Categoría: Margarita Stolbizer

La diputada del GEN Margarita Stolbizer viene insistiendo desde hace varios años con un proyecto de ley que pretende eliminar la prohibición para la actualización de las cuotas alimentarias, afectadas por la inflación. Finalmente se aprobó en la sesión de Diputados de hoy y pasará al Senado para dar sanción definitiva.

“El problema más grave de la economía para los argentinos es la inflación: por su persistencia, por su carácter indomable y por sus efectos sociales, especialmente en los sectores más vulnerables que no tienen mecanismos de defensa. Uno de esos impactos es el que sufren las mujeres que son las que mayoritariamente reclaman el valor de la cuota alimentaria para sostener a los hijos menores a su cargo. Con la prohibición actual, los jueces no pueden actualizar las cuotas. Entonces tienen que iniciar reclamos judiciales, lo que genera además de demoras, tensiones y conflictos familiares y una litigiosidad que llena los tribunales de pleitos que podrían y deberían evitarse.”
“Hablamos de una prestación alimentaria, que afecta el principio rector del “interés superior del niño”, según lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, recogido en la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño 26.061 vigente en nuestro país.”

“Debemos tener presente que estamos hablando de obligaciones alimentarias, que por su carácter y su finalidad responder al principio de respeto de los derechos humanos y deben permitir la atención de las necesidades del beneficiario para llevar adelante una vida digna y poder desarrollarse integralmente”.

Actualmente se cuenta con fallos que permiten la fijación de cuotas “escalonadas”, que es una forma de establecer una pauta de actualización encubierta; otros jueces han optado por imponer al progenitor obligado, el pago directo de determinados rubros, lo que, en los hechos, implica asumir su mayor costo pero que, en cualquier caso, no alcanza a resolver el problema del mayor costo de los gastos cotidianos, o compra de ropa o de comida. Pero en todos los casos ello sucede luego de recorrer el largo camino del proceso judicial de aumento de cuota alimentaria, debiendo entablar demanda, producir prueba -muchas veces dificultosa- y recibir sentencia. Es por demás conocida la lentitud de los procesos judiciales y, mientras tanto, el beneficiario de los alimentos que no puede procurárselos por sí mismo, es el afectado en sus derechos.
En nuestro país, donde el aumento de los precios es un problema constante en la vida de la población, muchos sectores sociales están amparados por distintos mecanismos, como los trabajadores lo hacen en sus paritarias, o la ley actualiza dos veces al año las jubilaciones, o lo hace el gobierno respecto de otras prestaciones a su cargo cuando sufren el retraso por la inflación.
Mediante esta propuesta, las cuotas alimentarias quedaran exentas de la prohibición de actualizar o indexar que pesa sobre todas las obligaciones de dar sumas de dinero.”

La diputada Margarita Stolbizer presentó una denuncia porque desde el Ministerio de Planificación se alimentó a la organización TUPAC AMARU con millones de pesos con el objetivo aparente de proyectos habitacionales pero que en realidad se trataba de una pantalla para inyectarle fondos públicos a una organización que era utilizada para realizar piquetes y cortes de calles como medio de extorsión y amenazas. Las viviendas prometidas no eran entregadas en tiempo y forma ya que la mayoría se adjudicó con manejos arbitrarios y mafiosos y en muchos casos sin estar terminadas a pesar de haber recibido el pago total por la obra.

Stolbizer se refiere a TUPAC AMARU en la provincia de Mendoza, organización social que se empoderó gracias al kirchnerismo, en la etapa de Cristina Fernández, y logró que le aprobaran en ocho años un poco más de 1.000 viviendas en la provincia (entre las terminadas y las que siguen en ejecución). La Tupac se comprometió a construir miles de viviendas en diferentes barrios de distintas localidades de la Provincia, recibiendo miles de millones de pesos, fondos recibidos en el marco del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria.

