Por Gerardo Milman | Para LA NACIÓN
Al cumplirse la semana próxima cinco años de la promulgación de la ley de medios, vale la pena preguntarnos si sus logros están a la altura de lo que el Gobierno esperaba.
¿Puede ser considerada una plataforma adecuada para el progreso técnico de las comunicaciones y un bien público efectivo para la promoción del pluralismo?
Diversos objetivos previstos por la norma no se cumplen. El principal es que en nuestro país no existe aún el ejercicio del derecho de sus habitantes a acceder libremente a la información pública. El Gobierno ha hecho del ocultamiento uno de sus principales activos, impide a los contribuyentes conocer qué destino se le da a los fondos que aportan y concibe a la aplicación de esta ley como un mecanismo para hacer que la realidad encaje con su relato. A este esfuerzo se destinan millones de pesos que podrían ser utilizados para acrecentar capacidades técnicas e infraestructura. Así se le permitiría a las empresas brindar servicios que las obliguen a competir con precios a la baja, apuntando a la universalidad de sus prestaciones.
La ley brega por el desarrollo equilibrado de una industria nacional de contenidos. A un lustro de su entrada en vigencia no se observa búsqueda activa de equilibrio alguno sino, por el contrario, la aplicación de un criterio discrecional mucho más centrado en disputas sobre derechos de propiedad que en la democratización de la palabra y el real interés por los usuarios.
El Gobierno ha incumplido lo resuelto por el fallo de la Corte Suprema con respecto a la igualdad de trato debida hacia las empresas que tienen la obligación de adecuarse a la norma. Se demoran deliberadamente adecuaciones que a otros les son exigidas y se facilita la emergencia de nuevos grupos vinculados a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales políticamente alineados. La democratización de la palabra ha resultado una paradoja de sesgo expropiador: se ha intentado pasar del “monopolio privado de naturaleza concentrada” a un nuevo modelo de concentración oligopólico integrado por amigos del poder que, a pesar de semejante respaldo, no logra la credibilidad suficiente medida en rating. Hoy el 80% de los dueños de medios mantienen negocios con el Gobierno. Un gobierno que llegó a dictar una ley para eximir de impuestos a los medios gráficos dejando, deliberadamente, a cinco fuera de tal beneficio.
También la ley falla en cuanto a su pretendido objetivo antidiscriminatorio en materia de género: la mujer continúa siendo tratada como objeto sexual en los programas de mayor audiencia y subvalorada en cuanto a sus capacidades en muchas empresas.
La administración y el manejo del espectro radioeléctrico son caóticos. Basta con sintonizar una radio legal durante un trayecto en una autopista para advertir cómo, en cuestión de minutos, se le superponen varias emisoras “piratas”.
Mención especial merece la conversión de la vieja Argentina Televisora Color de la dictadura en esta triste Televisión Pública. Ambas fueron convertidas en emisoras del partido de gobierno. Mientras ayer el partido militar tapaba la realidad de la época más nefasta del país contándonos la victoria de la Guerra de Malvinas, hoy el kirchnerismo hace uso y abuso de la cadena nacional, maneja Fútbol para Todos con fines propagandísticos y emplea los recursos públicos para la promoción de obras y funcionarios. Hace apología de su gestión en un país donde la inflación, la inseguridad y la pobreza, según nos explican, son sensaciones, obra de conspiradores o pura fantasía.
En sintonía con la partidización de lo público se ha puesto en marcha un plan para crear un sindicato de locutores adictos. Para concretarlo, el oficialismo otorga carnets de locutores a lo largo y a lo ancho del país por el mero hecho de asistir a cursos locales de dos jornadas de duración. No es que estemos en contra de la pluralidad sindical, pero lo que parece poco ético es el intento deliberado de degradar al ISER (que debería ser una institución académica estatal independiente del Poder Ejecutivo) para dejar “cuadros” instalados en medios diseminados por todo el país para cuando el gobierno abandone el poder. En un año y medio se han entregado 1500 carnets a “locutores” que no cuentan con la formación mínima necesaria.
Otra cuestión dramática es el desconocimiento que el Gobierno tiene sobre la realidad del mercado de las comunicaciones. Prueba de eso son los 134 concursos que, en los últimos diez meses, tuvieron que ser declarados fracasados porque no había destinatarios aptos para cumplir con las requisitorias mínimas exigidas en los pliegos.
En estos cinco años ha quedado demostrado que estamos frente a un plan sistemático para acallar algunas voces y potenciar la propia. Lo que el Gobierno blandía como pluralidad de voces no era más que su pretensión de propiciar la existencia de más voces sosteniendo lo mismo, es decir, multiplicar repetidores o replicantes.
Las autoridades que lleguen al poder en 2015 deberán corregir estos desvíos autoritarios, disminuir el tenor reglamentarista de una ley que queda siempre a la zaga del cambio tecnológico y pensar toda modificación con la mirada puesta en los usuarios mucho más que en la disputa por la propiedad de los medios.
