Lo dijo el legislador Jorge Santiago (GEN-Frente Amplio UNEN), al fundamentar su Proyecto de Ley que prevé instalar un sistema de monitoreo al interior de taxis y remises. Las imágenes obtenidas tendrán carácter confidencial y sólo podrán ser requeridas por un juez.
Ante el incremento y proliferación de hechos de inseguridad, acaecidos a personas mientras viajan en taxis o remises, e incluso circunstancias donde son víctimas los propios conductores de los vehículos, el Diputado provincial Jorge Santiago presentó esta semana un proyecto atacando dicha problemática.
También es común ver, ante este tipo de delitos, que los Magistrados no cuentan con elementos concretos para investigar, sancionar y reparar el daño causado a los habitantes de esta provincia. Por tal motivo, el Proyecto de Santiago comienza señalando que “las imágenes obtenidas tienen carácter confidencial, y sólo podrán ser requeridas por Jueces que se encuentren abocados a la investigación de causas contravencionales o penales”.
La norma en cuestión propone autorizar a los permisionarios de taxis y remises a utilizar video-cámaras para grabar imágenes en el interior de los vehículos, con el
objeto de asegurar la protección de los usuarios, conductores y vehículos
afectados. Con este nuevo dispositivo tecnológico se busca “prevenir y constatar delitos y los daños causados a las personas y los bienes”.
En virtud de que con esta norma se transita la lábil frontera entre la inseguridad/intimidad de las personas, el Artículo 3 explicita tres casos en los que “no se podrán utilizar” videocámaras:
a) No podrán captar imágenes del interior de propiedades privadas distintas al vehículo en el que fueron colocadas, excepto por autorización judicial expresa, con carácter previo;
b) Cuando se afecte de forma directa, grave y sin justificación, la intimidad de las personas, no obstante estar situada en el interior del vehículo;
y c) No podrán captar sonidos. El conductor del taxi o remís estará exceptuado
de lo dispuesto en el presente inciso, ante un hecho delictual del cual fuere
víctima, supuesto en el que a partir de la activación de un botón de pánico podrá transmitir sonidos desde el interior del automóvil hacia las fuerzas de seguridad”.
El Diputado oriundo de Rojas resaltó en su proyecto que los responsables de la operación y manejo de videocámaras y otros equipos, “deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confidencialidad de las imágenes y datos por ellas obtenidos, evitando su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado”. Y de acuerdo a lo especificado en la Ley 25.326 de Datos Personales.
Asimismo y en el caso del incumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos en la novel Ley, por parte de los operadores de videocámaras u otros equipos análogos, “será considerado falta grave, correspondiendo a los infractores las sanciones previstas en el Capítulo II del Código de Faltas”.
Santiago resaltó que las imágenes que se obtengan “deberán ser conservadas por un plazo de seis (6) meses, que se computará a partir de la fecha de su captación, vencido el cual serán destruidas, salvo que estén relacionadas con delitos y/o contravenciones, con una investigación policial o con un procedimiento judicial o administrativo en curso”.
En caso de haberse captado la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, en la norma se especifica que “el operador pondrá la cinta o soporte original de las imágenes a disposición judicial en forma inmediata y hasta el plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde su grabación”.
El legislador que representa a la Segunda Sección bonaerense, deja claro en su iniciativa que la existencia de videocámaras en el vehículo “debe informarse mediante un cartel indicativo”, de manera clara y permanente, ubicada tanto en el interior como en el exterior del vehículo y sin necesidad de especificar su emplazamiento.
“Por lo expuesto -finaliza Santiago en su Proyecto- y en el convencimiento de la importancia de encontrar el punto medio entre la necesidad de asegurar la vida y los bienes de los habitantes respeto de sus derechos de intimidad, privacidad y libertad, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley”.
Francisco Arias
Periodista y Lic. En Comunicación Social
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