Por Gerardo Milman para PERFIL – Director por la oposición en Afsca.
El proyecto de Ley Argentina Digital, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, posee manifiestas buenas intenciones, revela serias contradicciones lindantes con la esquizofrenia política en lo que al relato oficial y a la política de medios impulsada hasta el momento se refiere; y demuestra la clara intencionalidad de favorecer a las compañías telefónicas abriéndoles la posibilidad de acceder a un negocio que tenían vedado.
La necesidad de derogar una norma de 1972 (Ley de Telecomunicaciones N° 19.798) y reemplazarla por una más moderna que contemple y reconozca todos los avances en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones conseguidos desde entonces, era una necesidad imperiosa. Necesidad que el proyecto consagra dándole rango de interés público con el propósito de promover, universalizar y tutelar su desarrollo para que cada argentino pueda gozar de sus beneficios.
Hasta aquí poco que criticar, pues acordamos con la idea de que el Estado no se desentienda de una actividad tan importante y de gran incidencia para el progreso en un mundo que marcha hacia la integración de lo diverso.
El proyecto que el Gobierno se esforzará por exhibir como norma complementaria a la Ley de Medios, implica la admisión del fracaso de esta última desde la perspectiva de su enfrentamiento épico con el denominado cuarto poder. El argumento según el cual la concentración de la propiedad mediática daña a la democracia y dificulta el desarrollo del pluralismo se ha derrumbado. Queda claro que al Gobierno le interesa más digitar que la digitalización; más someter a determinadas empresas que bregar por la diversidad de voces y la desconcentración del mercado.
El proyecto que impulsa el oficialismo es, en realidad, una adecuación funcional a su estrategia concentradora del poder y la palabra. Una de las adecuaciones pendientes que desde la Afsca reclamábamos que se realizara de manera pareja, igualitaria y acorde a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, será finalmente ejecutada por el Poder Ejecutivo gracias a esta ley que inviste a su futura autoridad de aplicación de poderes omnímodos. Si el Congreso aprueba esta norma se le cederán al Ejecutivo facultades para fijar tarifas, tasas, autorizaciones, planes, obligaciones y sanciones; todo ello sin contralor alguno. Al mismo tiempo, el Gobierno propicia la creación de un fideicomiso que será financiado por las empresas controladas cuyos fondos, merced a un destino genérico, serán de dificultosa fiscalización abriendo una nueva ventanilla pasible de corrupción.
Que el Estado se arrogue la facultad de fijar las tarifas de los servicios da lugar para la discrecionalidad, además de atentar contra la realización de inversiones para la mejora de la infraestructura. Es lógico pensar que los inversores difícilmente aporten un centavo mientras el Estado mantenga la incertidumbre respecto a si permitirá su repago.
El proyecto, en definitiva, desnuda las falencias de la Ley de Medios y expone, por si a alguien le cabían dudas, la firme voluntad oficialista de intervenir de manera discrecional en cuestiones ligadas a la propiedad de las empresas en vez de preocuparse por garantizar servicios de calidad a los usuarios.
¿Cinco años de lucha sin cuartel contra los maléficos monopolios? El artículo 9° de esta norma los consagra profundizando el que dividió al país en dos desde la privatización menemista de Entel. De tal palo, tal astilla.
