El Programa “Kliksberg” constituye un atropello a la enseñanza laica por parte del Gobierno Nacional

Opinión por Marcelo Díaz – Pte del Bloque de Diputados Provinciales del FAP

A partir de 2013, en todos los colegios secundarios del país, por disposición unilateral del Gobierno Nacional, se incorporará como material transversal de las curriculares, un libro titulado ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad?, en el que se reiteran consideraciones elogiosas a las políticas desarrolladas por la gestión de la Presidente Cristina Fernández.

Además, y al respecto se “capacitará” a los docentes en cuanto al material a ser distribuido entre el estudiantado de nivel secundario, instrumentándose en cada una de las jurisdicciones un seminario Inicial de Orientación, dirigido por el economista, y filósofo adscripto al pensamiento del Gobierno Bernardo Kliksberg -autor de la obra-.

En tal sentido remarco mi discrepancia, desde el punto de vista filosófico y doctrinario, la cual hace que desde el Frente Amplio Progresista, no coincidamos con el desarrollo de determinadas actividades que puedan desarrollarse hacia el interior en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, cuando son alentadas, bajo argumentaciones educativas, por medio de publicaciones con fines propagandísticos, planificadas y editadas, desde las propias áreas educativas del Estado Nacional, por disposición del partido del Gobierno.

No se trata de algo antojadizo. Muy por el contrario, en primer lugar, porque se trata de una actividad que se genera a partir de un programa de la Jefatura del Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, no existiendo un convenio con la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, que establezca su aplicación en los establecimientos educativos. Y en caso de que esto fuese una decisión aprobada y existiese un convenio, debería ser desarrollada y llevada adelante por la comunidad educativa y no por disposición unilateral del Gobierno de turno.

Esto no quiere decir que uno esté en contra de la actividad política de determinados establecimientos secundarios -para eso existen los centros de estudiantes y para eso se milita y se desarrollan actividades en el interior de los establecimientos- pero, un programa que es oficial y que es parte del Estado, debe ser llevado adelante, por más noble y enaltecido que sea, por la comunidad educativa, es decir, por el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.

La escuela y los colegios deben formar ciudadanos, sin condicionamiento. La escuela debe expresar la pluralidad de conocimientos. La escuela, se reconoce en el principal antecedente en Sudamérica, que significa la Ley 1420, y que establece la educación laica. Y la educación laica fue producto de una gran batalla que dieron muchos en la Argentina, fuera de los distintos esquemas religiosos o políticos, desde el punto de vista partidario.

El FAP defiende el respeto por una enseñanza laica. Pero laica es que no estén los símbolos religiosos, y también que no haya ningún otro símbolo, ni orientaciones que inclinen la atención detrás de actividades oficiales.

La Argentina fue pionera en estos asuntos. La Argentina tuvo grandes pensadores en estos temas, como lo fue Alejandro Korn, filósofo platense, que planteaba la necesidad de que la escuela vaya formando al ciudadano y que, a partir de la libertad, este vaya eligiendo los caminos que tenía que desarrollar y llevar adelante.

La lucha por la educación laica, la dieron los universitarios en la Reforma del 18, frente a un dominio que existía de los distintos grupos vinculados al clero, para emancipar a la juventud argentina.

Es cierto que tenemos que formar, que hay que educar, y que los índices que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires muestran problemas mucho más graves que se deben enfrentar y no tendríamos que andar debatiendo estas cuestiones.

El programa PISA, que hace la evaluación internacional de nuestros alumnos, aunque no sea de la preferencia del profesor Kliksberg, dice que la Argentina está en el puesto 59 entre 66 países evaluados, superada por muchos países de nuestra región. Dice también que un porcentaje similar de nuestros alumnos tiene dificultades en la capacidad de lectura. ¿Qué libros les vamos a entregar, si hay dificultades en la capacidad de lectura de nuestros alumnos? Estamos en el lugar 59, y somos un país que quiere desarrollarse en áreas como las matemáticas y las ciencias duras.

