A casi cinco años de la sanción de la llamada ley de medios, puede afirmarse que hoy las decisiones trascendentes en el ámbito audiovisual siguen emanando de la Casa Rosada y que la conformación de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de su directorio ha distado de tener como resultado la independencia del Poder Ejecutivo Nacional.
Prácticamente el único cambio con respecto al viejo decreto-ley de radiodifusión es que antes obedecía una sola persona, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), y hoy lo hace una oscura mayoría automática de cinco miembros de un directorio sobre un total de siete. El resultado no es más democracia, pluralismo y federalismo, sino el mismo autoritarismo centralizado en el Poder Ejecutivo.
A la hora de efectuar un balance, no puede obviarse que el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), presidido por Martín Sabatella, se reunió sólo diez veces entre noviembre de 2013 y agosto de 2014, una cantidad por demás exigua para un órgano pretendida aunque falsamente plural, conducido por un ente federal que creció burocráticamente en la desmesura de contar hoy con 36 delegaciones extendidas en el territorio nacional, superando a la propia Policía Federal, y con una multitudinaria plantilla de personal permanente y contratado absolutamente politizado.
Al igual que su titular, la gran mayoría de los nuevos funcionarios de la Afsca no sólo no acredita conocimientos técnicos ni jurídicos sobre el ámbito audiovisual, sino que su designación estuvo motivada por su vinculación partidaria con Nuevo Encuentro. Se trata de la fuerza política hoy aliada al kirchnerismo, creada por Sabbatella en Morón, que alcanzó ahora su mayor extensión territorial nacional a costa del presupuesto de la Afsca, o sea de todos los contribuyentes, de donde salen los salarios para muchos de sus militantes.
Desde la olvidable administración de Gabriel Mariotto, primer presidente de la Afsca, hasta la fecha, se declamó como principal objetivo de la ley de medios -votada a libro cerrado por la mayoría oficialista con el acompañamiento de un puñado de legisladores opositores- la rápida regularización y democratización del espectro radioeléctrico, mediante la incorporación de nuevas voces a través de procesos concursales.
El fracaso comenzó en 2011, cuando Mariotto llamó a concursos públicos para adjudicar 220 nuevos canales de TV mediante procedimientos administrativos de altísimo costo, tanto por el desmesurado valor de los pliegos cuanto por la farragosa documentación que se requería sin fundamento alguno. Aquellos concursos fueron dejados “sin efecto” al año siguiente por Santiago Aragón, sucesor de Mariotto tras la elección de éste como vicegobernador de Buenos Aires, con el intento de ocultar el notorio fracaso de la convocatoria y la pésima gestión del organismo.
En mayo de 2012, con la incorporación como director de la Afsca del entonces gobernador chaqueño y actual jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, se convocó a concursos para adjudicar licencias de radio FM en diversas ciudades del interior, un tercio de las cuales estaban localizadas, casualmente, en Chaco, pero al analizar hoy lo ocurrido con esos concursos se tiene a la vista otro rotundo revés en la aplicación de la cuestionada norma legal, a través de su expreso reconocimiento.
Si nos atenemos a las decisiones adoptadas en las diez últimas reuniones del directorio de la Afsca, el organismo reconoció expresamente en sus resoluciones que ha fracasado en los concursos para adjudicar 241 licencias de radio FM, incluyendo entre ellas las convocadas en la provincia de Chaco.
En esas mismas sesiones el directorio pudo adjudicar 15 emisoras de FM sobre la base de la denostada anterior ley de radiodifusión y sólo seis con la nueva ley de medios, pero fue generosa su mano al otorgar autorizaciones para instalar radios FM a simple requerimiento dentro de un espectro radioeléctrico anarquizado, y sin contar con el plan técnico para la instalación y operación de servicios de radiodifusión que la propia ley de medios dispone. Para la elaboración de ese plan técnico, del que sólo se tuvieron noticias este mes, la ley le había dado a la Afsca un plazo máximo de 180 días. Lleva, así, más de cuatro años de atraso, como en forma reiterada dejó expresado en sus votos el director por la primera minoría parlamentaria, Marcelo Stubrin (UCR), sin que la nueva “mayoría automática” se conmueva al respecto.
Otro tema de trascendencia pública es el de las “adecuaciones” de los principales grupos del ámbito audiovisual, pero aquí también se advierte ese proceder politizado y contradictorio de la Afsca, compuesto por largos períodos en los cuales no se conocen avances en las tramitaciones, salpicados con abruptos raptos de agresivas declaraciones, amenazas de actuaciones “de oficio” y gestos destemplados como el famoso 7-D, incluyendo la declaración del directorio de estar en “sesión permanente” desde el 26 de noviembre de 2013 para tratar y resolver las adecuaciones. Sin embargo, ese falso ímpetu laborioso no es más que una mera declamación, a la luz de las únicas diez actas elaboradas en otros tantos meses, sin que se hayan producido avances en los trámites de los casos relevantes de adecuación.
Como para que no queden dudas de esas dilaciones, ayer debía reunirse el directorio para tratar las adecuaciones del Grupo Prisa y de Telefé. Sin embargo, la reunión fue postergada por no estar finalizados los estudios respectivos.
Es público y notorio que cualquiera de los cinco integrantes vinculados directamente con el gobierno central durante las tres presidencias habidas en la Afsca ha votado únicamente los temas que el titular del ente remitió a consideración del directorio, siempre en sentido afirmativo y sin otro fundamento que el que ya apareciera en el texto del proyecto remitido, al tiempo que las presencias de los directores por la oposición parlamentaria, Gerardo Milman (GEN) y Stubrin, si bien hasta el presente no han logrado convencer a sus pares con las valiosas argumentaciones de sus votos en disidencia y las abstenciones producidas, por lo menos sirven para romper con la vergonzante monotonía que todo coro uniforme provoca fuera del ámbito musical.
Finalmente, otros notorios y recientes fracasos de la ley de medios se encuentran materializados en el proceder de la Afsca al autorizar a particulares, en forma precaria y sin concurso previo, a poner en funcionamiento y a explotar servicios de TV abierta analógica, careciendo el directorio de facultades legales para esos otorgamientos “a dedo”. Del mismo modo, en la última reunión, siguiendo la práctica del gobierno nacional en otros mercados, la mayoría oficialista del directorio creó un tan absurdo como ilegal “cepo publicitario”, que fija topes a la comercialización de la publicidad oficial en todo el ámbito audiovisual, sin sustento normativo en la propia ley de medios y sin atender a los fundados votos contra esas resoluciones expresados por los directores de la oposición, que si bien hoy no han servido en ese ámbito para frenar decisiones groseramente arbitrarias, dejan las semillas para que germine un futuro institucional muy diferente del actual.
