Frente a la situación de Brasil, donde se ha aprobado avanzar en el enjuiciamiento político de la Presidenta Dilma Roussef, manifestamos:
Que nos sentimos consternados y preocupados por esos hechos y que podrían implicar un quiebre en el proceso democrático y de representación de la voluntad popular, sin perjuicio de reconocer la aplicación de normas que puedan dar un marco de legalidad a las decisiones adoptadas.
Que es preciso asegurar la vigencia de los sistemas democráticos, constitucionales, el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, para dar legitimidad y legalidad a todos los gobiernos en la región.
Que todos los gobernantes están obligados a rendir cuentas de su gestión durante sus mandatos y al finalizarlos; que todos en conjunto debemos garantizar la transparencia y el cumplimiento y aplicación de la ley en condiciones de igualdad a todas las personas; y siempre son legítimos los reclamos populares hacia sus gobiernos.
Que, en tal sentido, es necesario aclarar que no pesa sobre la Sra. Presidenta de. Brasil, ninguna acusación que de manera personal la haga pasible de investigación por delitos de corrupción ni enriquecimiento y que, por el contrario, reconocemos en ella a quien ha instado a los poderes del estado hacia el esclarecimiento y la sanción de delitos cometidos desde la función pública.
Que existiendo una profunda crisis económica, social, política, están los ciudadanos y ciudadanas que la sufren en sus salarios, empleo y producción, y por ello se hace imprescindible articular con urgencia una respuesta institucional que devuelva certidumbre y esperanza al pueblo brasilero.
Que no se debe confundir los procesos necesarios para transparentar el financiamiento de la política y erradicar el abuso del poder y los negocios particulares que se hacen a costa del estado y a través de la corrupción, con el apartamiento de la Presidenta Rousseff que parece más bien un intento de adelantamiento de entrega del gobierno que afecta la estabilidad institucional y la gobernabilidad.
Que la República Argentina debe hacer un seguimiento respetuoso y solidario de la situación en Brasil y que como parte del Pacto Democrático en América Latina debemos llevar nuestra voz a todos los organismos multilaterales en defensa de los principios básicos del sistema democrático.
Que confiamos y apoyamos la democracia de Brasil, sus actores circunstanciales e históricos, y especialmente, a mérito de los estrechos vínculos que nos ligan, apoyamos al pueblo hermano para poder superar este momento y retomar la senda compartida de nuestra integración regional.