CUMPLIMIENTO DE LA LEY GESTIÓN DE RESIDUOS

Juan Cocino

Con el fin de tener acceso a una serie de informaciones referentes al cumplimiento de la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, desde el Bloque del FAP, elevaron al Gobierno Provincial un cuestionario, que fue aprobado en la última sesión, “para saber con certeza dónde se está y cómo se puede profundizar la discusión para lograr maximizar la recuperación de los residuos y minimizar la disposición final de aquellos que no pueden ingresar al proceso de reciclado”.

La iniciativa parlamentaria, que lleva la firma del diputado Juan Cocino (GEN), insta al Poder Ejecutivo (a través del OPDS) a que señale “cuáles son los municipios de la Provincia que han manifestado su continuidad al sistema CEAMSE; los que han presentado ante el OPDS proyectos y programas de Gestión Integral (GIRSU) y cuáles de ellos se encuentran en etapa de implementación y desarrollo”.

En su parte resolutiva, el proyecto del FAP-UNEN inquiere también sobre la evaluación anual de la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos; para el caso de los municipios que posean los programas aprobados, si estos han cumplido con los plazos estipulados en la Ley, así como también, conocer, en caso de haberse efectivizado, el relevamiento de los basurales a cielo abierto en municipios de la Provincia, y si se han implementado programas de erradicación.

Como algo novedoso el cuestionario pide que el Poder Ejecutivo informe “en que ministerios o sedes administrativas pertenecientes al Ejecutivo Provincial se aplica el sistema de separación en origen de los RSU”.

“Es de suma importancia – consignó Cocino -, que desde el Poder Ejecutivo nos brinden la información necesaria a fin de tener un análisis sobre el cuadro de situación por el que estamos transitando en materia de Gestión de los Residuos, más aún cuando los reclamos de las Organizaciones No Gubernamentales siguen vigentes”.

PROYECTO PARA EVITAR REMATES CONTRA CAMPOS BONAERENSES

Abel Buil

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó dos proyectos del diputado del FAP, Abel Buil, que tienen como objetivo evitar eventuales remates de campos del sur bonaerense.

En las iniciativas se insta al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial para que intervengan “por ante el Banco Nación para impedir eventuales remates de campos en el sur bonaerense, cuyos propietarios mantienen deudas con dicha entidad y que no fueron absorbidas aún, como está previsto, por el fideicomiso de la banca pública provincial”.

Cabe recordar que propietarios de campos ubicados en el sur bonaerense viven por estos tiempos una realidad acuciante en relación a la posibilidad de remate de esos predios. Esto tiene su origen en deudas contraídas en su momento con el Banco Nación que no fueron absorbidas, tal como estaba previsto, por el fideicomiso de la banca pública provincial.

“Considerando la preocupación permanente que supone la eventualidad de un remate para dichos propietarios y lo atinado del reclamo; es preciso desde el orden institucional arbitrar medidas tendientes a dar una solución inmediata y definitiva al tema”, afirmó al respecto Abel Buil.

DEBATE SOBRE LA POLICÍA COMUNAL

LA POLICÍA COMUNAL ES INVIABLE DESDE LO ECONÓMICO Y OPERATIVO

LA POLICÍA COMUNAL ES INVIABLE DESDE LO ECONÓMICO Y OPERATIVO

El Diputado Juan Carlos Juárez, del GEN en el Frente Amplio Progresista, así opinó sobre el proyecto de ley de creación de Policías Comunales que se tratará mañana miércoles en la Cámara de Diputados de la Provincia. Sin embargo, propuso la creación de una fuerza especial provincial para la lucha contra el narcotráfico.

El Secretario Nacional del GEN se anticipó al debate legislativo y afirmó que “la iniciativa es inviable desde lo económico ya que ni la provincia ni los municipios están en condiciones de sostenerla, dado que si no se podían obtener 2 mil millones de pesos en marzo para mejorar los sueldos de los docentes, es incomprensible que ahora se puedan obtener 5 mil millones para la creación de esta nueva fuerza de seguridad”.

Por otro lado, desde el punto de vista operativo, el legislador dijo que “la formación va a estar centralizada y no va a estar a cargo de cada municipio, lo que desnaturaliza el carácter de policía municipal” y agregó que “de aprobarse, dichas fuerzas podrían recién estar en funcionamiento con suerte en 2016 o 2017, cuando en realidad el avance del delito es hoy y no se puede esperar para combatirlo”.

Juárez dijo que “en México ya ha habido una muy mala experiencia porque allí la debilidad de las policías distritales ha permitido que los carteles del narcotráfico tomaran el control de varias ciudades y eso ha hecho que el Gobierno de ese país hoy este disolviendo esos escuadrones”.

Además, consideró que el proyecto muestra también un problema serio acerca de la competencia que tendrían los efectivos comunales porque se habla de una fuerza de prevención pero no se detalla “qué sucedería en el caso en que se encuentren con la ejecución del delito, porque si no van a actuar y deben solicitar asistencia de la fuerza bonaerense, su accionar no tiene ningún sentido”, aseguró el dirigente.

Sin embargo, el referente del FAP, anticipó que propondrán “la creación de una fuerza de investigación y lucha contra el narcotráfico que dependa de la Provincia y que reciba el apoyo de Nación para poder ejercer un trabajo serio en el combate de ese delito que crece día a día”.

Finalmente, Juárez fue más allá y explicó que el proyecto de ley es ilegal porque “la Constitución Nacional dice que la seguridad está a cargo de las provincias y, a su vez, la Constitución bonaerense dice que las fuerzas de seguridad dependen de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual no se puede generar una nueva policía a través de una ley ordinaria cuando en realidad debería reformarse la Carta Magna”.

BOUDOU DEBERÍA TOMARSE UNA LICENCIA EN LA VICEPRESIDENCIA

Juan Carlos Juarez

Lo aseguró el Diputado Juan Carlos Juárez, del GEN en el Frente Amplio Progresista, luego que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal le rechazara al Vicepresidente el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa para intentar quedar fuera de la investigación del caso Ciccone.

Luego de la decisión judicial, Amado Boudou quedó a un paso de la declaración indagatoria y se lo seguirá investigando sospechado por el delito de haber incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública.

Al respecto, el Secretario Nacional del GEN afirmó que “tener un Vicepresidente en una situación procesal como esta es muy grave porque la instancia de indagatoria significa que hay semi plena prueba del delito que se le atribuye” y agregó que “esto no sólo es grave para su persona sino que lo es también institucionalmente, afectando a todos los argentinos”.

Por otro lado, el Legislador dijo que “el Fiscal de la causa debe aprovechar la indagatoria para interrogar a Boudou también para que cuente todo lo que sabe sobre la implicancia de otros funcionarios gubernamentales en este tema”.

El referente del FAP recordó que “este Gobierno señaló inmediatamente a personas sobre las que pesaba alguna sospecha no probada de que hubieran mantenido vínculos con algún tema ligado a la Dictadura Militar, pero evidentemente no actúa con el mismo rigor con los funcionarios de su seno”.

Finalmente, Juárez reiteró que “ante esta situación, Amado Boudou debería mínimamente ya haberse tomado una licencia de su cargo al frente de la Vicepresidencia de la Nación”.