Categoría: Legisladores

La diputada Margarita Stolbizer solicitó se investiguen irregularidades en la suscripción de convenios en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a cargo de Juan José Aranguren, favoreciéndose a una asociación civil de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe (Asociación Tecnológica Venado Tuero- ATEVEN) a través de la Universidad Nacional. Particularmente solicitó que se investigue si podrían encontrarse encuadrado en los delitos de malversación de caudales públicos (Art. 260 CPN) incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN), sin perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigación.

Se trata de convenios sin motivaciones legales y fundamentos jurídicos que los validen como también de una irregular intermediación de una entidad civil para el manejo de fondos públicos.

El objeto del convenio es la realización y coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo. Se establece que la Universidad es la única responsable de la planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas apropiadas para el cumplimiento del convenio y mantiene indemne al ministerio de los reclamos de terceros. La regional Venado Tuerto se comprometía a afectar personal idóneo y especializado aportando los recursos técnicos necesarios.
Lo importante para destacar es que los pagos no se realizarían a la Universidad Tecnológica Nacional ni tampoco esta última facturaría por los servicios prestados. Sino que el dinero se depositaria en una cuenta corriente a nombre de una asociación civil de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. El Ministerio de Energía abonaría más de 13 millones de pesos en la cuenta de la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN). Y sería esta asociación fantasma y desconocida quien emite las facturas correspondientes a lo convenido. Esta intermediación, provocaría un sobrecosto: el 10% del total del convenio corresponde a GASTOS ADMINISTRATIVOS, tal como surge de las facturas que se acompañan.

El Ministerio de Energía y Minería le informo a Stolbizer en abril de 2017 la nómina de personal afectado al convenio aquí denunciado, con detalle de sus salarios que van desde los 10.000 a casi 50.000 pesos. Y el detalle de los trabajadores que supuestamente prestaron servicios en el Ministerio citado pero a cuenta del convenio con la UTN Venado Tuerto y la ONG ATEVEN presenta aún más irregularidades. Asi podemos encontrar, para citar algunos ejemplos, una gran cantidad de jubilados de más de 70 años o personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia de otra empresa o quienes tienen domicilio en otra o aquellos que al mismo tiempo se desempeñaban en relación de dependencia de alguna empresa relacionada con las tareas que desde el Estado debían realizar

El monto total abonado a la facultad regional Venado Tuerto a través de la ONG ATEVEN hasta marzo de 2017 ascendía a la suma de 13.510.986. De este monto la ONG ATEVEN se llevó el 10%, es decir, 1.351.098 pesos. El referido convenio fue prorrogado por ADENDA I suscripta el 20 de diciembre de 2016. Y allí se amplía el presupuesto en 4 millones de pesos adicionales, manteniéndose el 10% de la facturación a favor de la facultad como gastos administrativos.

Estamos frente a un circuito de dinero bajo la máscara de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Venado Tuerto para “asistencia técnica” o “capacitación de personal”. Pero, en realidad, se usa a una asociación civil de Venado Tuerto para tercerizar personal. Además, esta operatoria encarece los contratos bajo la justificación del ítem “gastos administrativos”. Nos encontramos con convenios con cláusulas genéricas sin detalles precisos. Pero fundamentalmente, sin cuentas claras y con transferencias millonarias manchadas por la intermediación de asociaciones civiles que no poseen ningún tipo de control

En los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales. En realidad, se trataba de un mecanismo para vehiculizar partidas millonarias destinadas a universidades públicas alineadas con el discurso oficialista. En muchos casos se trató de un mecanismo para “ejecutar programas” de diverso interés que simplemente permitió liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Así, el Estado y sus universidades conformaron un esquema de financiamiento manejado de forma discrecional que se volvió una de las mayores incógnitas con respecto al manejo de los fondos públicos en el fin de ciclo kirchnerista.

“DE LA MISMA MANERA QUE CUESTIONAMOS EL DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS SIN CONTROLES A TRAVES DE LAS UNIVERSIDADES DURANTE EL KIRCHNERISMO, AHORA ES NECESARIO AMPLIAR LA INVESTIGACION POR LA PERSISTENCIA DE LA MISMA PRACTICA”.