Seguimos dando índices de calidad educativa que no tienen nada que ver con la fuerte necesidad de presupuesto que se pone en el esfuerzo en Buenos Aires; que tiene como contrapartida una de las peores calidades educativas, producto de un sistema que está agotado, cuyo camino de solución es recuperar el modelo que habíamos perdido.

Esa forma de concebir la educación, que no impidió que los distintos ciudadanos se vayan alineando en las distintas expresiones políticas y conformando expresiones mayoritarias y minoritarias, es la que venimos a defender.

El modelo que insiste en abandonarse, el modelo de la enseñanza laica, no impidió la generación de ninguna de las mayorías nacionales y populares que se constituyeron en la Argentina.

Esto no contribuye, y esa es nuestra diferencia. No es nuestra crítica una intención perversa. Hay una intención noble, pero también, hay una discrepancia sustancial de modelos filosóficos y doctrinarios que tienen más de doscientos años en la Argentina, Y que ésta bancada que represento viene a defender, sosteniendo que se debe el merecido respeto por una enseñanza laica.

Que quede en claro, no consideramos mal que se desarrollen actividades políticas por parte del estudiantado en el ámbito que les compete. Está mal que el Estado garante de la educación laica establecida por Ley, se entrometa detrás de un programa oficial para inculcar sus ideas.

Eso es en lo que no coincidimos. Debemos recuperar la enseñanza que nos puso entre los mejores países de Sudamérica y del mundo en calidad educativa, y hoy las estadísticas demuestran que no tenemos. Y ese es un fracaso del conjunto de los argentinos; no de un gobierno, sino de todos. Y que no debemos profundizar, si esforzarnos en superarlo por medio de los consensos democráticos, desestimando cualquier forma de autoritarismo.

La Reforma electoral bonaerense que no pudo ser

Por ABEL BUIL.

El sistema electoral de un Estado es el pilar fundamental de cualquier democracia occidental; es, ni más ni menos, el mecanismo mediante el cual los ciudadanos eligen sus representantes; quiénes los van a gobernar durante un periodo de tiempo determinado.

Ese sistema debe ser lo más transparente posible. Debe procurar no filtrar las voces del pueblo sino que, tras las elecciones, la representación de las distintas opiniones debe ser lo más parecida a lo que ese pueblo eligió.

Nuestra Constitución Provincial en la Sección Segunda, bajo el título “Régimen Electoral”, establece en su artículo 60° que “la proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiales a fin de dar cada opinión un número de representantes proporcional al número de adherentes…” Esta mirada constitucional viene desde 1934, antes estaba en el art. 28°, y es una deuda que la democracia y los legisladores provinciales tenemos con la Constitución y con la sociedad.

En principio, los sistemas proporcionales (como el sistema D´Hont) parecen ser la mejor solución para las democracias representativas, ya que incluyen a la mayoría que consiente y a la minoría que disiente de la voluntad mayoritaria.

Así lo ha entendido el Código Nacional Electoral y así se reparten los representantes de cada partido en la Cámara de Diputados de la Nación, según la legislación actual. En este sentido, los sistemas proporcionales poseen las siguientes características generales: Facilitan la representación de todos los intereses y opiniones; Impiden la constitución de mayorías artificiales; y reflejan el cambio social y el surgimiento de nuevas tendencias.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires lamentablemente se aplica desde hace varios años el sistema electoral denominado “del cociente” para repartir los cargos tras cada elección. Este sistema tergiversa y modifica la decisión de los votantes, ya que prácticamente imposibilita la representación de las minorías. Como podría ocurrir y ya ha ocurrido en algunos ejemplos, en el caso de elegir tres bancas para legisladores, una fuerza política que obtenga el 33,5% de los votos puede quedarse con el 100% de los cargos, a pesar de haber conseguido no más que 1/3 de los votos y haberle sacado una diferencia de tan solo 1% a la segunda lista.

