Opinión. Por Pablo Aspesi – Presidente GEN Tandil
El fenómeno de la inseguridad es un hecho que ha sido materia de debate en los últimos días, potenciado por lo referido a la Tasa de Seguridad impuesta por el Municipio. Nuestra ciudad ha tenido el mes pasado un crecimiento de hechos que muchas veces las estadísticas no reflejan, dado que estas se basan en las denuncias policiales que innumerables veces no se radican.
No sólo es notorio el aumento en el número de delitos que se cometen, sino que es sumamente preocupante el nivel de violencia manifiesta en nuestra sociedad. Cada vez son más los hechos cometidos por menores pertenecientes a grupos postergados y esto hace pensar que existe una íntima relación entre la pobreza y el delito. No podemos negar que consta una correspondencia entre la vulnerabilidad, las adicciones y la delincuencia. Sin embargo, la cuestión para ser mucho más compleja.
Hace poco tiempo el ensayista, editor, y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Katz manifestaba que el principal drama de nuestro país no es la larga supervivencia de la Argentina populista, ni tampoco la inseguridad, ni la inflación. La pobreza, sin dudas es dramática, pero el gran drama de nuestro país es la desigualdad. Para sostener esta afirmación, se refería, entre otras cuestiones, a un estudio que comenzó en Inglaterra y luego se reprodujo en otros países, donde se muestra que las sociedades ricas pero con gran desigualdad, son más disfuncionales que sociedades pobres pero igualitarias.
Resulta necesario no sólo hablar de desigualdad en términos sociales, donde por un lado hablaríamos de la pobreza y por otro, necesariamente deberíamos hablar de la riqueza. La fortuna desmedida que han obtenido algunos amigos del poder, es verdaderamente escandalosa, inmoral.
En el otro extremo social de la riqueza desvergonzada, encontramos las condiciones de vulnerabilidad, donde la pobreza no es sólo económica, donde no sólo hay escasos recursos para alimentarse, vestirse y contar con una vivienda digna. También hay pobreza intelectual, falta de educación, de cultura del trabajo y el progreso, falta de pensamiento crítico que permita emitir juicios de valor ante las acciones propias y ajenas.
Pese a que esto es sumamente preocupante, y el conjunto de la sociedad debería tratar de ocuparse, puede decirse que nuestro país tiene una desigualdad aún más devastadora, porque además es un fenómeno del que poco se habla, y es la desigualdad ante la Ley.
En la discusión para solucionar el flagelo de la inseguridad, encontramos por un lado a quienes proponen aumentar el número de efectivos policiales, extender el servicio de monitoreo y extremar todo tipo de medidas de control, sin importar si esto termina siendo una restricción de las libertades. Por otro lado, también se presentan quienes se aventuran a explicar la inseguridad en términos punitivos, desde una visión judicial, responsabilizando a la Justicia Garantista de no ser lo suficientemente dura en castigar a quienes delinquen. Tanto quienes opinan de una u otra forma, poco dicen de la necesidad de generar igualdad de condiciones ante la Ley.
Y en este sentido, no se puede dejar de referirse a los delitos cometidos por funcionarios públicos que terminan prescribiendo, o en procesos judiciales llamativamente lentos. Es verdad que la corrupción sucede en todo el mundo, pero mientras que en otros países el propio Estado la condena y las sociedades se manifiestan en su contra, en nuestro país el delito tiende a naturalizarse.
Se podrían enumerar una gran cantidad de hechos corruptos en los últimos treinta años de democracia en nuestro país, algunos que son una mera sospechas y otros judicialmente probados. Pero entre las situaciones que manifiestan una clara diferencia en los procesos judiciales es necesario hacer referencia al caso casi paradigmático del ex presidente Carlos Menem, condenado por contrabando de armas a Croacia y Ecuador a la pena de siete años de presión, que pese a ser de cumplimiento efectivo nunca fue a la cárcel por ese delito, pues resta el desafuero en el Senado. Otro caso donde la Justicia no se muestra determinada a actuar es en lo referido al ex vicepresidente Amado Boudou, procesado en la causa Ciccone, que será recordado como la primera vez en la historia del país, donde un vicepresidente en funciones es llamado a declaración indagatoria, pero sin embargo el proceso parece haberse estancado aprovechando la falta de atención los medios de comunicación, que se encuentran ocupados en un caso de corrupción más escandalosa aún, la denominada Ruta del Dinero K.
Esta desigualdad entre quienes se encuentran en el poder y los ciudadanos comunes, no es inocua. Como se dijo antes, por un lado se naturaliza el delito, se afianza en la sociedad la idea que todo está permitido. Y por otro lado, vacía de autoridad moral a los gobiernos para llevar adelante cualquier lucha contra la delincuencia. La falta de determinación contra el delito no es sólo por complicidad, es también una muestra de la falta de integridad de los gobernantes.
Ante esto, es necesario llevar adelante un cambio cultural, sobre bases éticas. No sólo seamos intolerantes al delito que podemos sufrir de manera personal, también seámoslo cuando nos roban como sociedad la posibilidad de ser un mejor país.
