Categoría: Diputados Provinciales

“El Presidente del bloque de diputados provinciales del FAP, Marcelo Díaz expresó su preocupación “ante un eventual atentado contra el Papa Francisco, por parte de la mafia de Italia tal como fuera adelantado por el Fiscal Adjunto de Reggio Calabria, Nicola Gratteri, como consecuencia de la “Operación limpieza” que el Pontífice lanzara para ordenar las finanzas vaticanas”.

De ésta manera se expresó el legislador quien en tal sentido presentó ante el cuerpo legislativo un proyecto de declaración por el cual señala que “El Papa Francisco ha dado prioridad a la reforma financiera de la Santa Sede. Son dos los instrumentos bancarios del Vaticano, el Instituto de Obras de la Religión (IOR), más conocido como el Banco Vaticano, y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa). Tras los primeros informes llevados a cabo por la comisión encabezada por el cardenal Farina (y en la que están presentes, entre otros, el español Lucio Ángel Vallejo y Francesca Chaouqui), la propuesta parece estar en unificar ambos organismos en una única entidad, con lo que se ganaría en austeridad y en control de los “dineros del Vaticano”.

De acuerdo a lo expresado por Díaz en su iniciativa “Los cambios referidos, no sólo los pide el entorno de la Santa Sede, sino los organismos internacionales. Para el Papa, resulta vital que Roma sea una entidad fiable en lo económico, para salir de la “lista negra” de países tentados de blanquear dinero o financiar el terrorismo. Es decir, el objetivo del Pontífice es lograr la plena legalidad y transparencia de las finanzas del Vaticano, lo cual, según el Fiscal Grattieri incomoda a la mafia de Italia, quien podría llegar a realizar un atentado contra Francisco para que la actual situación del Vaticano no sufra ningún cambio”.

Destaca el presidente del bloque de diputados del FAP al fundamentar su propuesta que “En su primer ejercicio completo, el del año 2012, la Agencia de Información Financiera (AIF) detectó seis operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiación del terrorismo, de las cuales denunció dos al Fiscal del Vaticano, que investiga los potenciales delitos. Esto constituye una nueva iniciativa llevada a cabo por el Papa Francisco para terminar con los flagelos que afectan tanto al Vaticano como al resto del mundo, como son el narcotráfico, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros”.

“Según Gratteri -manifiesta Díaz- el Papa Bergoglio está desmontando centros de poder económico en el Vaticano. Si los jefes mafiosos pudiesen ponerle una zancadilla, no lo dudarían”. Teniendo presente éstas consideraciones y que ha quedado demostrado nuevamente que la prioridad de Francisco, es hacer limpieza en el gobierno central de la Iglesia, marcado por diversos y continuos escándalos, es que no debemos distraer la atención, al tiempo que expresar nuestra preocupación al tiempo que respaldar nuestro total respaldo a su honrosa actitud”.

El FAP y la UCR presentarán una agenda legislativa conjunta con eje en el Presupuesto 2014 y sentarán postura sobre el debate de la Policía Comunal. “No somos ni oficialistas, ni oportunistas: sino una oposición responsable”, aseguraron.

El miércoles 20 a las 15 hs. en la Sala 9 de la Cámara de Diputados provincial las bancadas del FAP y la UCR, de Diputados y Senadores, anunciarán la conformación del interbloque del Frente Progresista Cívico y Social. Los legisladores adelantaron que “vamos a marcar una agenda de trabajo parlamentario conjunta”.

Según explicaron los referentes de los bloques: “Vamos a plantear nuestra postura respecto de dos de los temas centrales de la agenda como es el Presupuesto para el año próximo y la política de seguridad en la provincia”. Estarán presentes todas las fuerzas políticas que integran el FAP y la UCR.

El Presidente del bloque de diputados del FAP Marcelo Díaz expresó su “plena adhesión a la Resolución de la Corte Suprema de Justicia.

A través de la misma el máximo tribunal resolvió requerir al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad que, en el ámbito de sus respetivas competencias y en razón de la extrema gravedad, a las circunstancias denunciadas, arbitren de modo urgente las medidas sugeridas, relacionadas con los problemas planteados por los jueces federales de Tucumán, Salta y Jujuy sobre el avance del narcotráfico, reclamándole al Gobierno Nacional combatir el ingreso de drogas por el norte del país.

