Categoría: Diputados Provinciales

Se trata de una iniciativa del Diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), donde se afirma que “la carne de vacas criadas a campo abierto y alimentadas a pasto es más rica y saludable que la proveniente de los corrales de engorde o feedlot”.

Se trata de una iniciativa del Diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), donde se afirma que “la carne de vacas criadas a campo abierto y alimentadas a pasto es más rica y saludable que la proveniente de los corrales de engorde o feedlot”.

El proyecto de Ley promovido por el legislador Santiago, establece en el artículo primero que “todos los supermercados de la Provincia de Buenos Aires que vendan carnes, deberán colocar carteles en las heladeras donde se identifique si la carne que se encuentra, pertenece a feedlot o pastura”. Asimismo, el órgano de aplicación de esta norma determinará sanciones a quienes la incumplan.

Santiago, oriundo de la ciudad de Rojas y Vicepresidente II de la Cámara baja, precisa que las carnes de vacas “criadas a campo abierto y alimentadas a pasto no sólo es más rica y saludable que la proveniente de corrales de engorde, sino que su producción resulta más sustentable y menos cruel con los animales”.

Luego de recordar que en los últimos años la soja fue copando la mayoría de las tierras productivas del país y la Provincia, Santiago aclara que “el ganado fue confinado a los modernos corrales de engorde, donde, entre otras cosas, permanece prácticamente inmóvil y recibe una alimentación ajena a su naturaleza, a base de granos”.

Según el representante de los ciudadanos de la Segunda Sección bonaerense en la Legislatura, “las diferencias no son sólo estéticas o perceptibles al paladar: la carne de feedlot también resulta menos nutritiva y saludable que la obtenida de ejemplares criados a campo abierto, mientras que su producción conlleva un impacto ambiental superior”.

La iniciativa también menciona que en la elección de los cortes bovinos los consumidores priorizan la calidad nutricional de la carne y el efecto que tiene en la salud, buscando para ello cortes magros, que tengan poca grasa y bajo contenido de grasas saturadas.

“Científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -destaca otro fundamento del proyecto-, han descubierto que la carne producida en feedlot posee un grado mayor de colesterol en comparación con la natural. ´Habría que impulsar la diferenciación en cuanto a la cantidad de grasas de las carnes´, opinó Pilar Teresa García, del Departamento Alimentos del INTA, que comprobó que los vacunos de engorde a corral tienen propensión a formar elevados índices de grasa intramuscular”.

De acuerdo a ese Departamento del INTA, 70 gramos de carne cocida proveniente de feedlot poseen hasta 6% de grasa intramuscular que nos aportan alrededor de 3 gramos de grasa saturada, mientras que en las pastoriles el porcentaje alcanza apenas un 1 por ciento.

Tomando como referencia los descubrimientos científicos de nuestro país, Santiago explica que “ellos hacen hincapié en la relación entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, y los especialistas recomiendan disminuir los primeros ácidos e incrementar los segundos. Preocupados por esta relación, recomendaron desde el INTA la necesidad de aumentar el aporte de pasto en la nutrición del ganado para aumentar el aporte de omega 3”.

Cabe recordar que el empleo de las harinas de carnes, hueso o sangre para la alimentación del ganado en los establecimientos de engorde a corral fue prohibido en la Argentina en 1995; de acuerdo a estudios científicos, ésta habría sido una de las causas más probables de la aparición del mal de la vaca loca en la Unión Europea (UE) a principios de la década del noventa.

Por último, Santiago reflexionó “Debido a que somos lo que comemos y que es importante la identificación de donde provienen nuestros alimentos, es necesario que se identifique en los supermercados si la carne pertenece a feedlot o pastura”.

La afirmación del legislador Jorge Santiago (GEN-FAP) fue hecha al presentar una iniciativa que modifica la Ley 14.556, sobre políticas de educación para la salud, norma que omitía incluir la actividad física y los buenos hábitos alimentarios.

El proyecto de Ley impulsado por Santiago en la Cámara de Diputados bonaerense, lo que hace es mejorar la Ley 14.556, ya que si bien ésta introdujo en el sistema educativo provincial estrategias de enseñanza para la salud, no explicitaba la relevancia de educar a niños, niñas y adolescentes en cuanto a los hábitos alimentarios saludables.

Puntualmente, se modifica el artículo 15 de la citada norma, donde ahora se establece con claridad que “el Ministerio de Cultura y Educación deberá suministrar material de difusión y elaborar campañas de concientización con criterio pedagógico, teniendo en cuenta cada nivel educativo con las pautas y guías de alimentación saludable, e información que resulte relevante, tales como: La importancia de la alimentación saludable y la actividad física, en la etapa de crecimiento y desarrollo; fomento de la actividad física diaria, curricular y extracurricular; e importancia de la prevención de enfermedades provocadas por la mala alimentación y la inactividad física”.

