Diputados aprobó iniciativa del FAP para la remisión de todas las prórrogas a bingos


A través de una iniciativa parlamentaria suscripta por el titular de la bancada del FAP, Marcelo Díaz, y aprobada por unanimidad.

La Cámara baja bonaerense inquirió al Poder Ejecutivo sobre los alcances en la ampliación en las licencias a salas de juego que vencían entre 2013 y 2015, y que fuera dispuesto por el Gobernador con el fin de recaudar para hacer frente al pago del sueldo anual complementario de los empleados públicos.

Al respecto, el diputado Díaz señaló que “desde nuestro bloque estamos dispuestos a debatir seriamente la problemática del juego, así como también, entendemos que resulta necesario propiciar una reforma integral al sistema de concesión de licencias otorgadas para la explotación de salas de juego de azar, abarcando aspectos tales como la cantidad de bingos existentes, su distribución no solo dentro del territorio provincial, sino también su ubicación en los distritos autorizados; cantidad de máquinas tragamonedas, y el control que el Estado ejerce o debe ejercer sobre ellas”.

En ese orden, también requirieron “campañas de prevención permanentes y efectivas contra la ludopatía, así como también, que de una vez por todas el Vicegobernador sancione la denominada Ley de Humo, que prohíbe fumar en todos esos establecimientos, los que hoy gozan de ese privilegio sobre el resto del comercio”.

Por último y sin entrar en debate sobre si el juego debe ser estatal o privado, Díaz criticó el hecho que se aborde los temas desde el espíritu recaudatorio que imprime esta administración al juego, lo que consideró “una verdadera perversidad por parte del Estado”.

Reiteran “preocupación” por falta de convocatoria a intendentes por fondos


LA PLATA, ago 09 (DIB).- El diputado bonaerense del FAP, Abel Buil, expresó su “preocupación” por la actitud adoptada por el Gobierno Nacional “para asignar y priorizar la ejecución de obras públicas” sólo a intendentes oficialistas, discriminando a aquellos jefes comunales “que no comparten esa identificación.

Según Buil, “dicho mecanismo conlleva una gravedad institucional sin precedentes”, ya que al ser el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien lleva adelante las reuniones, se “prescinde de la opinión, consulta y acuerdo o desacuerdo del gobernador, de decenas de intendentes y de cientos de miles de bonaerenses, que son discriminados por el sólo hecho de residir en distritos que no comulgan con el oficialismo nacional”.

En esta línea, el vicepresidente III de la Cámara advirtió que “el cuidado de las relaciones institucionales implica no sólo un formalismo que ayuda a llevar adelante gestiones entre hombres y mujeres de disímiles pensamientos, sino que tiene que ver con la idea de igualdad en que deben estar todos los ciudadanos frente a las políticas públicas del estado”.

A su vez, el legislador instó al “Gobierno de la provincia de Buenos Aires a recuperar el protagonismo en la definición de las prioridades en materia de ejecución de obras, tanto en las financiadas con recursos provinciales como en las financiadas con recursos nacionales, consultando y consensuando con todos los intendentes de la provincia”.

Las medidas impulsadas por Scioli son una falta de respeto hacia los trabajadores


El diputado bonaerense del Frente Amplio Progresista Juan Carlos Juárez acusó al gobernador de recurrir a medidas “menemistas” al plantear controles en el ausentismo y la otorgación de licencias médicas al personal estatal.

El legislador, integrante de la Comisión de Educación en la Cámara baja, aseguró “como el gobernador Scioli tiene temor de reclamarle al gobierno nacional los 13 mil millones de pesos que le corresponden a su administración por la ley de coparticipación, recurre a una medida propia y clásica del menemismo que es ajustar a los trabajadores”.

Con respecto al control de personal estatal, en especial a los docentes, el diputado del FAP explicó “existe legislación vigente que establece cómo se debe actuar en casos de licencias, esta medida del gobernador es una amenaza inadmisible que atenta contra la dignidad de los trabajadores, porque hay una clara decisión de amedrentarlos”.

Seguidamente, el lujanense manifestó que los estatales se encuentran en condiciones de trabajo “no respetadas, con un nivel salarial bajo, ya que no alcanzan a cubrir gastos mínimos”, y destacó la labor de los docentes, quienes en la mayoría de los casos “se tienen que desplazar para cubrir horarios y acumular horas que le permitan cobrar un sueldo para llegar a fin de mes”. De la misma manera explicó “si hay algo que ha caracterizado a los maestros provinciales es que llevan adelante su tarea sin tener, muchas veces, los recursos necesarios para desarrollar la actividad educativa”.

“Rechazamos esta medida del gobierno; Daniel Scioli debería sentarse con los docentes para mejorar la calidad educativa, tener una infraestructura acorde, y optimizar el servicio de los comedores escolares”, aconsejó el diputado.

“Esta actitud de Scioli, de falta de respeto y consideración hacia los trabajadores, es solo comparable a la época de Carlos Ruckauf”, sentenció Juárez.

