Categoría: Diputados Nacionales

Margarita Stolbizer el día previo a terminar su mandato como diputada nacional presento un proyecto para regulación global al comercio de armas convencionales, en la cual se establecen criterios comunes para todos los países que adhieren. Es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años. El proyecto lleva también la firma de la diputada Carla Pitiot del Frente Renovador y fue elaborado con la colaboración de APP Asociación para políticas públicas que lidera Pia Devoto y que es un mecanismo de trabajo común y participativo con la sociedad civil.

El 2 de abril del 2013, fecha muy sensible para la República Argentina, el primer Acuerdo de control Global sobre Comercio de armas, recibió un avasallante apoyo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
18 meses más tarde, más de 50 Estados lo habían ratificado, para permitir su entrada en vigor, 90 días después. El 24 de diciembre de 2014 el Tratado de Comercio de Armas (TCA) entraba en vigor. Al día de hoy el TCA cuenta con 92 ratificaciones y 42 Estados firmantes y se está llevando adelante el gran desafío de la implementación a nivel nacional.

En el caso particular de la República Argentina, uno de los Estados promotores de todo el proceso, suscribió el instrumento el 3 de junio de 2013, dando aprobación parlamentaria el 27 de agosto de 2014 a través de la Ley 26.971 y formalizando la ratificación el 25 de septiembre de 2014.

El proyecto de Stolbizer es una guía para su implementación en la Republica Argentina, basados en la promoción de la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.
En los fundamentos la diputada expresa que “La falta de regulación y la transferencia irresponsable de armas intensifica y prolonga los conflictos, facilita el abuso de los derechos humanos en escala masiva y socava el desarrollo social y económico. El Tratado de Comercio de Armas (TCA) está designado para frenar esas transferencias, y dar transparencia y responsabilidad al comercio global de armas”.

El TCA contribuye también a reducir el sufrimiento humano de millones de civiles que son afectados por la violencia armada y el conflicto. Además, creará un ambiente más seguro para las organizaciones de asistencia humanitaria, misiones de mantenimiento de la paz y de reconstrucción post-conflicto. Este Tratado es para el beneficio de los países y de las personas y en gran medida una norma legal que busca promover la apropiada regulación del comercio de armas convencionales. Los Estados Parte del Tratado tienen que asegurarse que cuentan con adecuados recursos administrativos, financieros y técnicos para su implementación.

La implementación nacional puede incluir: adecuación de legislación, establecer un sistema de control de exportaciones, instituir la supervisión de los distintos procesos involucrados y mejorar el manejo de los arsenales. La implementación del TCA a nivel nacional dependerá del marco normativo del país y las instituciones.

Stolbizer fundamenta que “El comercio internacional está casi en su totalidad regulado. Durante la campaña uno de los slogans más utilizados era: “La exportación de bananas tiene mas regulaciones que la exportación de armas”. Si bien, existen diferentes regímenes de control de exportaciones de armas, de los cuales la República Argentina es parte de todos y cada de ellos, no existía hasta este momento una regulación global, en la cual se establecen criterios comunes para la toma de decisiones previa a la transferencia de armas convencionales y otros elementos”.

Las siete categorías del Registro de Armas Convencionales, sumando armas pequeñas y ligeras, contenidas en el Articulo 2 del Tratado son:

a) Carros de combate;

b) Vehículos blindados de combate;

c) Sistemas de artillería de gran calibre;

d) Aeronaves de combate;

e) Helicópteros de ataque;

f) Buques de guerra; 4 g) Misiles y lanzamisiles; y

h) Armas pequeñas y armas ligeras.

Para el caso de Armas Pequeñas y Ligeras, la República Argentina cuenta con la definición establecida en la ley de armas N° 20.429. Para el caso de municiones y partes y componentes, las definiciones de la presente ley están presentes en la normativa argentina.

EL TCA requiere que los Estados Parte establezcan un sistema de control de exportación nacional que asegure el cumplimiento de las provisiones del TCA, incluyendo el proceso administrativo de evaluación de riesgo al momento de autorizar o denegar una transferencia teniendo en cuenta la lista nacional de control

El Tratado prohíbe específicamente a los Estados a transferir armas comprehendidas en los artículos 2, 3 y 4 cuando:

– Se violen medidas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los Embargos.

