El Frente para la Victoria prefirió dejar todo como esta

Juan Carlos Juarez

El legislador Juárez aseveró al respecto, “la justicia ha corroborado la comisión de delitos en la obra social del Estado. No me gustaría tener que tratar estos temas, pero hay que asumirlos, pedíamos que esta Cámara aprobara una serie de medidas legislativas que tendieran a ayudar a esclarecer la situación que ha sucedido en IOMA”.

Cabe aclarar que los sospechosos, entre los que se encuentran funcionarios de la obra social provincial y farmacéuticos, habrían incurrido en sobrefacturaciones y facturaciones fantasmas de medicamentos oncológicos, por lo que la causa fue caratulada como “asociación ilícita y estafas reiteradas en perjuicio de la administración pública”.

La justicia investiga si se falsificaban historias clínicas de afiliados que no padecían ninguna patología y eran elegidos al azar. Así, IOMA disponía la compra de medicamentos de tipo oncológico que luego eran vendidos en farmacias.

Es por ello que las bancadas de la oposición, el FAP, la CC, y la UCR solicitaron el tratamiento de diferentes iniciativas referidas a la situación, pidiendo la intervención del directorio, y la interpelación del titular del área, Antonio La Scaleia; pero el oficialismo rechazó los proyectos en cuestión.

“Lo hecho hasta aquí por la justicia ha sido gracias a los empleados que hicieron un seguimiento durante años e iniciaron esta denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos”, aseveró Juárez, quién habló en nombre de las demás bancadas que habían presentado iniciativas, y recordó que la Legislatura aprobó “un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos para el ejercicio 2013; IOMA es la única obra social, junto con el Pami, con la capacidad de fijar precios en el mercado en materia de prestación medico asistencial”.

“Nos encontramos con que en un área tan sensible como la de medicamentos, que implica para cualquier obra social el 33% de su presupuesto, se detectó fraude”, denunció y advirtió que mientras “los beneficiarios del IOMA andan pululando por las oficinas para lograr la provisión del medicamento y así salvaguardar su salud, por la canaleta de la corrupción se va una cantidad de dinero importante”.

El vicepresidente III de la Cámara baja provincia dijo “pretendíamos que los funcionarios centrales de administración de la provincia de Buenos Aires vengan a brindar explicaciones porque en la aprobación de la ley de presupuesto 2013, en su artículo 104, se establece que al 1 de junio debía concurrir el presidente de IOMA a dar cuenta de la ejecución del presupuesto; eso no se cumplió hasta el día de la fecha”. En este caso, fue el único proyecto que logró el acompañamiento del FpV durante la sesión.

Seguidamente, el legislador de Luján detalló las iniciativas rechazadas, “lo que solicitamos es la intervención de la obra social, para eliminar la sospecha sobre los que están hoy en el directorio. Quisiéramos saber cuál es la matriz de riesgo que estandarizó el titular de la obra social, cuáles son los controles que se hicieron sobre la transparencia del manejo de los fondos; como así también la calidad y cantidad de prestaciones que reciben los beneficiarios”.

“Lamentamos que esta Legislatura no haya tenido la decisión política e institucional de aprobar estas medidas que son simplemente administrativas, estamos buscando sanear hacia atrás los hechos irregulares y mejorar la calidad de prestaciones hacia el futuro, porque es parte de las responsabilidades institucionales que tenemos como legisladores”, concluyó Juárez.

El FAP CUESTIONÓ LA DESIGNACIÓN DE GRANADOS

El FAP CUESTIONÓ LA DESIGNACIÓN DE GRANADOS

El bloque de legisladores provinciales del Frente Amplio Progresista acompañó con críticas el desdoblamiento de la Cartera de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Al hacer uso de la palabra en el debate legislativo referido al proyecto del Ejecutivo por el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, el Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del FAP, Marcelo Díaz, hizo conocer que su bloque facilitará la aprobación de la iniciativa expresando que “Este bloque entiende que el Gobernador es el dueño de tomar las herramientas que considere necesarias en la materia, a la vez que de designar al funcionario que debe hacerse cargo de la cartera de Seguridad”.

Al mismo, el legislador puntualizó sus reservas al señalar “pero al mismo tiempo no dejamos de expresar nuestra preocupación, al considerar que no es de ésta manera en que se resuelve la problemática de fondo por la que atravesamos los bonaerenses en éste tema. Por lo tanto nos reservamos la opinión por los resultados que se puedan obtener al designarse en el cargo, a un Intendente que alienta la portación de armas en la civilidad, que adscribe a la aplicación de procedimientos típicos de la dictadura militar, y que según los medios periodísticos, tiene en la mira para ocupar la jefatura de la policía provincial, a uniformados que dejan mucho que desear con sus antecedentes”.

