en el organismo de control, estaría tomando decisiones similares a las del Ejecutivo nacional”.

Finalmente, para Juárez la titularidad de la Fiscalía de Estado “puede ser ocupada por cualquier persona que tenga la idoneidad, capacidad y experiencia para el cargo”, ya que “la transparencia es uno de los reclamos que tiene la sociedad frente al manejo de la cuestión pública”.