– Se violen obligaciones internacionales establecidas por acuerdos internacionales

– En caso de conocimiento que se vaya a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales

Si la exportación no está prohibida, el Estado Parte exportador deberá evaluar si la trasferencia o si las armas a transferir pueden potencialmente contribuir o menoscabar la paz y la seguridad;

Podrían utilizarse para cometer o facilitar:

– Una violación grave del derecho internacional humanitario.

– Una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos.

– Un acto que constituya delito en virtud de las convenciones o protocolos internacionales relativos al terrorismo de los que el Estado exportador sea parte.

– Un acto que constituya delito en virtud de las convenciones o protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada transnacional en los que el Estado exportador sea parte.

– Se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra mujeres y los niños

Está previsto también en el Tratado que si existiesen alguno de estos riesgos o riesgo de desvió, según el art 11, el Estado puede adoptar, medidas de mitigación

El Tratado dispone también que el Estado regule el tránsito y el transbordo bajo su jurisdicción, la intermediación y el desvío

Dentro de las provisiones para evitar el desvío de los materiales controlados, se establece que el Estado tomará medidas para evitar su desvío a través de su sistema nacional de control, evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación, estableciendo medidas de mitigación como medidas de fomento de la confianza, programas acordados conjuntamente con el Estado importador y distintas medidas de prevención. En este caso, el Tratado prevé que todas las partes involucradas colaboran entre sí, intercambiando información, a fin de mitigar el riesgo de desvío; establece también las medidas a tomar en el caso de detectar un desvío, como alertar a los Estados potencialmente afectados, adoptar medidas de seguimiento en materia de investigación y cumplimiento.

Por último, se alienta los Estados a compartir información sobre medidas eficaces para enfrentar el desvío tales como: actividades ilícitas, rutas de tráfico, corrupción intermediarios ilegales, fuentes ilícitas de suministro, métodos de ocultación, puntos comunes de envio o destinos. En el mismo sentido se alienta los Estados que informen a los demás Estados sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente al desvío.

Adjuntamos proyecto

“Tanto la Sra. de Kirchner como sus hijos tuvieron la oportunidad de defenderse y probar que no han formado parte de una asociación ilícita con varios testaferros para lavar el dinero ilícito proveniente de hechos de corrupción, pero en sus presentaciones de esta semana eligieron no contestar, mentir y seguir denunciando una persecución que no existe. Lamentablemente los hijos pagan por los delitos de sus padres y también por acciones propias”

15 de Noviembre. Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN se refirió hoy a la causa Hotesur por la que ya declararon a través de escritos, Cristina Fernandez de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner

“Tanto la Sra. de Kirchner como sus hijos tuvieron la oportunidad de defenderse y probar que no han formado parte de una asociación ilícita con su esposo y varios testaferros, para lavar el dinero ilícito proveniente de hechos de corrupción, pero en sus presentaciones de esta semana eligieron no contestar, mentir y seguir denunciando una persecución que no existe. No hay ninguna persecución, ni política ni mediática ni judicial. Hay procesos que buscan poner luz sobre los delitos vinculados con la corrupción política en Argentina durante los últimos años. La Sra. de Kirchner podría ejercer su defensa mostrando su inocencia pero no ha querido ni ha podido hacerlo. Su destino en la causa Hotesur es inexorable: un nuevo procesamiento que tarde o temprano la llevará, a ella como a varios otros, a un juicio oral”.

“Los Kirchner crearon un circuito económico basado en la actividad hotelera para canalizar fondos desde las empresas del contratista Lázaro Báez hacia los hoteles, sociedades y cuentas de la familia Kirchner, para distanciar las ganancias de su origen ilegal. Adquirieron inmuebles a precios viles y se enriquecieron vendiéndolos en poco tiempo a precios exorbitantes. Formaron fideicomisos con Báez para construir departamentos que incorporaron a sus patrimonios”, explicó la diputada denunciante de esta causa.