Finalmente Díaz anticipó que su bloque “propondrá que el efectivo policial que se designe al frente de la policía, surja con acuerdo legislativo y contando con antecedentes que acrediten la correspondiente idoneidad para ocupar el cargo”.

Desde el FAP piden investigar estafa en IOMA

Desde el FAP piden investigar estafa en IOMA

El diputado del GEN en el Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Juárez, expuso en el recinto sobre los hechos de corrupción investigados en IOMA. Durante la sesión, el oficialismo rechazó la aprobación de proyectos que pedían la intervención del directorio, la interpelación de su titular, Antonio La Scaleia y buscaban dar luz sobre la situación de irregularidad en la obra social.

El legislador aseveró al respecto, “la justicia ha corroborado la comisión de delitos en la obra social del Estado. No me gustaría tener que tratar estos temas, pero hay que asumirlos, pedíamos que esta Cámara aprobara una serie de medidas legislativas que tendieran a ayudar a esclarecer la situación que ha sucedido en IOMA”.

Cabe aclarar que los sospechosos, entre los que se encuentran funcionarios de la obra social provincial y farmacéuticos, habrían incurrido en sobrefacturaciones y facturaciones fantasmas de medicamentos oncológicos, por lo que la causa fue caratulada como “asociación ilícita y estafas reiteradas en perjuicio de la administración pública”.

La justicia investiga si se falsificaban historias clínicas de afiliados que no padecían ninguna patología y eran elegidos al azar. Así, IOMA disponía la compra de medicamentos de tipo oncológico que luego eran vendidos en farmacias. Es por ello que las bancadas de la oposición, el FAP, la CC, y la UCR solicitaron el tratamiento de diferentes iniciativas referidas a la situación, pidiendo la intervención del directorio, y la interpelación del titular del área, Antonio La Scaleia; pero el oficialismo rechazó los proyectos en cuestión.

“Lo hecho hasta aquí por la justicia ha sido gracias a los empleados que hicieron un seguimiento durante años e iniciaron esta denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos”, aseveró Juárez quien habló en nombre de las demás bancadas que presentaron iniciativas, y recordó que la Legislatura aprobó “un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos para el ejercicio 2013; IOMA es la única obra social, junto con el Pami, con la capacidad de fijar precios en el mercado en materia de prestación medico asistencial”.

“Nos encontramos con que en un área tan sensible como la de medicamentos, que implica para cualquier obra social el 33% de su presupuesto, se detectó fraude”, denunció y advirtió que mientras “los beneficiarios del IOMA andan pululando por las oficinas para lograr la provisión del medicamento y así salvaguardar su salud, por la canaleta de la corrupción se va una cantidad de dinero importante”.

El vicepresidente III de la Cámara baja provincial dijo “pretendíamos que los funcionarios centrales de administración de la provincia de Buenos Aires vengan a brindar explicaciones porque en la aprobación de la ley de presupuesto 2013, en su artículo 104, se establece que al 1 de junio debía concurrir el presidente de IOMA a dar cuenta de la ejecución del presupuesto; eso no se cumplió hasta el día de la fecha”. En este caso, fue el único proyecto que logró el acompañamiento del FpV durante la sesión.

Seguidamente, el legislador de Luján detalló las iniciativas rechazadas, “lo que solicitamos es la intervención de la obra social, para eliminar la sospecha sobre los que están hoy en el directorio. Quisiéramos saber cuál es la matriz de riesgo que estandarizó el titular de la obra social, cuáles son los controles que se hicieron sobre la transparencia del manejo de los fondos; como así también la calidad y cantidad de prestaciones que reciben los beneficiarios”.

“Lamentamos que esta Legislatura no haya tenido la decisión política e institucional de aprobar estas medidas que son simplemente administrativas, estamos buscando sanear hacia atrás los hechos irregulares y mejorar la calidad de prestaciones hacia el futuro, porque es parte de las responsabilidades institucionales que tenemos como legisladores”, concluyó Juárez.

Protesta y represión en la Legislatura

Protesta y represión en la Legislatura

El legislador que tuvo sensibilidad y tomó cartas advirtiendo a los responsables de seguridad del palacio Legislativo fue Pablo Farías del FAP-GEN de la Quinta Sección Electoral. Afortunadamente la lluvia disipó la tensión y evitó un mal mayor.

Reclamaron que los legisladores traten una ley de paritarias para el sector. Trabajadores municipales arrojaron piedras y ocasionaron destrozos en la Legislatura bonaerense y se echaban la culpa de haber actuado a posteriori de la represión policial. La policía reprimió con gases lacrimógeno cuando intentaron entrar al hall de la Cámara de Diputados.