El pedido de investigación involucra al ex ministro de planificación Julio De Vido y al ex secretario de. Obras Publicas, José López, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran surgir por las irregularidades dentro de la cooperativa de Mendoza. Los delitos cometidos por los funcionarios serían la violación de sus deberes, malversación de los recursos públicos, esta comprobado que el Ministerio autorizaba transferencias millonarias con bajos niveles de ejecución de las viviendas que eran pagadas en su totalidad, dejándose al arbitrio de la señora Rojas y su familia una adjudicación discrecional, vinculada con prácticas que en nada se condicen con la atención de necesidades y prioridades sociales.
Entre las pruebas sugeridas, la diputada Stolbizer pide solicitar informe al Ministerio para comprobar los ilícitos y la magnitud de los dineros que fueron destinados a la Cooperativa, allanamiento en el. Instituto provincial de la vivienda e informes patrimoniales sobre la familia que manejaba esos recursos.

“Otra vez nos encontramos con una práctica que fue recurrente durante el gobierno anterior: el sometimiento de los más pobres como clientes tributarios del sistema político, las entregas millonarias de dinero sin control, sin Marcos regulatorios ni transparencia. Así es como los que han resultado perdedores en la década ganada por los funcionarios kirchneristas, son justamente los sectores y hogares más vulnerables, más necesitados, algunos de los cuales siguen esperando una respuesta del estado mientras los líderes del movimiento llenaban sus bolsillos.”

La diputada Margarita Stolbizer expresó que “La mejor respuesta que este Congreso está dando a una demanda muy extendida por las víctimas es este gran consenso que hay en torno a esta ley”, se refiere a la ley de protección a las víctimas de delitos que aprobó hoy diputados.

La media sanción de este dictamen garantiza el ejercicio efectivo de una cantidad de derechos. Permite avanzar en la especificidad sobre cuáles son los derechos y de qué manera se ejercen. Poniendo en cabeza del estado la garantía de esos derechos.

Stolbizer propuso un cambio que fue incorporado en la aprobación en particular, al artículo 2, respecto a la tutela judicial “nos gustaría que se hablara de algo más que la tutela judicial. Podríamos estar con una víctima que decide no presentarse en el proceso penal y eso no implica al estado quitarle sus responsabilidades. Por eso proponemos en que en lugar de tutela judicial se hable de tutela integral”.

Otra ventaja de la ley es la posibilidad que da a la víctima de revisar las actuaciones, quitando así la formalidad que tiene a veces el proceso escrito. El proyecto incorpora a la víctima que debe ser informada y oída, de manera directa y oral. El proyecto toma el fallo reciente con el pedido que hiciera Diana Cohen Agrest a afectos de ser escuchada por el tribunal. Reconoce que se debe informar a la víctima cualquier pedido de libertad condicional o salida transitoria. Se contempla esto que trata de poner a la víctima con una participación activa no solo respecto a ella misma sino también respecto a la persona involucrada en el delito
“Eso consagra la igualdad de tratamiento que tienen que tener las partes en el proceso penal. Ahora prácticamente esta desprotagonizada”.

Para Stolbizer “cuando hablamos de víctima de delito, pesa sobre el estado la enorme responsabilidad de no haber podido evitar el delito. También el estado entonces debe asumir el rol de responsable por no haberlo prevenido”.
La diputada también señaló que podría haber una contradicción cuando en los artículos 5 y 6 no existe claridad de cuáles son las víctimas que puede acceder a la representación legal gratuita. Ya que establece las limitaciones, las categorías de delitos que habilitan a la víctima a contar con dicha asistencia. Creemos que debe cambiar. Es la condición de víctima lo que le debe permitir acceder.
Stolbizer entonces enumero que los derechos que se deben reconocer a las víctimas son a la información, segundo el de participación dentro del proceso. Tercero, de asesoramiento integral de la persona víctima y sus familias. Y el otro el derecho a la reparación. Pero la principal garantía que el estado le debe a las personas víctimas es la no reiteración del delito.

“El estado hoy siempre camina detrás de los acontecimientos. Necesitamos una política eficaz. Para que no haya más delitos, que no haya más violencia. Los delitos son el resultado de un estado ineficaz, impotente, y muchas veces corrupto. El debate no es solo respecto al después, sino también respecto al antes. A cómo evitarlos”.