Stolbizer explicó que los Kirchner obtuvieron préstamos millonarios del Banco de Santa Cruz que garantizaban con plazos fijos por iguales montos y plazos. Entre el 2007 y el 2015 se registraron transferencias de Austral Construcciones (Báez) a Valle Mitre (Báez) por $ 70 millones que luego pasaron a cuentas bancarias de los Kirchner. Solo por locaciones de Alto Calafate, Valle Mitre le transfirió $ 28 millones. Adrián Berni, que era el encargado de las transferencias, era al mismo tiempo Presidente de Valle Mitre y Director de Hotesur.

Todos los miembros de la familia retiraban dividendos sin cumplir con la ley de sociedades que lo prohíbe. Néstor Kirchner recibió en su cuenta $ 12 millones entre 2008 y 2010. Cristina y sus hijos $ 24 millones entre 2011 y 2013.

“POR ESO FLORENCIA NO ES INOCENTE NI SE ESTÁN INVESTIGANDO HECHOS OCURRIDOS CUANDO ELLA MENOR DE EDAD. A PARTIR DE LA MUERTE DE SU PADRE, ELLA CASI AL IGUAL QUE MÁXIMO, ASUMIERON LUGARES DE DIRECCIÓN EN LAS EMPRESAS Y SE BENEFICIARON DE MANERA DIRECTA CON LOS PAGOS MILLONARIOS QUE LOS EMPRESARIOS CONTRATISTAS DEL ESTADO HACIAN HACIA LAS SOCIEDADES DE LA FAMILIA. LA EVIDENCIA MÁS GRANDE DE SU RESPONSABILIDAD Y COMPLICIDAD CON LA INSOLVENCIA FRAUDULENTA DE SU MADRE, FUE EL HALLAZGO DE VARIOS MILLONES DE DOLARES EN SU CAJA DE SEGURIDAD. NO ES CIERTO QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE LLEVO A ESA APERTURA HAYA SIDO IRREGULAR NI ME HAGO RESPONSABLE POR LA FILTRACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS GRACIAS A LO CUAL TUVIMOS CONOCIMIENTO DE LA DIMENSIÓN DE LO QUE ESTA JOVEN HA ACUMULADO. EL ORIGEN ILEGAL DEL DINERO QUE SE ENCUENTRA EN DEPÓSITOS A NOMBRE DE FLORENCIA KIRCHNER YA HA SIDO MANIFESTADO POR JUECES Y FISCALES. ES EL PRODUCTO DE ACTOS ILEGALES DE SUS PADRES. Y SOBRE LA CANTIDAD TAMBIÉN HAY QUE TENER EN CUENTA QUE NUNCA LES CERRARON LOS NÚMEROS BLANCOS (DECLARADOS, NO LEGALES) PORQUE JAMAS SUS PADRES HABÍAN DECLARADO TENER ESA SUMA DE DINERO EN SUS CUENTAS.”

Hotesur no tenía sede social ni fiscal, usaba un domicilio falso, no llevaba libros ni registros contables, no presentaba balances, ni declaraciones juradas, ni actualización de directorio, ni pagaba tasas legales. Los hoteles de la familia Kirchner fueron un medio para canalizar fondos ilegales que recibían de las empresas de Báez, principal adjudicatario de obra pública en Santa Cruz, que se encuentra preso y es multimillonario desde que empezaron a gobernar sus amigos.

Los Kirchner, en lugar de ejercer su defensa y demostrar inocencia, porque no pueden hacerlo, prefieren seguir engañando y denunciando una persecucion que no existe.

“La familia Kirchner creó su propia estructura de lavado de dinero, siendo ellos mismos autores de los delitos que por defraudación al estado generan el dinero sucio que luego, blanquearon a través de operaciones realizadas con sus hoteles e inmuebles. Y por tanto quedan claramente imputados por la legislación vigente luego de la reforma e incorporación del “autolavado” como delito autónomo”. Los hijos son parte de ese circuito que utilizó sociedades como pantalla y transferencias circulares entre empresas para disimular que recibían plata de los contratistas del estado.”