“Reclamamos que todos los trabajadores tengan derecho a paritarias, el FAP acompaña la propuesta de los trabajadores. Serios destrozos en la legislatura, represión policial gases lacrimógenos, y, el FPV decidió no tratar la ley de reforma del empleado municipal.

Y claro está que repudiamos los destrozos y la represión policial” advirtió en su cuenta de Facebook el legislador marplatense Pablo Farías quien pidió protección e integridad a los manifestantes.

En tanto, ya en sesión los legisladores tratan el desdoblamiento de Seguridad y Justicia, en pleno escenario electoral.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Daniel Scioli, es para analizar el proyecto de ley para la creación de los ministerios de Justicia y de Seguridad, que actualmente funcionaban juntos.

La iniciativa modifica el artículo 1 de la Ley 13.757 que determina los ministerios en los que el Poder Ejecutivo divide sus tareas y tiene por objetivo “readecuar las estructuras de gobierno en función de necesidades operativas”.

El vocero explicó que el proyecto se tratará el jueves en Diputados y ese mismo día pasaría al Senado para su sanción.

La semana pasada, el gobernador anunció que desdoblaría el ministerio y designó como nuevo ministro de Seguridad al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, mientras que el actual titular de la cartera de Seguridad, Ricardo Casal continuará en Justicia.

Scioli y la Presidenta demuestran que son de derecha

Lo afirmó el Diputado del GEN en el Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Juárez, en referencia a la propuesta que Martín Insaurralde, Intendente de Lomas de Zamora y primer candidato a Diputado nacional por la Pcia de Bs As, quien planteó que impulsaría bajar a 14 años la edad a partir de la cual un menor es considerado penalmente responsable de un delito.

Para Juárez, el Gobernador bonaerense y Cristina Fernández de Kirchner están desquiciados y desaforados por los malos resultados de las elecciones de agosto, lo que los lleva a demostrar su verdadera dimensión conservadora desde los ideológico y lo metodológico.

“El problema del delito va mucho más allá de la edad de imputabilidad porque está enmarcado en los altos índices de exclusión social que existen y que generan marginalidad, siendo ésta un caldo de cultivo para el aumento de la delincuencia” afirmó el Secretario Nacional del GEN y agregó que “las estadísticas de delitos en el ámbito bonaerense muestran que sólo en un 4 % de los hechos hay menores y jóvenes involucrados, lo que refleja a las claras que la edad no tiene nada que ver”.

Antes que el tema de la inseguridad estuviera siquiera en boca del Kirchner ismo nacional y provincial, Juárez presidió en julio pasado la presentación del Informe del Observatorio Social Legislativo, bajo la temática “los niños, niñas y adolescentes: nuevos actores sociales en el entramado mediático”, en donde repudio la manera en que distintos medios de comunicación hacen fuerte hincapié en la participación de los menores en conflictos con la ley de una manera muy atroz, estigmatizándolos”.

El también Vicepresidente de la Cámara baja bonaerense afirmó que “si un menor está en conflicto con la Ley es una consecuencia y no una causa, porque eso es producto de la falta de educación, la falta de trabajo formal, la exclusión a la que conlleva la droga, etc.”, y agregó que “hoy en Argentina no hay políticas de inclusión para atender esa demanda de contención social en el ámbito de los menores”.

Para el referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer, “lo importante sería mejorar la profesionalidad de la policía, los salarios, los patrulleros, que las cárceles trabajen sobre la reinserción y no para armar bandas que salen para seguir robando en lugar de hacer este tipo de anuncios que sólo apuntan a una cuestión electoral coyuntural que de ningún modo va a resolver la inseguridad”.

“El kirchnerismo no asigna presupuesto y no muestra interés de fondo en este tema porque sino no habría más de un millón de niños y adolescentes que no estudian y jóvenes que no trabajan” dijo el legislador y afirmó que “el poder del estado está humillando a estos sectores”.

Juárez volvió a repudiar la designación de Alejandro Granados al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense y de quién afirmó que “viene como un combatiente del delito con guantes de descarne y lo único que hace es retrasar las políticas en materia de seguridad”.

Finalmente, el representante parlamentario dijo que “el asistencialismo que ejecuta la Presidenta de la Nación y sus funcionarios está muy lejos de las verdaderas políticas de inclusión “y concluyó que “con políticas inclusivas los chicos van a la escuela y no a trabajar, la alimentación adecuada debería ser en los hogares y no en los comedores escolares, así como también deberían acceder a un sistema de salud público digno con recursos y no chocar con el que se brinda hoy en día en nuestro país.