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Hace aproximadamente dos semanas, tomamos conocimiento de la posibilidad de que fuera presentado en el Concejo Deliberante un proyecto para solicitar un pedido de informes a la empresa YPF S.A. la cual opera en la Planta Regasificadora ilegal instalada en el Paraná. Transgresión, que parecería ignorada por nuestros concejales, y que ha sido denunciada desde el 2011 en la justicia por vecinos e integrantes de organizaciones sociales y que determina fundamentos más que suficientes para que el municipio lo clausure.

La Violación del amplio marco jurídico nacional e internacional técnico de seguridad, ha requerido incluso la solicitud de que sea declarada la inconstitucionalidad de la Resolución de Gas Natural Licuado, emitida irregularemente por la Secretaría de Energía de La Nación no sólo por su incongruente contenido sino después de 2 años que el Puerto Regasificador de Escobar comenzase a ser construido y a 4 años del que de Bahía comience a funcionar. Dicha transgresión trae aparejado un potencial peligro para la población civil no sólo del Escobar sino de todos los municipios que colindan con el recorrido de los buques metaneros desde que ingresan al río de La Plata; y llevaría a que por unanimidad al concejo deliberante de San Isidro a fines del 2014 solicitase el cese de las operatorias y a la Academia de Ciencias de Venecia ( integrada por un equipo de 120 científicos y un cuerpo de abogados), por pedido de Adolfo Pérez Esquivel, a que sea analizado el caso dando una opinión negativa  respecto a su localización porque en caso de accidente mayor sus consecuencias serían devastadoras tanto para la vida humana como para los ecosistemas.

A los pocos días se confirmó la existencia de este proyecto, y efectivamente se solicitó su pase a Comisión. Dicho proyecto se anunció casi como un logro personal del concejal que lo presentara,  Miguel Jobe candidato macrista quien entró al Concejo Deliberante con la lista de Massa,  bajo el pretexto de “llevar tranquilidad a la población de Escobar”, con lo que fue finalmente un Proyecto de Resolución el cual le solicita al directorio de YPF S.A. “que envie copias de los controles e informes de auditoría” hechos sobre el Puerto Regasificador ilegal instalado en el Paraná. Es decir, solicitar las auditorías hechas sobre un emprendimiento instalado en forma irregular en la costa escobarense, y que debiera estar instalado en alta mar (off-shore) según lo establecidos en las Normas técnicas de seguridad elaboradas por comités científicos de expertos en Gas Natural Licuado de más de 30 países. Por lo cual, el incumplimiento a las Normas de seguridad excede al mero cumplimiento de las auditorías, que desde su puesta en marcha ni siquiera ha sido realizada una de las 4 que al menos debería contar. Incluso el Certificado de  Calidad Técnica  presentado por la Lloyd´s Register Group –que debe ser previo a cualquier auditoría local- fue denunciado por sus serias irregularidades ya que la instalación principal buque de almacenamiento/regasificación no fue certificada.

Creería uno, como ciudadano escobarense, primero, y como argentino después, que un proyecto de estas características no pudiera jamás tener acompañamiento por ningún señor Concejal, pues se le solicitan auditorías a un emprendimiento que de base es ilegal. Pero lejos de que esto sucediera, el proyecto fue aprobado en paquete, y por unanimidad. Ni siquiera hubo argumentación ni expresiones por parte de ningún concejal referente a este tema. Por el contrario sí se dio lugar a una exposición de casi 15 min sobre la mal llamada “estatización de los ferrocarriles”, en la cual se obvió mencionar a las víctimas de la tragedia de Once, cuyas muertes son consecuencia directa de los malos controles por parte del estado  (modelo kirchnerista). Pero esto es otra cuestión.

Retomando lo referente al  ilegal Puerto Regasificador, la gravedad de la aprobación de este Proyecto de Resolución no radica en que el Concejo solicite lo que efectivamente debe solicitar, sino en que se apunta a exigir  incluso extemporáneamente a más de 4 años, un requisito cuando existen otros que son esencialmente prioritarios y previos,  y que de haber sido exigidos y cumplidos por nuestros representantes locales, provinciales y nacionales y la empresa YPF S.A. no habría motivo para que el concejo deliberante de Escobar solicite las auditorías ya que en ese caso el Puerto Regasificador estaría localizado en Alta Mar, localización que sería de competencia estatal nacional exclusivamente. Entre las exigencias que previo a su instalación debería haber sido exigidas: el amplio marco jurídico nacional y provincial vigente, el debido proceso de evaluación de impacto ambiental que debió ser previo (ley 25675, ley 11723, Res. 29/09), estudios previos de viabilidad del proyecto (incluyen análisis de riesgos), etc.

De este modo se evidencia que el Concejo Deliberante de Escobar no solo omite su responsabilidad de actuar respecto a la real y legítima forma de resolver el tema de la seguridad del Puerto Regasificador. Sino que fue a través de ordenanzas del deliberativo local  y sin siquiera  consulta ciudadana – obligatoria por ley Nacional General del Ambiente Nº 25675-, que se cambio el uso del suelo a específico industrial irracionalmente en una isla del Delta y en zona poblada  para dar el puntapié inicial para su instalación, con la consecuente convalidación por decretos del intendente Sandro Guzmán y del Goberandor Daniel Scioli. Una complicidad de magnitudes incomparables y que serían prueba más que evidente por los cuales no ha sido clausurado hasta el día de la fecha.

De este modo entendemos que  lejos de llevar tranquilidad  a la población se estuvo y se está garantizando la continuidad de las operaciones y los negocios por sobre la seguridad de la ciudadanía. Sin ir más lejos, la Ley Ambiental, mencionada en dicha sesión y en el presente escrito, establece bien claro en su principio precautorio que la falta de información o certeza  científica es suficiente para tomar medidas eficaces. Para decirlo en concreto: la falta de los informes de auditoría es motivo suficiente para solicitar la clausura de las operaciones del Puerto, y no “una solicitud de informes” para que YPF S.A informe, si es que lo hace, que efectivamente opera en manera segura (y sin hacer referencia a la ilegalidad en la que opera).

Desde el GEN Escobar venimos planteando la necesidad de llevar calidad a a nuestros órganos de representación, y al debate político. Y planteamos la importancia de construir en base a ideas y programas que prioricen los intereses y el cuidado de la ciudadanía dentro del marco de la ley. Hoy nuestros representantes locales limitan el rol del Estado a una mera consulta, cuando entendemos que es el Estado quien debe garantizar efectivamente la seguridad de la ciudadanía. Y plantear esto es ir a contra mano de la tradicional política local, en la que concejales solicitan hoy las auditorías de la planta que fueron a inaugurar hace cuatro años.

Facundo Despo
Vicepresidente – GEN Escobar