“La Causa Hotesur, como Los Sauces, y como probablemente también la causa Waldorf cuando se pueda demostrar que Sanfelice es testaferro de la familia Kirchner, llevan adelante una investigación necesaria sobre los delitos cometidos desde el ejercicio del poder: malversación y apropiación de recursos públicos, negociaciones incompatibles, la conformación de una asociación ilícita y la defraudación en perjuicio del estado. Pero éstas en particular analizan la creación de un circuito económico basado en actividad hotelera para canalizar fondos ilegales distanciando las ganancias del origen del dinero que provenía de contratistas del estado y terminaba en las cuentas o el patrimonio de la familia Kirchner. La operatoria completa de apropiación ilegal de recursos y las acciones posteriores para disimular ese origen mediante transferencias que siempre terminaban en el mismo bolsillo, no puede dejar afuera a ninguna de las personas interviniente en el circuito “.

“El Nunca Más de la Corrupción en la Argentina es un paso fundamental para ser una nación estable, confiable y previsible, que se hace cargo de su pasado para que no se repitan situaciones que han tenido tan altos costos sociales y humanos y nos degradan como sociedad. Los acuerdos políticos y sociales que se promueven no pueden prescindir de las reformas institucionales y judiciales que impulsen un verdadero cambio ético y cultural”, finalizó Stolbizer.

Margarita Stolbizer se encuentra desde ayer en Montevideo, como presidenta de PGA participa del Seminario Parlamentario sobre Justicia internacional, una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible en las sociedades pacíficas e inclusivas. Legisladores y expertos de diversos países intercambiaron y expusieron en paneles durante lunes y martes en el Sheraton Montevideo, donde se desarrollan las jornadas.

Stolbizer compartió acto de apertura de la conferencia con la diputada Macarena Gelman (nieta del ecritor Juan Gelman), y el Presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay José Carlos Mahía. También la asesora de Naciones Unidas Graciela Dede y el Fiscal General Jorge Diaz Almeida. Participaron legisladores además de Argentina y Uruguay, de Chile Guatemala, Honduras, El Salvador; Costa Rica Ecuador, Paraguay y Bolivia

“La diputada del GEN señaló en su intervención que “La Justicia penal universal es preventiva, disuasoria, sancionatoria respecto de los crímenes más aberrantes y reparatoria para victimas”.
“Para los países de América latina es muy importante participar de un sistema de justicia universal para garantizar la no impunidad de los crímenes mas crueles. Y para que cualquier trasnochado sepa que esos delitos seran perseguidos en cualquier tiempo y lugar” y agregó: “Los crímenes que están incluidos en el Estatuto de Roma, como el genocidio y lesa humanidad son imprescriptibles para los países que firman parte, como Argentina. No se trata de una cuestión opinable ni revisable. Y los pactos internacionales son obligatorios de cumplimiento para las Naciones”.

Respuesta a Carrió, sobre revisar juicios

Stolbizer expresó que :” El sistema creado por el Estatuto de Roma no es solo una Corte Internacional sino el mandato que pesa sobre los países para tener una justicia eficaz y comprometida en la persecución y castigo de los crímenes más aberrantes. Así ha sido para Argentina como una política del estado durante todos los gobiernos desde la recuperación democrática”.

En ese sentido la diputada del GEN rechazó absolutamente la pretensión de Carrió de revisar los juicios en los que se ha condenado a los militares responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

“Este Gobierno no puede interrumpir una decisión del pueblo y de todas las gestiones anteriores para que no haya impunidad. No hay posibilidad de revisar los juicios, los delitos son imprescriptibles y no pueden ser indultados. Ganar una elección no les vale para decir cualquier cosa y pretender cambiar la historia”.