Con esta realidad heredada, a poco tiempo de asumir Mauricio Macri, el gobierno prometió avanzar con la revisión de irregularidades vinculadas con la metodología de contratación, como los convenios con las universidades. Una de las primeras medidas adoptadas por el Sr. Presidente se anunció como el fin de los convenios con las universidades públicas. A través del decreto 336/2016 se estableció que los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional y Universidades nacionales, provinciales o privadas, cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016, quedarían sin efecto a partir del 1° de abril de 2016.

La Diputada Margarita Stolbizer, candidata a Senadora por el Frente 1País, participó hoy de una charla motivacional sobre política, educación, economía, sustentabilidad y seguridad para más de 1500 alumnos de 18 colegios de zona norte, organizada por una red de directores de centros educativos. La actividad era optativa para los jóvenes que votan por primera vez en la elección de este año.

Stolbizer comenzó destacando el papel de los docentes en la vocación de sus alumnos. Sobre la Educación, puso énfasis en la calidad educativa, reforzando la formación docente y modernizando los contenidos curriculares para adaptarlos a un tiempo y un mundo global con nuevas oportunidades y exigencias. “Preguntarnos para que estamos educando en un momento en que el 50% del trabajo esta en riesgo por el avance de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial. La educación tiene que ser el puente para un trabajo digno y para un futuro mejor”, expresó.

Por otro lado, la candidata a senadora por 1Pais, expresó: “La política es la herramienta para transformar la realidad, porque define y cruza nuestras vidas, y por eso es necesario involucrarnos, militando y promoviendo a quienes consideramos que nos representan”.

“Frente a los que sufren, una sociedad decente es la que no tolera que algunos puedan ser explotados por otros”.

También se refirió a la importancia de una reforma al sistema de impuestos “para que efectivamente paguen más los que más tienen y más ganan. Es inmoral que un trabajador deba pagar impuesto para llevar la leche a sus hijos y haya actividades y propiedades altamente rentables y de gran valor que no pagan impuestos.”

“Lo importante es hacerse cargo del tiempo que nos toca, y saber que con mucha humildad, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y responsabilidad de escribir un poquito de la historia que nos toca transitar”.

De la charla, que se realizó en el colegio Goethe Schule de San Isidro, también participaron Daniel Arroyo, Rodrigo Aybar y Ramon Lanus.

En noviembre de 2014, cuando la Sra. Fernández de Kichner todavía era Presidenta de la Nación, la diputada Margarita Stolbizer radicó una denuncia penal basada en las irregularidades de las sociedades de la familia Kirchner, según sus propias declaraciones juradas. La Sociedad Hotesur declarada como parte del patrimonio, no presentaba balances, no actualizaba directorio, no pagaba tasas ante la Inspección General de Justicia, y había denunciado un domicilio falso.

Frente a tantas ilegalidades, se imponía abrir un proceso de investigación que involucró primero a los propios funcionarios de la IGJ que eran los encargados de controlar y no habían cumplido con su deber. Y luego, naturalmente, esa investigación derivó en la búsqueda de las razones que se ocultaban por debajo de semejantes irregularidades. Así surgió que la Sociedad administraba el Hotel Alto Calafate de propiedad de los Kirchner y que era una pantalla para encubrir las transferencias de dinero que el empresario Lázaro Báez a través de sus empresas, hacía a la familia. Similares comportamientos fueron denunciados con posterioridad con relación a la sociedad Los Sauces.

La causa Hotesur pasó los avatares de la lentitud de la justicia, apartamiento del juez de la causa, paralización de las investigaciones, problemas con la documentación, etc.
Hasta que finalmente fue radicada ante el Juzgado del Dr. Julián Ercolini, asignandose la investigación a los fiscales comandados por el Dr. Gerardo Pollicita. Fueron los miembros del Ministerio público los que solicitaron al juez una serie de medidas para avanzar en la investigación, habiendo imputado a varias personas comandadas por la Sra. Cristina Fernández, como miembros de una asociación ilícita destinada a lavar dinero sucio proveniente de las obras públicas.