Esto ha ocurrido en la sección electoral séptima (región del centro de la provincia) y también ha ocurrido en la sección electoral capital (ciudad de La Plata). Esta tergiversación en la representación de lo votado por los ciudadanos no es única en la legislatura, se viene produciendo en distintos Concejos Deliberantes, principalmente de municipios del conurbano bonaerense, donde varios partidos minoritarios logran una porción de votos, pero que no les es suficiente para alcanzar el piso o cociente que la ley les impone. Esto hace que se logre una sobrerepresentación del partido mayoritario, imposibilitando el control del Ejecutivo Municipal, evitando el pluralismo y burlando la democracia.

Por citar un ejemplo, en la última elección legislativa a nivel provincial, de las 23 bancas de Senadores que se renovaban, el Frente para la Victoria, con un poco más del 50 % de los votos, se quedó con 21 escaños (más del 90% de los cargos en juego) y la oposición sólo logró 2 bancas de Senadores (menos del 10 %).

Sin acompañamiento de oficialismo y parte de la oposición.

Durante la última sesión en la Cámara de Diputados bonaerense, el oficialismo apuró la consideración de la reforma de la Ley Electoral para incorporar el voto de los jóvenes desde los 16 años, con el argumento de adoptar la legislación provincial a la ley Nacional recientemente aprobada por el Congreso de la Nación, y en procura de “ampliar derechos”. En esa sesión, y con la misma lógica de adoptar a la ley Nacional, desde la oposición (FAP, UCR, Pro Peronismo, Coalición Cívica) propusimos adoptar el sistema D´Hont de reparto de cargos en forma proporcional, como lo estipula la norma nacional.

Existen varios proyectos en este sentido presentados por legisladores de la oposición e inclusive del oficialismo, ya que hay consenso en que el sistema D´Hont es el que mejor se ajusta a la proporcionalidad que indica el artículo 60° de la Constitución Provincial.

Sin embargo, el Frente para la Victoria con escasos argumentos y en contradicción abierta con su postulado de dar mayor pluralismo de voces, tal como lo consigna a partir de la implementación de la nueva ley de Medios de Comunicación, e inclusive lo pregona en sus discursos la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, rechazó la propuesta presentada, amparado en su condición de mayoría y admitió con los hechos preferir un sistema que concentra la representación en el ganador ocasional, en cambio de plasmar en los cuerpos colegiados todas las opiniones diversas de la sociedad.

En época en que el Gobierno Nacional agita la pluralidad y la diversidad de voces como uno de los principales y más valiosos estandartes, sería bueno que esas condiciones se consagraran en los distintos aspectos de la vida política, social y cultural de nuestra comunidad. Se trata de dar voz a las minorías, de multiplicar las voces y las opiniones, de contrastar y enriquecer los diferentes enfoques que se dan en la comunidad. Se trata de desconcentrar y repartir el poder hacia más manos y hacia más actores. En lo político también se trata de multiplicar las voces y las opiniones, de contrastar y enriquecer los diferentes enfoques que se dan en la comunidad, y de desconcentrar y repartir el poder hacia más manos y hacia más actores. Todo lo contrario a lo que hoy sucede.

La falta de voluntad del oficialismo para avanzar en este tema demuestra que el Frente para la Victoria en todas sus variantes (Kirchnerismo, Sciolismo y Massismo, y esta vez acompañado por los legisladores que responden a Francisco De Narváez), sólo está interesado en las herramientas que ayuden a su perpetuación del poder.

Promueven el juicio político al juez y fiscales del caso Candela

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires decidió ayer promover el juicio político a tres funcio­narios judiciales que actuaron en la investigación del secuestro y asesi­nato de la niña Candela Sol Rodríguez, de 11 años, ocurrido el año pasado en la ciudad bonaerense de Hurlingham, por presunta impericia y negligencia en esa pesquisa.

Los funcionarios que podrían ser enjuiciados son el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate; el juez de Garantías Humberto Meade, del mismo distrito, y el fiscal Marcelo Tavolaro, quien tuvo a su cargo la primera etapa de la instrucción de la causa.

El diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Juan Carlos Juárez, integrante de la comisión, informó ayer que sus doce integrantes (cinco senadores y siete miembros de la Cámara baja) acordaron unánime­mente elevar el pedido de juicio político tras analizar durante dos meses el informe que les envió otra comisión bicameral, dedicada exclusivamente a realizar un seguimiento y análisis de esa pesquisa, y que fue popularmente conocida como “comisión Candela”.

Ahora, la Comisión Permanente de Enjuiciamiento del Senado bonaerense deberá determinar si el pedido es procedente y, en su caso, elevar el expediente a la Suprema Corte de Justicia provincial para que concrete el juicio político a los funcionarios judiciales señalados. Para esto tiene un plazo máximo de 180 días.

Juárez dijo que el pedido de enjuiciamiento a Meade, Tavolaro y Nieva Woodgate se determinó “conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la ley 13.661, por mal desempeño en el cumplimiento de los deberes que son inherentes a sus actividades”.

Críticas a Casal

El informe de la “comisión Candela” cuestionó la actuación de la Justicia en el caso. Pero también le achacó al Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Ricardo Casal, responsabilidad por la “falta de conducción” de la policía bonaerense y “negligencia” ante deficiencias en la intervención policial.

Para la Bicameral, Nieva Woodgate, Meade y Tavolaro tuvieron una actuación durante el caso “que no es acorde con la función que tiene asignada un fiscal general, un fiscal actuante en una causa, y lo que le correspondía realizar a un juez de Garantías”.

Juárez confió que “se detectó que el fiscal había delegado la investigación en la policía, no mostró tener la pericia necesaria para el desempeño de su cargo ni para defender cada uno de los aspectos que hacen a su propia actividad jurisdiccional”, según consignó la agencia de noticias DyN.

Por el caso, estuvieron detenidos Héctor “Topo” Moreyra, Hugo Bermúdez, Leonardo Jara, Guillermo López, Fabián Gómez, Alberto Espínola, Néstor Altamirano y Gladys Cabrera.

En marzo de este año fueron liberados, pero el mes pasado fueron nuevamente detenidos Jara y Bermúdez como principales sospechosos.

El presupuesto para obras y rutas de Scioli es un dibujo

El Diputado bonaerense del Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Juárez, rechazó la iniciativa finalmente trunca que lanzó el Ejecutivo para fondear la reparación de rutas a través de un incremento a la nafta por “inconstitucional”.

PROYECTO DE LEY QUE RECONOCE AL TABAQUISMO COMO ENFERMEDAD


En su última sesión, la Cámara baja dio media sanción a un proyecto de ley del diputado Marcelo Díaz (FAP), a través del cual “se reconoce al tabaquismo como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En ese sentido, la iniciativa parlamentaria también le reconoce al paciente “la cobertura médico asistencia integral del fumador como un adicto al tabaco y le garantiza los tratamiento existentes y los por venir, que ayuden a abandonar dicho flagelo”.

En los fundamentos del proyecto aprobado, el diputado Díaz advierte que “el espíritu es garantizar el mayor nivel de tratamiento medico asistencial a las personas que padezcan este tipo de adicción, así como también, el de realizar campañas de información y prevención en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a fin de informar a la población, sobre los efectos nocivos que provoca, en consonancia con lo establecido en la Ley 13.894”.

“En este sentido – agregó el titular de la bancada del FAP – procuramos regular, controlar y supervisar los centros médicos que realicen tanto los diagnósticos como los tratamientos de esta enfermedad; elaborar estadísticas para el conocimiento, estudio y seguimiento de esta enfermedad a través de la autoridad de aplicación, y propiciar el desarrollo de centros de referencia de diagnósticos y tratamiento de la enfermedad en efectores públicos, cuyo número y ubicación definirá la autoridad con miras a facilitar el acceso a la población de todo el territorio provincial”.

“El Estado provincial -añadió finalmente Díaz -, a través de sus efectores públicos, deberá otorgar los citados tratamientos, incluyendo los medicamentos indicados, destinados a garantizar los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aries, preferentemente a quienes carezcan de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral en el sistema de seguridad social y medicina prepaga”.