Categoría: Diputados Provinciales

El presidente del Bloque de Diputados del FAP, Marcelo Díaz, señaló que la propuesta salarial a los policías es “razonable” y pidió “que vuelvan a sus tareas y continúen sus reclamos en un contexto donde prime el diálogo”.

El diputado Marcelo Díaz aseguró que el reclamo de mejora salarial de las fuerzas de seguridad es justo, pero también consideró “razonable la propuesta del gobernador, en el marco del presupuesto para el 2014, recientemente aprobado”.

Desde el FAP “hacemos un llamado a los policías a pacificar la protesta y a volver a sus lugares de trabajo, para garantizar la estabilidad y la seguridad de los ciudadanos”.

Díaz pidió nuevamente “abrir el debate sobre la sindicalización de las fuerzas, porque nadie puede desconocer la legitimidad del reclamo por mejores condiciones laborales, avalados en el derecho internacional por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”.

La iniciativa propuesta por el diputado Marcelo Díaz prevé que “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario podrá ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas que alteren el funcionamiento de los servicios de seguridad”.

Por último, el diputado explicó que su iniciativa contempla que “los reclamos de las fuerzas, deben darse en un entorno justo, al igual que el resto de los empleados estatales, en el marco de una paritaria. Donde los representantes puedan expresarse amparados en sus derechos laborales”.

El Presidente del bloque de Diputados del FAP, Marcelo Díaz, anticipó que impulsará en la próxima sesión del cuerpo legislativo “dos iniciativas de ley en el marco de las políticas de Estado, la sindicalización de las fuerzas de seguridad, y la creación de la figura del procurador penitenciario”.

Díaz propone “el derecho a agruparse en una asociación sindical a los agentes públicos en relación de dependencia de las Policías de la Provincia, así como del Servicio Penitenciario Provincial para la defensa de sus intereses profesionales, a afiliarse a las mismas y a participar activamente en su organización, pudiendo discutir paritarias, entre otras cuestiones y conforme a los términos de las leyes vigentes en la materia”.

Considera Díaz que dichos agentes públicos “se encuentran en una situación de inferioridad con los demás agentes de la administración colocándolos en situación de vulnerabilidad, no pudiendo, en ningún caso, ser objeto de discriminación”. Para Díaz “La libertad de organización sindical acordada a todo trabajador en el art. 14 bis de nuestra Constitución y el derecho colectivo a la agremiación cumple una imprescindible función en las sociedades democráticas, ya que se encarga de ordenar cualquier inequidad que pudiera existir en la relación laboral de la administración pública. Con lo cual, sucesos como los registrados recientemente en la Provincia de Córdoba, hubieran encontrado un ámbito natural de resolución”.

El legislador remarca que su iniciativa de ley “contempla que las asociaciones sindicales que se creen, en su accionar, estarán sujetos al principio de la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización en el marco del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al derecho de negociación colectiva, en los términos de las leyes orgánicas de cada institución de seguridad y con adecuación a la especificidad de las funciones que desarrollan, pero prevé que “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario podrá ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas que alteren el funcionamiento de los servicios de seguridad que deben prestar en el ejercicio de las tareas y funciones que le son propias, ejerciendo las funciones, deberes y obligaciones establecidas en las leyes respectivas”.

La otra iniciativa se refiere a la creación dentro del ámbito de la Policía de Buenos Aires del Procurador penitenciario, similar al Nacional, dependiente de la Legislatura, ejerciendo el control sobre el cumplimiento y ejecución de la pena en el servicio penitenciario provincial en cumplimiento con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los fallos de la Corte”. Entiende el legislador del FAP que “no puede ser que el Poder Ejecutivo sea quien controle un mismo acto que el lleva adelante, ni el Poder Judicial que debe controlar el cumplimiento y ejecución de la pena, debiendo depender de otro poder, en este caso el Legislativo”.

Por último el proyecto impulsado por Díaz “faculta al Procurador a ejercer el control de los fondos asignados presupuestariamente, como forma de lograr la debida transparencia, dando por terminado con los reiterados casos de denuncias de corrupción como hechos frecuentes.