La oposición se aglutina y reclaman fondos para Scioli


Capitaneados por el presidente del bloque del Frente Amplio Progresista, Marcelo Díaz, los presidentes del resto de las bancadas opositoras, Marcelo Di Pasculi (Pro Peronismo), Walter Carusso (UCR), Ricardo Jano (UCR), Mónica López (Unión Celeste y Blanco), Walter Martello (Coalición Cívica-ARI), Jorge Solmi (Proyecto Bonaerense), Ricardo Lissalde (Alternativa peronista) y Jorge Mancini (Lealtad Peronista); alcanzaron un precario acuerdo para presentar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La totalidad de los jefes de las bancadas opositoras que habitan la Cámara baja provincial alcanzaron un acuerdo para avanzar en forma conjunta con una presentación judicial por medio de la cual se le reclamará a la administración nacional la restitución del 15% de la masa coparticipable que aquella retiene para financiar el sistema provisional, como consecuencia del Pacto Fiscal del año 1992.
 
Cabe consignar que las bancadas opositoras no lograron alcanzar los dos tercios en la última sesión de diputados para aprobar una la resolución donde se consignaba como punto uno; “Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que requiera a la Fiscalía de Estado la promoción de acciones judiciales tendientes a reclamar a la Nación la devolución del 15% que ésta retiene de la masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo segundo de la ley 23.548 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales, por aplicación de la cláusula primera, inciso a), del ‘Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales’, suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por ley 24.130”.
 
Ahora los diputados comparten un borrador donde se detallan los alcancen del escrito que pretenden llevar a la Corte Suprema de Justicia Nacional siguiendo los pasos de la provincia de Entre Ríos, acompañado bajo la figura de “Amicus Curiae” en la causa que la Provincia de Santa Fe y otras iniciara a efectos de reclamar la devolución de la masa de recursos coparticipables, específicamente tendientes a reclamar a la Nación la devolución del 15% que ésta retiene para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales.
 
De esta forma la oposición bonaerense cerró fila formalmente ante una iniciativa que, en estos últimos tiempos, los diputados nacionales Margarita Stolbizer y Adrian Pérez habían anunciado en la Capital Federal.
 
Hoy los diputados quedaron en línea y decidieron realizar una reunión conjunta con los senadores mientras se especula sobre el alcance que podría tener la audiencia con la Corte Nacional y la efectividad de la iniciativa. En principio celebran la unión del arco opositor aunque sea puntual y “sin proyección política-electoral alguna”, según se encargaron de aclarar.

Desde el FAP manifestaron preocupación por la situación con respecto a los rellenos sanitarios


El diputado bonaerense del Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Juárez, presentó un proyecto de solicitud de informes para que el gobierno de la Provincia responda sobre la posible instalación de un nuevo relleno sanitario en la localidad de José León Suarez, partido de General San Martín.

Con respecto al marco legal que autoriza este emprendimiento, el legislador pregunta si se han efectuado los estudios de factibilidad técnica y de impacto ambiental sobre la zona a instalar la planta; y si se ha puesto en marcha algún mecanismo de consulta ciudadana o audiencias públicas a fin de informar y recabar la opinión de los vecinos de la comunidad.
 
En general, el diputado consulta acerca de las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y/o procesamiento, centros de disposición final de residuos actualmente en funcionamiento, y/o en proceso de autorización, licitación, construcción, próximos a operar o con algún tipo de proyección a futuro, en la Provincia de Buenos Aires.
 
El diputado Juárez explicó al respecto, “la realidad operativa y la cantidad de residuos generados han llevado a una situación crítica provocando el cierre de los rellenos sanitarios de González Catán y Ensenada, quedando habilitado únicamente el Centro de Disposición Final denominado Norte III, ubicado en José León Suárez, partido bonaerense de San Martín”.
 
“Actualmente circulan distintas versiones sobre la creación de nuevos centros de tratamiento y disposición final de residuos en territorio bonaerense, que serían receptores de los residuos domiciliarios del conurbano bonaerense, pero también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó el legislador de la primera sección electoral.
 
“Según información publicada en medios de comunicación – explicó – el Área Metropolitana envía aproximadamente unas 15.700 toneladas de basura por día a la CEAMSE. De ellos casi 6300 toneladas de desperdicios son generados en suelo porteño y 9400 toneladas por 33 municipios provinciales. Esto significa que la Ciudad de Buenos Aires suma el 40% de lo depositado”.
 
Seguidamente, el diputado advirtió “está claro que la CEAMSE no dispone de la capacidad para acumular ese volumen de desechos y, de acuerdo a la información disponible, al relleno sanitario con acceso por José León Suárez, Partido de General San Martín, sólo le queda disponible el 18% de su capacidad, por lo que sería necesaria la búsqueda de nuevas localizaciones, siendo uno de los posibles destinos de radicación de una planta de tratamiento y procesamiento de residuos un terreno aledaño al complejo Norte III” y agregó “esta noticia, que mantiene en estado de alarma a la comunidad, se da en un marco de versiones encontradas en los distintos niveles de gobierno: nacional, de la Ciudad, provincial y municipal”.
 
Por otra parte, el diputado lujanense expresó “la evaluación de impacto ambiental tiene por objeto valorar los impactos positivos pero también enfocar los aspectos negativos, con la finalidad de precisar su alcance y la forma de minimizarlos, evitando las consecuencias dañinas para el medio ambiente y la salud de la población, ya que registra y valora de manera sistemática y global todos los efectos potenciales de un proyecto, debiendo éste enfoque complementarse con la consulta a la comunidad, antes del inicio de un proyecto”.
 
“Es indispensable que en las políticas de gestión de residuos intervengan el municipio y el vecino. Es una problemática que afecta muy de cerca a la comunidad, que debe ser informada y escuchada, más aun cuando se pretende que carguen con el pasivo ambiental de toda la región”, manifestó finalmente Juárez.