EL PARTIDO GEN EXPRESA PREOCUPACIÓN POR AJUSTES EN PRESTACIONES EN DISCAPACIDAD

A iniciativa de la comisión de políticas sociales del Partido GEN Provincia de Buenos Aires expresamos nuestra preocupación ante la inexplicable discrecionalidad con que se han manejado las necesarias prestaciones para las personas con discapacidad.

Al desfinanciamiento se suma el retraso en los pagos a los prestadores de servicios en tan sensible área.

El anuncio del recorte al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y su posterior “parche” ante el reclamo de las obras sociales, viene a confirmar que el ajuste del gobierno se aplica sin miramientos.

La angustia a que se ven sometidas las personas con discapacidad y sus familias, ante semejante incertidumbre generada, vulnera los derechos consagrados en la Convención de la Naciones Unidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, incorporada a nuestra normativa por la Ley N°26.378.

Hacemos nuestro su reclamo y exhortamos al Gobierno Nacional a garantizar la protección y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires nos preocupa la deuda que mantiene IOMA con los prestadores, en especial con los acompañantes terapéuticos. Asimismo, instamos al Gobierno Provincial, a través de las áreas pertinentes, a diseñar e instrumentar políticas públicas articuladas con los municipios orientadas a atender las problemáticas de bonaerenses en situación de discapacidad, desde el derecho a un hábitat digno e inclusivo, a las oportunidades de inserción laboral, garantizando las prestaciones de salud y asistencia necesarias.

 

Julia Romero
Presidenta Partido GEN
Provincia de Buenos Aires

Retraso en el pago de prestaciones médicas a personas con discapacidad

La senadora provincial del GEN en Juntos, Lorena Mandagarán, presentó esta mañana un proyecto requiriendo al Gobierno Bonaerense que solicite informe al Instituto de Obra Médico Asistencial -IOMA- y al Poder Ejecutivo Nacional por los retrasos en los pagos de las prestaciones médico-asistenciales a las personas con discapacidad.

Cabe señalar que son de público conocimiento las denuncias realizadas por las diferentes asociaciones que nuclean a los prestadores sobre la falta de pago.

Es conocido que los días 29, 30 y 31 de agosto se realizaron en todo el país diferentes manifestaciones reclamando soluciones a esta coyuntura, y un paro de  actividades.

“La gravedad de la situación afecta a un sector muy vulnerable de nuestra sociedad generando angustia y preocupación”, indicó la legisladora, al tiempo que añadió que con la iniciativa presentada en la Cámara Alta de la Provincia “buscamos obtener un cuadro de situación sobre esta problemática que afecta a familiares y usuarios de servicios médicos asistenciales para personas con discapacidad”.

En ese contexto, solicita información, entre otras cuestiones, sobre los motivos de la demora del pago de las prestaciones a profesionales, proveedores de salud y transportistas de personas con discapacidad por parte de las Obras Sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud; sobre la situación actual de los prestadores de servicios y de los usuarios de las prestaciones ante el  incumplimiento; si existe fecha o plazo para regularizar la situación y efectuar el pago adeudado, y qué medidas se han tomado para disminuir el impacto negativo para los prestadores y las personas con discapacidad.

Resulta importante destacar que en nuestro país la salud integra un “sistema solidario” en el que todos los beneficiarios aportan a un fondo común, por ello parte del pago de las prestaciones para personas con discapacidad es ejecutado por el Fondo Solidario de Redistribución, Fondo que no es del Estado pero que se encuentra administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por otra parte, y ante diferentes versiones, se pide que explique si es cierto que se propicia desde el Poder Ejecutivo Nacional que las obras sociales dejen de dar las prestaciones a las personas con discapacidad, pasando las mismas a manos del Estado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad u otro organismo.

“La posibilidad de suspensión de las prestaciones por esta situación pone en peligro uno de los principios básicos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada en nuestro país por Ley 26.378”, advirtió la senadora provincial.

Por estos motivos, indicó para finalizar que “es necesaria una respuesta urgente que dé claridad y tranquilidad a los sectores involucrados, en pos de una sociedad más igualitaria y equitativa”.

 

Pedido de informes Discapacidad Lorena Mandagarán