Programa Conectar Igualdad


La diputada nacional Virginia Linares (GEN-FAP) presentó un pedido de informes solicitando al poder Ejecutivo que responda por las supuestas irregularidades del Programa.

El Programa Conectar Igualdad es un gran esfuerzo económico que realiza el Estado y una oportunidad pedagógica que no puede desaprovecharse por la falta de conectividad a internet de muchas escuelas o por fabricantes que incumplen la garantía de las netbooks, porque en estos casos los afectados son los alumnos y la escuela pública”, sostuvo Virginia Linares.

La preocupación de la diputada del GEN, y motivo del pedido de informes, surge de las excesivas demoras en la reparación de las netbooks y la renuencia de las empresas fabricantes a responder por la garantía de estos equipos. Según explicó Linares, “las netbooks del Programa Conectar Igualdad tienen una garantía por un período de 2 o 3 años según el fabricante, que incluye la reparación o sustitución de los equipos. Sin embargo nos hemos encontrado con numerosas demoras innecesarias en las respuestas de los fabricantes para cumplir con la garantía”.

“Llama la atención que mientras las empresas fabricantes argumentan la falta de insumos para realizar las reparaciones de los equipos, en sitios de compra y venta por internet se ofrecen a la venta estos insumos”, finalizó Linares.

NO HAY AMENAZA DE DESESTABILIZACIÓN, SINO ERRORES E IMPERICIA DEL GOBIERNO.

El Bloque GEN participó de la reunión convocada por el Presidente de Diputados Julián Domínguez, para analizar la situación política desatada como consecuencia del reclamo salarial de los trabajadores de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no suscribió la declaración firmada por los demás bloques, por no coincidir íntegramente con sus contenidos.

El resultado de la reunión ha sido la decisión de instar a las fuerzas de seguridad a encauzar su reclamo en el marco de la disciplina jerárquica de las mismas, limitando las posibilidades de ejercicio de sus reivindicaciones. No compartimos que la situación pueda resolverse sin contemplar el reconocimiento del origen del conflicto en el error del gobierno que ha afectado las liquidaciones salariales del sector. Y demandamos un mayor equilibrio en el tratamiento de la cuestión de fondo.

No compartimos que el reclamo pueda encubrir ningún intento de desestabilización democrática ni ponga en riesgo las instituciones constitucionales, sobre las cuales reafirmamos nuestro compromiso de defensa. No aceptamos que bajo el pretexto de un intento inexistente, se pretenda socializar los costos de las malas decisiones y la impericia en el manejo de la crisis. Creemos que la vía de solución del conflicto es enmendar los errores y brindar a los trabajadores las garantías necesarias sobre su situación laboral.

Creemos que siempre el conflicto se debe saldar por la vía del diálogo y la manifestación pacífica, y que los miembros de las fuerzas de seguridad deben someterse a las autoridades y reglamentos en las que se enmarcan sus funciones. Nos preocupa la seguridad ciudadana y por eso creemos que es el Estado quien debe brindar todas las condiciones necesarias para que efectivamente quienes tienen a su cargo la prestación de este servicio público, puedan cumplir acabadamente con las tareas asignadas.

PREOCUPACIÓN DE LEGISLADORES POR LAS INUNDACIONES

Virginia Linares (GEN-Buenos Aires), Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos), Lucio Aspiazú (UCR-Corrientes), Carlos Brown (PJ Federal- Buenos Aires), Omar Duclós (GEN-Buenos Aires) y el diputado provincial Jorge Srodek (PRO) se unieron en busca de soluciones para este problema.

Fuertemente preocupados por las secuelas que dejó la inundación que afectó a buena parte de la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas, los diputados nacionales Virginia Linares (GEN-Buenos Aires), Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos), Lucio Aspiazú (UCR-Corrientes), Carlos Brown (PJ Federal- Buenos Aires), Omar Duclós (GEN-Buenos Aires) y el diputado provincial de Buenos Aires Jorge Srodek (PRO) se reunieron con productores de Bolívar afectados por el drama de la inundación y reclamaron a los gobiernos nacional y provincial soluciones urgentes y de fondo para este problema, que afecta a 10 millones de hectáreas en la provincia. “No hay tiempo para debate ni dudas.

Hay una veintena de partidos afectados por el exceso de agua, unas 40 escuelas rurales con actividad suspendida y 4500 millones de pesos de pérdidas según Carbap que obliga a que tanto los legisladores como el Poder Ejecutivo busquemos urgente una solución al problema”, destacaron.

“Vamos a trabajar en conjunto para impulsar la rápida finalización del Plan Maestro del Salado, que si se hubiera concretado a tiempo hubiera evitado el desastre que estamos viviendo”, señalaron Linares, Chemes, Aspiazú, Brown, Duclós y Srodek, que por separado ya venían presentando pedidos de informes y declaraciones sobre este problema.