En el día de hoy, el Juez resuelve citarlos a prestar declaración indagatoria con diversas fechas entre octubre y diciembre, dando lugar a la imputación y al estado de sospecha por considerar que habrían intervenido en diferentes etapas de las maniobras que fueron diseñadas y pergeñadas para otorgarle apariencia lícita al dinero que habría sido irregularmente asignada a empresas de la familia Kirchner. De esta manera se recoge el planteo de los fiscales imputando responsabilidad penal por la realización de negocios espurios para apropiarse de fondos públicos.

“La Justicia tarda pero llega. Porque siempre hemos dicho la verdad y eso ha quedado demostrado. Tengo el honor de ser la persona más insultada por la Sra.de Kirchner. Porque he puesto siempre precisión en las denuncias de los delitos cometidos desde el manejo del poder y del estado. Me ha insultado públicamente porque le sacamos la careta, derrumbamos el relato y podemos demostrar que desviaron impunemente el dinero que les falta a los argentinos más pobres, los que no tienen acceso a una vivienda, a una ruta, una escuela o un hospital. La corrupción mata, degrada, posterga, excluye. Nunca la responsable de esos delitos podría ser hoy una buena oposición en nuestro sistema democrático. Nunca esa persona podria ser la más adecuada para que el gobierno construya acuerdos y sancione leyes necesarias. Hay que reconstruir la política y la justicia con comportamientos éticos que nos devuelvan la integridad como país para recuperar confianza hacia adentro y hacia afuera”, finalizó Stolbizer

En el mes de marzo la diputada Margarita Stolbizer participó del Foro Anticorrupción de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y mantuvo una serie de entrevistas con los máximos responsables del organismo, con la intención de trabajar para que Argentina discuta la adopción de los estandares internacionales en materia de transparencia institucional y estatal y lucha contra la corrupción y la impunidad.

En ese marco, este año se debate en el Congreso Nacional el proyecto de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, para dar cumplimiento con la Convención antisobornos de la que nuestro país forma parte. El principal objetivo de la norma es la tipificación de este delito cuando es cometido por personas jurídicas, sean de capital nacional o extranjero.

Los expertos participantes fueron: Patrick Moulette, Jefe de División anticorrupción de la OCDE; William Loo, Director de la División anticorrupción de la OCDE; David Green, Jefe de la Oficina de fraudes graves del Reino Unido; Paul Leder, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la SEC y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. Stolbizer es Presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Reino Unido y en tal carácter integra el Grupo de Parlamentarios de la OCDE.

Al finalizar la exposición de los expertos extranjeros, la Diputada Margarita Stolbizer se refirió a la situación en Argentina: “Sin perjuicio de la importancia que asignamos al proceso iniciado para el ingreso de Argentina en la OCDE, vemos esto como una oportunidad para mejorar nuestros estándares internos adaptándolos a los internacionales en la lucha contra el soborno trasnacional y la corrupción. Venimos de muchos años en los que hemos consagrado un modelo de impunidad que es más grave que la misma corrupción. Necesitamos terminar con la impunidad del poder político y económico. Para eso, se necesita involucrar también a la justicia. Deben ser los tres poderes del estado para reconstruir instituciones y confianza. Necesitamos confiabilidad y previsibilidad para recibir inversiones y crear empleo. Responsabilizar a las personas jurídicas que cometen delitos, que pagan coimas, es un camino, no el único, tan necesario como insuficiente. Al mismo tiempo hay que poner la mirada en las situaciones que se generan desde el propio estado, con funcionarios dispuestos a quebrar la ley para obtener beneficios económicos personales. Por detrás de los sobornos de las empresas siempre están las personas de carne y hueso que llevan adelante esos comportamientos buscando ganancias ilegales. Argentina debe llevar adelante reformas estructurales en el sistema penal y procesal, en el funcionamiento de la justicia y también en los controles sobre una relación entre el sector público y privado que debe pasar de ser viciosa a ser virtuosa, transparente, marcada por la ética de las conductas personales de la política.”