Además, el Diputado incorpora otro ítem donde se instituye que “las instituciones educativas deberán cumplir con los estándares de calidad y cantidad de educación y actividad física, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).”

Santiago, en su carácter de representante de los 15 partidos de la Segunda Sección bonaerense, aclaró que habrá una Comisión Interministerial para realizar un control anual “fiscalizando que se cumplan con las obligaciones de la presente ley”, y que en caso que inobservancia a ellos se aplicara la sanción que corresponda.

“La actividad física diaria -se fundamenta en la iniciativa-, junto con hábitos de alimentación saludable, son los dos pilares esenciales para asegurar al niño desarrollar una vida plena y sana. La alimentación, la educación, la salud y el desarrollo, son institutos fundamentales tutelados por la Convención de los Derechos del Niño”.

De acuerdo a relevamientos internacionales, se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial: es decir el 6% de las muertes registradas en todo el mundo; la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21% – 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes, y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica.

El proyecto también precisa que la “actividad física” no debe confundirse con el “ejercicio”. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.

Finalmente, Santiago recuerda que “aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea”.

La iniciativa corresponde al Diputado Jorge Santiago (GEN-FAP), en los casos de desacuerdo “en el convenio regulador del divorcio”, y en sintonía con las reformas y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 2015.

El proyecto de Ley presentado por Santiago en la Legislatura bonaerense promueve la derogación del artículo 646 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, e incorpora a partir de ahora el artículo 648 bis.

En el nuevo párrafo se establece que “en caso de desacuerdo en el convenio regulador del divorcio, o si el mismo perjudica de modo manifiesto a los intereses de los integrantes del grupo familiar, se sustanciara por las normas del proceso más breve que la ley local prevea. En ningún caso suspende el dictado de la sentencia de divorcio.”

Esta iniciativa tiene como finalidad adecuar las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las recientes modificaciones sufridas por la unificación y modificación del Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015.

Tras recordar que en agosto de 2015 empezó a regir, para todos los habitantes del país, un nuevo régimen referido a los derechos civiles y comerciales de los mismos, Santiago precisa que en el nuevo Código “se introdujeron importantes modificaciones referidas a varios institutos del derecho privado, entre ellos el matrimonio, de tal manera que se generaron ciertas incompatibilidades entre las normas receptadas en el nuevo código de fondo y aquellas que figuran en el Código de Forma redacto en el año 1968, con sus respectivas modificaciones por el Congreso de la Provincia de Buenos Aires”.

Es de destacar que en materia de divorcio, el nuevo Código produjo una objetivación al establecer que el mismo podrá ser a pedido unilateral de uno de los cónyuges o de común acuerdo, cuando así lo crean conveniente, quedando a su íntima reserva los motivos que llevaron a optar por tal decisión y destacando así la autonomía de la voluntad garantizada en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

“Estimo conveniente -expresa el Diputado nacido en Rojas- derogar el artículo referido a la cesación de la obligación alimentaria en caso de que se compruebe la culpa del alimentado para decretar la sentencia de divorcio, ya que fueron suprimidas las causales subjetivas que el código anterior receptaba como “causales de divorcio”, quedando establecidos los deberes de cooperación y convivencia como meras pautas orientativas y el de fidelidad como un deber moral, de tal modo que su incumplimiento no acarrearían consecuencias jurídicas”.

Asimismo, Santiago señala que al nuevo Código fue incorporado como requisito esencial para el dictado de la sentencia de divorcio que “toda petición sea acompañada por la presentación de un convenio regulador de los efectos derivados de este, ya sea de manera conjunta o unilateral. En este último caso, la parte peticionante presentara su propuesta y la contraparte deberá aceptarla o adjuntar una distinta”.

El nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 438, hace referencia que en el caso de existir desacuerdo sobre los efectos del divorcio deberán quedar plasmados en dicho convenio regulador, o que si el mismo perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, se deberán resolver conforme al procedimiento previsto por la ley local.

El Diputado Santiago finaliza su proyecto resaltando: “Creo conveniente la incorporación de la regulación de dicha normativa de modo que no se genere, lo que comúnmente se denomina como un vacío legal, es decir la omisión de la regulación expresa de una determinada situación jurídica, ya que la normativa de fondo remite a la ley procesal correspondiendo su dictado a la Provincia; y de tal modo no quede a libre interpretación del juez el modo en que debe proceder, ya que se estaría perturbando la seguridad jurídica del afectado”.