“También queremos saber porqué está demorando tanto la ejecución del Plan del Salado, si hay fondos suficientes en el Estado, por ejemplo en el Fondo Hídrico, para ejecutarlo. El gobierno de la provincia y la Nación deberán explicar porqué esta demora que derivó en este desastre y todos los dirigentes políticos y rurales debemos exigirles a los funcionarios que expliquen por qué seguimos inundándonos por obras que no se hacen, mientras el dinero se destina otros fines como Tecnópolis”, acotaron.

En este contexto, los diputados pedirán audiencia al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y al gobernador Daniel Scioli para plantearles a necesidad de acelerar el plan de obras sobre la cuenca del Salado y así evitar nuevos desbordes; y recurrirán a todas las instancias oficiales necesarias para gestionar una respuesta al problema.

Según explicaron los productores de Bolívar, a la demora de las obras del Plan Maestro del Salado se suma la realización de una serie de obras de canalización y bombeo aguas arriba de Bolívar, que aumentó el caudal de agua que fluye hacia Bolívar (vía el Arroyo Vallimaca) y aguas abajo hacia otros partidos, agravando el problema de las inundaciones.

“Los municipios hacen obras y nunca piensan en el que está más abajo en el curso del Salado, que va a recibir más agua de la que puede. Hidráulica Provincial no puede permitir este descontrol, las obras deben hacerse de aguas abajo a aguas arriba para evitar nuevos desbordes, sino el drama de la inundación va a ser una historia sin fin”, explicaron.

El Plan Maestro del Río Salado estaba presupuestado en 1800 millones de pesos en 2001. Por la demora en la ejecución de las obras, actualmente sólo la ejecución del tramo tres de la obra costaría 1800 millones, con lo cual el costo de la obra se habría al menos cuadriplicado. En tanto las pérdidas totales de la inundación, según Carbap, superan los 4500 millones de pesos.

Virginia Linares solicitó que se reúna de manera urgente la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios

La Diputada Nacional del GEN en el FAP, Virginia Linares, presentó un proyecto solicitando que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios se reúna a la brevedad a fin de homologar las emergencias y/o zonas de desastre agropecuarias provinciales que se encuentren pendientes.

“Es imprescindible que esta Comisión proceda a la homologación urgente de aquellas provincias que tienen emergencias y/o desastres agropecuarios con el objeto no sólo de brindarles a los afectados la postergación o exención en el pago de impuestos provinciales, sino también ampliar estos beneficios al plano de los tributos nacionales”, sostuvo la legisladora oriunda de la ciudad de Bahía Blanca.

Y agregó: “En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, y de acuerdo a datos obtenidos de la Dirección de Emergencia Agropecuaria del Ministerio de Asuntos Agrarios, 3.519.201 de las 29 millones de hectáreas de superficie que abarca la provincia enfrentan algún tipo de inconveniente a causa de las últimas inundaciones”.

“Así también –prosiguió Linares- el informe oficial señala que el área sembrada de cebada y trigo al 28 de agosto es de 3.038.030 hectáreas, de las cuales 412.590 están afectadas por el fenómeno climático, lo que produjo una pérdida del 14 por ciento sobre el total del sembrado”.

“Solicitamos la asignación en carácter urgente de recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios establecidos por la Ley 26.509”, concluyó la diputada del FAP.

CLÁUSULA DE CONCIENCIA PARA LOS PERIODISTAS

“Es necesario sacar al trabajador periodista de las contingencias propias de la política, sus connotaciones ideológicas, y también a las lógicas del mercado de las empresas en las que cumplen su tarea”.

Para eso debe consagrarse este principio vinculado con la libertad de expresión, pero dentro de lo que son las normas de protección del trabajo en situaciones particulares”.

El proyecto presentado por la titular GEN-FAP, Margarita Stolbizer y que acompañan los legisladores de su bloque Gerardo Milman, Virginia Linares, Fabián Peralta y Omar Duclós prevé la cláusula de conciencia para proteger la independencia e integridad del periodista, ante los medios de comunicación, sean públicos o privados, en los que cumpla su labor.

Dicha cláusula podrá ser invocada, como un derecho, para rescindir su vínculo laboral cuando el empleador o medio produzca un cambio en la orientación filosófica o ideológica que pueda afectar al trabajador en sus ideas, posiciones identidad o ética. También cuando se le imponga un traslado que le produzca las mismas consecuencias; y cuando sufra presiones o sugerencias para firmar un trabajo que no es propio, o renuncie a alguno que sí lo sea, o presionado para difundir sus fuentes.