Así lo hizo saber el legislador quien en el mismo sentido presentó al Cuerpo un proyecto de declaración. Sostuvo Díaz que “El pedido de escáneres, también, figura entre los reclamos de los jueces; pero el mayor peso político de la exigencia fue colocado en demostrar que sus juzgados están desbordados por las causas de drogas (89.111 expedientes en trámite en Salta y Jujuy), sin que el Estado preste el necesario auxilio de recursos humanos e instalación de los tribunales que permanecen vacantes. Los jueces también sostuvieron la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando en hechos ilícitos y que sin exageración alguna se cuentan por miles en la frontera”.

Para el legislador “Resulta evidente la necesidad de implementar políticas conducentes a combatir el narcotráfico, cuyo campo de acción se expande continuamente, abarcando casi todo el territorio de la República, constituyendo un flagelo que con el paso del tiempo se va a tornar imposible de combatir”.

En relación al preocupante tema del narcotráfico, Díaz volvió a reiterar la postura de su bloque al salir del encuentro de la reciente reunión del Consejo Provincial de Seguridad que integra, y que fuera convocado por el Ministro Alejandro Granados, “El gobierno provincial y los legisladores que lo representan, se han empecinado en la aprobación del proyecto de la policía comunal, que quizá logren con el acompañamiento de la otra cara del oficialismo que es el Frente Renovador, y que no contará con nuestro respaldo, por estar lejos de ir al eje del problema. La prioridad debe ser la lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y el combate contra la pobreza, verdaderos nichos de captación de mano de obra joven que de manera alarmante se encuentran fuera del ciclo educativo y productivo, para sumarlos a la criminalidad”.

Nuevamente el presidente del bloque de diputados provinciales del FAP, Marcelo Díaz, volvió a plantear hoy ante el Consejo Provincial de Seguridad -cuerpo que integra- que “el tema de la lucha contra el narcotráfico debe ser el eje central de la política de seguridad, en la provincia”.

A su vez anticipó que la bancada que preside no respaldará la sanción del proyecto de ley de creación de la Policía Municipal por considerar que “la norma no se inscribe dentro de un proyecto integral que ataque el eje central de la lucha contra el narcotráfico”.

“Este tema-sostuvo Díaz al salir de la reunión- fue planteado por el bloque que presido, antes del anterior encuentro, antes, durante y después de la campaña electoral. Hoy hay varios dirigentes que se expresan sobre el particular, sumado a la Iglesia y también la Corte Suprema de Justicia. Ha llegado el momento que el Estado, con alto grado de profesionalismo y capacitación, actué contra el narcotráfico tanto en el terreno económico como en el territorial”.

Asimismo cuando el Ministro Granados resaltó el ejemplo español, Díaz puso sobre la mesa del debate el caso mexicano al señalar que “las fuerzas federales mexicanas tuvieron que recuperar el Puerto Lázaro Cárdernas, de importancia estratégica en la costa del pacífico, tras ser tomado por los narcos por sobre la acción de la policía municipal”. El legislador del FAP sostuvo al respecto que “Si bien aquí no hemos llegado a ése extremo, no podemos desconocer que tenemos serios problemas de incursiones altamente preocupantes de líneas narcos.”

Díaz le puntualizó al Ministro Granados la preocupación del bloque que preside en cuanto “la creciente contratación de barras bravas por parte de intendentes de distintas orientaciones políticas, y que operan como verdaderas guardias pretorianas y de apriete en los distintos municipios. Hay comprobadas conexiones entre éstos y el delito” y enfatizó ante el titular del Ministerio “el Estado no puede ser parte, y se trata de un vínculo a romper de parte de la cartera a su cargo”.

Al salir de la sede ministerial Díaz no descartó que “el peronismo en sus dos versiones, Frente para la Victoria y Frente Renovador logre consensuar la sanción de la norma que establece la creación de policía municipal”, anticipando que “No contará con el respaldo de nuestra bancada, en virtud que la prioridad debe ser la lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y el combate contra la pobreza, donde el crimen organizado recluta jóvenes para sumarlos a la criminalidad ante un Estado ausente, con el agravante de la existencia de un Gobierno nacional que ha hecho de nuestro país un cuasi paraíso fiscal para disfrute de los narcotraficantes”.