Durante la sesión de hoy en la que la Cámara de Diputados que se aprobó el desafuero a Julio de Vido, la diputada Margarita Stolbizer fundó el voto a favor de la aceptación de los pedidos formulados por los Jueces Rodríguez y Bonadío y expresó que “Hemos sido coherentes frente a los actos de corrupción, y mantenemos el mismo compromiso por evitar la impunidad, sin importar el color político del funcionario que los cometa. La búsqueda de impunidad a través del acceso a una banca es un artilugio incompatible con el diseño institucional que pretendemos. El escrutinio de la voluntad popular, la cantidad de votos obtenidos en una elección, no redime, bajo ningún punto de vista, al candidato electo de los delitos que haya cometido. Cuando el objetivo de ser una persona con capacidad para ser electa se confunde con la posibilidad de evadir o eludir a la justicia sólo por el hecho de asumir una banca de legislador, el Congreso está en atribución y en obligación de impedir que este lugar se transforme en una guarida de funcionarios corruptos. Por ese motivo, y porque De Vido no es el único, ni un caso aislado, es que propusimos, como un gesto político, que todos renunciemos a nuestros fueron como un compromiso para que nadie pueda escudarse en inmunidades o privilegios y ponernos en un pie de igualdad ante la justicia como cualquier otro ciudadano. Debemos honrar la representación que se nos ha concedido y no usarlas para eludir la acción de la justicia.”

Desde hace tiempo Stolbizer viene planteando la necesidad de un gran acuerdo por un Nunca Más de la Corrupción: “porque es necesario refundar al estado y terminar con los nichos de impunidad de los funcionarios corruptos. Hay que decir nunca más a los desvíos y abusos del poder y la impunidad en todas sus formas, porque los costos se traducen en privación de derechos, en desigualdad en el acceso y ejercicio de los derechos humanos.”

Pero también aprovecho a remarcar el paralelismo entre los mecanismos de contratación que existieron durante el kirchnerismo y que permanecen inalterables. “El Presidente de la Comisión y miembro informante diputado Tonelli nos ha dicho hoy que se trata de una maniobra sencilla, contrataban a la universidad que derivaba a una fundación o asociación vinculada y así hacían el desvío de los recursos del estado. Quiero decirles que hoy eso es exactamente igual. La diferencia no es de procedimiento, porque es el mismo. Solo los diferencia el volumen de los negocios. Durante el kirchnerismo, el estado y las universidades conformaron un esquema de financiamiento ilegal manejado de forma discrecional. Por eso, una de las primeras medidas del Presidente Macri fue anunciar el fin de los convenios con las universidades públicas y a esos fines firmó el Decreto 336 del año 2016. Ese decreto se dictó como una medida eficaz y de punto final a la contratación de empleados públicos mediante la “triangulación” con las universidades”. Pero un año después se habían registrado más de 400 convenios, destacándose la inexistencia de motivaciones legales y fundamentos jurídicos que validen esa forma de contratación que, entre otros efectos, genera sobreprecios en tiempos en que el poder ejecutivo habla de achicar gasto público.”

La Diputada Margarita Stolbizer presentó en agosto pasado un pedido de investigación penal sobre la contratación en concepto de asistencia y capacitación firmada por el Ministro de Energia Ing.Juan José Aranguren y la Universidad Tecnológica Regional Venado Tuerto que a su vez terceriza con la Asociación Tecnológica Venado Tuerto ATEVEN). Se recuerda que la contratación por la que se investiga a De Vido es también con la UTN Regional Santa Cruz y la fundación del mismo nombre. La causa promovida tramita ante el Juez Sebastian Casanello y ya se produjeron allanamientos.

Finalmente Stolbizer expresó que: La reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Y aquí en Argentina ya hemos visto los costos sociales y humanos que ha tenido la corrupción. Esa realidad nos interpela, como interpela a los jueces. Pero quienes hoy gobiernan deben saber que la justicia siempre investiga hechos del pasado y que, entonces, en algún momento también van a caer sobre lo que ustedes están haciendo hoy. No se puede aceptar un doble estandar para evaluar los hechos según quien los cometa. No es diferente nuestra posición frente a hechos iguales de unos y otros, ni la elección popular los legaliza para hacer cualquier cosa. Votamos a favor del desafuero de quien nunca debió haber entrado a esta Cámara, pero sabiendo que debemos sanear esta institución para que nunca nadie más la use para ampararse en privilegios y eludir la acción de la justicia. Queremos construir una nueva cultura ética y política.”

Parafraseando a Eduardo Galeano “¿Acaso la justicia es ciega de un solo ojo?. Hay que terminar con la impunidad del poder, político y económico. Hay que terminar con los negocios que se hacen con el estado amparados en la legitimidad que otorga la voluntad popular.